Ley de Acción Climática, hoja de ruta para para el desarrollo sostenible

Una nueva hoja de ruta para el desarrollo sostenible del país a corto, mediano y largo plazo se da con el proyecto de ley de Acción Climática que aprobó el Congreso de la República y que luego de la conciliación pasará a sanción presidencial.

La ley permitirá avanzar con herramientas claras en la gestión del cambio climático con acciones de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), contribuyendo así a la meta de la carbono neutralidad al año 2050.

La iniciativa contempla las metas nacionales para la carbono neutralidad y la resiliencia climática, las medidas para el logro de las metas del país en materia de mitigación del cambio climático, las disposiciones para la promoción y el desarrollo de los mercados de carbono y la implementación, seguimiento y financiación de las mismas, entre otros aspectos. (Lea: Minambiente lanzó plataforma que analizará el comportamiento del clima)

En ese sentido, se establecen acciones concretas para hacerle frente al cambio climático de la mano de sectores como el agropecuario, pesquero y desarrollo rural, de transporte, ambiente y desarrollo sostenible, minas y energía, vivienda, ciudad y territorio, y comercio, industria y turismo.

Según el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa, será “una hoja de ruta que nos dará un nuevo modelo económico, social y ambiental, que nos permitirá trabajar en pro de la conservación de nuestro mayor patrimonio: los recursos naturales, pero también hacia una economía baja en carbono para consolidar un país que cuide y proteja su biodiversidad”.

Entre muchas otras medidas, la ley establece que, por ejemplo, a 2030 el país debe reconvertir 3.6 millones de hectáreas hacia ganadería sostenible y plantar 300 mil hectáreas nuevas de cultivos forestales.

Así mismo declarar un mínimo del 30 % de los mares y las áreas continentales bajo categorías de protección o estrategias complementarias de conservación; lograr la restauración ecológica de 962 mil hectáreas; alcanzar 600 mil vehículos eléctricos en circulación.

También gestionar adecuadamente los residuos para reducir más de 1 millón de toneladas de CO2; reutilizar el 10 % de las aguas residuales domésticas; alcanzar un 10 % de empresas que implementen acciones de adaptación al cambio climático, y reducción de un 15 % en el consumo de energía en el sector industrial. (Lea: Los ganaderos no son los culpables del cambio climático)

Adicionalmente, incorporar a 2030 el cambio climático en la educación formal (preescolar, básica primaria y secundaria, media y superior) y en la educación para el trabajo y el desarrollo humano.

Otro aspecto para destacar de esta iniciativa es el hecho de que el país contará ahora con las herramientas necesarias para hacer seguimiento a las medidas relacionadas con el tema, y conocer, de forma transparente, todos los avances, ya que la Ley de Acción Climática cuenta con mandatos expresos de divulgación de información. Asimismo, contempla las metas nacionales para la resiliencia climática, las disposiciones para la promoción y el desarrollo de los mercados de carbono, y la implementación, el seguimiento y la financiación de estos programas y estrategias, medidas cuyo objeto es enfrentar, desde diferentes ángulos y sectores, el calentamiento global, y proteger el patrimonio natural de Colombia, el segundo país más biodiverso del mundo, entre otras.

Este proyecto se construyó desde el territorio, de la mano con los entes territoriales, con la academia, con las organizaciones sociales, con el Congreso de la República y, por supuesto, con todas las entidades del Gobierno Nacional.

El proyecto había sido radicado en septiembre de este año por los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Interior, Transporte, Hacienda y Crédito Público, Minas y Energía, Vivienda, Ciudad y Territorio; Agricultura y Desarrollo Rural, y Comercio, Industria y Turismo. La presentación de la iniciativa contó, además, con el respaldo y la asistencia de los directores de los institutos del Sistema Nacional Ambiental (SINA): de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el Instituto Sinchi y los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes.

Este proyecto junto a la Ley de Delitos Ambientales, que penaliza la deforestación hasta con 15 años de cárcel y crea nuevos delitos, y el decreto 690, que regula el manejo sostenible de la flora silvestre y de los productos forestales no maderables, fortalece el marco normativo colombiano.