Invasión de tierras y proyectos de ley, en contravía de la seguridad jurídica

Algunos hechos destacados durante el primer mes de mandato del presidente Gustavo Petro, ponen en entredicho la seguridad jurídica, si no se adoptan medidas con rapidez.

Según el Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera, en una columna de opinión en la revista Semana, el tema de invasión de tierras, así como los proyectos de ley para prohibir las exportaciones de ganado en pie y la importación de semillas transgénicas, son retos para el actual Ejecutivo.

Destaca la oportuna y enfática advertencia de los ministros de Defensa y Agricultura, en el sentido de que el gobierno no permitirá que proliferen las invasiones de tierras ni las conductas violentas y de hecho con las que algunos grupos quieren imponer su propia “reforma agraria”.

“Han hecho bien los señores ministros Iván Velásquez -jurista de formación- y Cecilia López -conocedora como pocos de la realidad del agro- al recordar que la usurpación de la tierra está penada en nuestros códigos. Ambos, al amparo de la estrategia de la Seguridad Humana impulsada por el presidente Gustavo Petro, transmiten así al país un mensaje cuya esencia aboga por la vigencia de principios y derechos que están consagrados en la Constitución Política y que no pueden quedar expuestos al arbitrio de unos cuantos”.

Señala que el principio de la seguridad jurídica, basado en la vigencia estable de las normas, y el derecho a la propiedad privada, consagrado en el artículo 58 de la Carta Magna, están en armonía con la máxima según la cual nuestros derechos terminan donde comienzan los de los demás. (Lea: Con fallo de la Corte Constitucional se empezarían a expropiar tierras)

Así las cosas, dice, las reformas que ya están en ciernes y las que se avecinan deben preservar esa armonía. La reforma agraria, que estará basada en una regulación que busca potenciar la productividad buscará cerrar brechas en el acceso a la tierra, pero no representa -como lo creen equivocadamente algunos- una oferta abierta para aquellos que pretenden poseerla sin haberla trabajado o sin estar dispuestos a hacerlo.

Sostiene Tavera que algunos quieren aprovechar la transición que vive el país y los anuncios del presidente para desbordar los límites de la seguridad jurídica. “Eso no solo pasa en sectores donde la ley es poco valorada y por ende desacatada. Ocurre también, quién lo creyera, en círculos que se suponen ilustrados”.

Al respecto indica el caso de dos proyectos de ley que cursan en el Congreso de la República como son el que busca “prohibir gradualmente” la exportación de ganado en pie y el que pretende frenar la importación de semillas modificadas transgénicas.

En el primer caso, los autores del proyecto ignoran o desconocen que el hato ganadero es hoy día una las principales y más estables fuentes de empleo en el campo. Su producción mantiene un impacto positivo sobre la canasta exportadora, aunque todavía no alcanza el grado de desarrollo que muestra en países industrializados, donde a nadie se le ocurría proscribir la actividad ganadera.

En cuanto a las semillas, como lo ha explicado la ministra de Agricultura, se trataría de una restricción al comercio y, de ser así, solo podría ser entendida como una restricción a los TLC. Como sería necesario acreditar el impacto de las semillas con la OMS, la decisión de frenar su importación sería del resorte del Gobierno y el Congreso. Por lo demás, las semillas son esenciales para promover una mayor productividad entre la población campesina. (Lea: Gobierno desconoce los terrenos baldíos existentes y que podría entregar en la reforma agraria)

Los promotores de la iniciativa también buscan, quizá sin advertirlo racionalmente, pasar por encima de los derechos de productores y llevarse por delante el concepto de la propiedad privada, que no puede entrar en conflicto con la función social que la misma Constitución atribuye al libre ejercicio empresarial.

“En ambos casos, en el de la invasión y usurpación de tierras y en el intento legislativo por detener abruptamente el desarrollo agropecuario del país, está en juego el principio de la seguridad jurídica sin cuya observancia no podrían prosperar reformas que tendrían incluso el mayor arraigo social·, afirma el directivo.