¿Por qué la creación de JEP agraria pondría en peligro la propiedad rural en Colombia?

La iniciativa del gobierno crea una nueva jurisdicción especializada y modifica términos que ya están definidos en la ley, le da a las ONG categoría para demandar a los propietarios y tenedores de la tierra, lo cual atenta contra la seguridad jurídica y contra todos los ciudadanos que le dedican su vida al campo.

“Nos queda una última oportunidad para evitar que se ponga en peligro la propiedad rural en Colombia”.

Con esta sentencia, la senadora María Fernanda Cabal Molina, del partido Centro Democrático, está alertando a los productores del campo con respecto a un proyecto de ley estatutaria presentado por el gobierno que tendría graves consecuencias para los campesinos colombianos.

De acuerdo con la congresista, el gobierno presentó un proyecto de ley estatutaria donde se crea una especialidad agraria y rural para cumplir, inexplicablemente, con el punto de tierras del acuerdo de La Habana (Punto 1, Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral).

“Con esta decisión el gobierno desconoce que desde 1936 existe una jurisdicción agraria que ha venido teniendo un desarrollo normativo a lo largo del tiempo. ¿La solución está en desconocer la realidad del campo colombiano con una peligrosa ley de escritorio que crea una burocracia judicial de más de 300 cargos que costará, al año, medio billón de pesos?”, se preguntó Cabal Molina.

Profundiza los conflictos rurales

A renglón seguido, explicó que esta jurisdicción es una JEP agraria donde los jueces empezarán nuevamente a perseguir la propiedad rural. “Parece que les hiciera falta seguir despojando a los campesinos de Colombia que han quedado en la miseria con la Ley de víctimas y restitución de tierras”, añadió.

La congresista cuestionó el proyecto de ley: ¿Por qué en vez de brindar herramientas que resuelvan los problemas del campo, insisten en la democratización de la propiedad rural para decidir a quién le quitan? Esto profundiza los conflictos rurales y es increíble, además, que les den a las ONG categoría para demandar a los propietarios y tenedores de la tierra.

Además, manifestó que esta iniciativa del gobierno crea una nueva jurisdicción especializada y modifica términos que ya están definidos en la ley. Esto atenta contra la seguridad jurídica y contra todos los ciudadanos que le dedican su vida al campo.