Consejo Gremial pide al Congreso no ratificar el Acuerdo de Escazú

En un ‘Análisis de Conveniencia del Acuerdo de Escazú’, el Consejo Gremial Nacional - CGN pide al gobierno que evalúe adelantar las gestiones para que no se ratifique este Acuerdo por parte del Congreso de la República.

En comunicación enviada al presidente de la República, el CGN señala las consecuencias que traería para el país la ratificación del Acuerdo de Escazú (Proyecto de Ley No. 057 de 2020 Senado – 265 de 2020 Cámara), entre las que destaca que las actuaciones de las autoridades colombianas quedarían bajo el escrutinio de instancias multilaterales, y que, en ese mismo sentido, el Acuerdo implicaría acogerse al control de instituciones internacionales para dirimir conflictos en materia ambiental”.

El CGN –que está integrado por Acm, Acolfa, Acp, Acopi, Acoplásticos, Analdex, Anato, Andi, Andesco, Asobancaria, Asocaña, Asocolflores, Asofiduciarias, Asofondos, Asomovil, Camacol, Cámara Colombiana de la Infraestructura, Colfecar, Confecámaras, Cotelco, Fasecolda, Fedegan, Fedepalma, Fenalco, Fenavi, Naturgas, Sac– advierte además sobre las implicaciones que conlleva el ’Principio Precautorio’. “…lo establecido en el Acuerdo de Escazú contempla como principio transversal a su funcionamiento el Principio Precautorio”.

El ente gremial señala que “Esta ampliación del campo de acción hacia la transversalidad a cualquier actividad económica, podría abrir nuevamente un debate sobre los límites de gestión ambiental de los proyectos en contravía de los avances que el Gobierno Nacional, ciudadanía y sector empresarial han logrado mediante trabajo conjunto”.

De otra parte, agrega, “estamos frente a un Acuerdo sobre derechos humanos que, por tanto, entraría a formar parte del bloque de constitucionalidad, y cuyo texto contempla unas obligaciones adicionales”.

“Lo anterior comportaría posibles riesgos tanto en el ámbito nacional como en el internacional. En el ámbito nacional pondría en entredicho la abundante legislación interna sobre las materias que trata el Acuerdo, ya que podría aducirse que ellas no cumplen con los nuevos parámetros. En el ámbito internacional, las actuaciones de las autoridades colombianas quedarían bajo el escrutinio de instancias multilaterales mediante un esquema o formato que no está definido aún. En ese mismo sentido, el Acuerdo implicaría acogerse al control de instituciones internacionales para dirimir conflictos en materia ambiental”.

Finalmente enfatiza que Colombia cuenta con los sistemas judiciales necesarios para el manejo de conflictos en materia ambiental y se considera que no es conveniente ceder la resolución de conflictos de esta materia a organismos internacionales.

Consulte la comunicación del CGN en este link.