La tierra en Colombia continúa en pocas manos

El cambio de modelo de reforma agraria en la década del noventa relegó a un segundo plano el papel del Estado y le permitió al mercado un rol más protagónico.   “Históricamente la concentración de la propiedad rural en Colombia ha sido un problema público que no se ha solucionado y que se refleja en que el 52 % de la tierra le pertenece al 1,5 % de la población”.   Así lo revela Uniperiodico.unal.edu.co al referirse al estudio “Evaluación de la política pública de reforma agraria en Colombia (1991-2010). Estudios de caso en seis municipios del país”, realizado por Patricia Paola Gómez Sánchez, de la Universidad Nacional de Colombia (UN) –liderado por el profesor Gonzalo Téllez–. (Lea: La ineficacia de la reforma agraria en Colombia)   De acuerdo con la investigadora, “el estudio evidencia la falta de efectividad de la reforma agraria. El índice Gini en Colombia está en 0,87 (entre más cerca se encuentre a 1, indica mayor desigualdad), lo que significa que existe una alta concentración de la tierra, que a su vez se relaciona con su uso inadecuado”.   De las 26 millones de hectáreas con posibilidades de explotación agropecuaria, solo el 19 % se destina a la agricultura.   Los municipios   Los municipios analizados fueron: Montelíbano en Córdoba, San Benito Abad en Sucre, Puerto Wilches en Santander, Rivera en el Huila, Fuente de Oro en el Meta y Cabrera en  Cundinamarca.   La investigadora que visitó los seis municipios y los observó durante 19 años, entre 1991 y 2010, señaló que “desde inicios de los años noventa la reforma agraria se fundamentó en la redistribución de la propiedad rural por la vía del mercado”. (Lea: Una reforma que reparte tierras pero olvida la productividad)   “Aunque el Estado debe proteger los intereses de las comunidades rurales se ha debilitado porque no tiene suficiente presencia y recursos, y por lo tanto, la población que vive en estos territorios se ha quedado sola”, agregó.   En algunos de los casos analizados a los campesinos se les entregó la tierra pero no un acceso efectivo a otros recursos establecidos en la ley como: crédito, vías, salud, educación y asistencia técnica.    Señala que cada vez son más evidentes los efectos en la disminución de las condiciones de vida de la población rural: no hay carreteras para sacar los productos que cultivan, los niños y jóvenes no tienen acceso a educación media o universitaria, los servicios de salud son precarios o insuficientes, lo que contradice los objetivos de la política pública que es, precisamente, elevar el nivel de vida de los campesinos.   “En los seis municipios del estudio la pobreza es superior al 70 % y se deben crear condiciones más favorables en cuanto a reforma agraria. Adicionalmente, es necesario fomentar el acceso equitativo de los recursos entre los campesinos”, puntualizó Gómez Sánchez. (Lea: Asalto a la Propiedad Rural)