Defender la propiedad privada es proteger la producción de alimentos, SAC

El Estado tiene la obligación de proteger la protección de alimentos y eso implica defender la propiedad privada, aseguró el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya.

En un debate de control político sobre la invasión de tierras, en la comisión quinta de la Cámara de Representantes el directivo manifestó que la Constitución obliga al Estado a proteger la producción de alimentos y el gobierno tiene las herramientas para hacerlo.

La seguridad jurídica y física es fundamental en el territorio, que unos pocos alegando conflictos históricos o su necesidad de acceder a la tierra violen la Constitución y la ley no es justo y no se puede aceptar, indicó.

“Ningún ciudadano de bien puede permitir que el Estado no responda con contundencia y de manera inmediata ante la comisión de un delito”, afirmó.

Añadió que el diálogo no puede ser a punta de violar la Constitución y la ley, quienes lo hagan no deberían poder acceder a la reforma rural integral que el gremio y sus afiliados apoyan y acompañan pero, dijo, “lo que no podemos acompañar como sector agropecuario es que a punta de violar la Constitución y la ley se busque hacer una reforma agraria”.

Las invasiones que se han dado en diferentes regiones del país son una violación de los derechos a la vida, al trabajo y a la propiedad privada y deben tener una respuesta efectiva por parte del Estado y eso se llama judicialización. (Lea: Gremios alertan sobre invasiones de tierras por indígenas)

Durante las 48 horas que hay que esperar para actuar le queman los cultivos y le matan los animales y el dueño tiene que ir hasta donde están las autoridades y mientras tanto quién le cuida su tierra, cuestionó el dirigente gremial.

En el Cauca los trabajadores de la caña han sido atacados con machetes y con papas bombas por personas encapuchadas, entonces quién protege la producción de alimentos en el país, indicó.

“Solicitamos la atención inmediata del Estado. El problema afecta a pequeños, medianos y grandes productores. Cada caso es una familia y genera mucho temor en todo el sector agropecuario”, aseguró Bedoya.

A su turno, la ministra de Agricultura, Cecilia López, reiteró que la reforma agraria ya empezó y dijo que se tienen cuatro instrumentos para llevarla a cabo. Primero la titulación. Sacar de la ilegalidad a millones de campesinos, indígenas y afros. Se espera que al final del año se tenga un millón de hectáreas legalizadas.

Segundo las tierras de la SAE. En noviembre se van a entregar nuevas tierras que están en diferentes manos y pasarían a organizaciones campesinas.

El tercero es la compra de tierras donde entra el ofrecimiento que ha hecho Fedegán pero también está el mercado de tierras y esa compra será con filigrana mirando si es productiva o no y se fijarán máximos y mínimos de precios. (Lea: Invasión de tierras y proyectos de ley, en contravía de la seguridad jurídica)

El cuarto es la sentencia de la Corte Constitucional y allí está el tema de baldíos aunque se espera conocer más el detalle.

Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, hizo un vehemente llamado a la Policía para que actúe según ordena la ley en los casos de invasión de tierras, al tiempo que pidió a las “comunidades campesinas, afro e indígenas” no seguir con estas ocupaciones ilegales.

“Con todas las expectativas que se están generado con este gobierno se hacen los reclamos porque no se ha solucionado un tema que viene desde hace muchos años. Se debe privilegiar el diálogo en cuanto a las invasiones de tierras, pero esto no significa falta de acción de la Fuerza Pública. No se ha dado ninguna orden a la Policía Nacional de no intervenir, cuando están las condiciones de actuar se ha hecho”, indicó.

El funcionario señaló que “la ley dispone que dentro de las 48 horas siguientes a la ocupación de un predio la Policía, a solicitud del afectado, debe intervenir para producir el desalojo. Este es un término señalado por la ley”.

En ese sentido, el ministro aseguró que esta instrucción ya se ha venido cumpliendo a cabalidad por parte de los uniformados. “La Policía ha actuado dentro de ese término de 48 horas. La Policía ha actuado, en dos casos en Urabá, dos en César, dos en Cauca, dos en Bolívar, uno en Huila y uno en el Valle”. (Lea: Con fallo de la Corte Constitucional se empezarían a expropiar tierras)

Entre tanto, la subdirectora de la Policía Nacional, Jaqueline Navarro, informó que hasta el momento se han hecho 167 capturas por usurpación de inmuebles, invasión de tierras y avasallamiento en el país.

El representante José Octavio Cardona, recordó que según el gobierno de cada diez invasiones una es auspiciada, patrocinada, impulsada y financiada por grupos ilegales. “El gobierno será corresponsable del desplazamiento forzado al no hacer nada”.

Muchos de los invasores actuales usualmente han vivido en zonas urbanas, lo que desnaturaliza su condición de campesinos.

La Agencia Nacional de Tierras tiene sin resolver 140 mil solicitudes de adjudicación de baldíos, las peticiones sobrepasan los 9 millones de hectáreas (3 veces las exigencias de las Farc en el Acuerdo de La Habana), el Fondo Nacional de Tierras tiene 1,2 millones de hectáreas sin entregar todo lo cual sirve para el propósito del gobierno y el cumplimiento con los exguerrilleros.

A su vez, el representante Oscar Villamizar, señaló que “parece que para un sector de este gobierno el derecho y las leyes existieran siempre y cuando se hagan aplicables al sector productivo, a los dueños de las tierras pero no a los invasores y los que cometen el delito”.