“El problema del posconflicto es de todos”, SAC

Durante el foro ‘Quién financia el posconflicto’, realizado por la APE, Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, señaló que con dineros de regalías, cooperación nacional e internacional, nuevos impuestos, entre otros, será como se deba financiar el proceso.

El pasado 9 de septiembre, en el auditorio de la Federación Nacional de Cafeteros, se llevó a cabo el foro ‘¿Quién financia el posconflicto?’, liderado por la Asociación de Periodistas Económicos, APE, con el fin de conocer diferentes puntos de vista sobre este tema.

En el evento, al que asistieron más de 150 personas, estuvieron presentes el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría; la directora de Reparación de la Unidad de Victimas, Iris Marín; y el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, Rafael Mejía López.

Con la presencia de los representantes de diferentes sectores sociales, políticos y económicos se logró el objetivo propuesto por la APE: hablar del papel que debe asumir la sociedad civil en la tarea de pasar la página de la guerra. (Lea: ¿Qué tan preparado está el gabinete Santos para el nuevo mandato?)

Cárdenas Santamaría dijo que el Estado está comprometido con la generación de una política pública con recursos generosos. Para esto se promulgó la Ley 1448 de Víctimas, en la que se estableció de manera clara cómo sería su reparación.

Esta Ley tiene una vigencia de 10 años. Inició en 2011 y termina en 2021. En total se invertirán $55 billones.

De acuerdo con el ministro de Hacienda, “para el año 2015 se tiene presupuestado una inversión en víctimas de alrededor de $7,9 billones, de los cuales $1,9 billones serán para atención humanitaria y cerca de $1 billón se invertirán en vivienda para la población desplazada”.

Por su parte, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia sostuvo que las inversiones que se tienen estimadas en el campo, que son por $5 billones para este año, se deben hacer con o sin la firma del proceso de paz que se adelanta en La Habana.

“La brecha en las condiciones de vida de las personas que viven en el sector rural, con quienes habitan las ciudades es cada vez más grande. Eso se puede observar en las mediciones que hace el Dane en materia de desempleo, escolaridad y acceso a los servicios públicos y de salud”, destacó Mejía.

El presidente de la SAC también dijo que el posconflicto lo ha venido pagando  la sociedad en general mediante recursos de regalías, transferencias a territorios, con cooperación nacional e internacional y nuevos impuestos. (Lea: Santos instala el Congreso que legislará el posconflicto)

Para el dirigente gremial los riesgos a los que la sociedad se debe enfrentar con el pago del posconflicto son la falta de orientación al impulso de la actividad agropecuaria moderna, “también la falta de diseño y aplicación de modelos productivos y sociales replicables, tampoco se cuenta con un recurso humano capacitado en el nivel territorial y además hay una gran desarticulación entre el Gobierno Nacional y las regiones”.

Hay un avance en la reparación de víctimas

Marín señaló que hasta ahora se han registrado 6,7 millones de víctimas, de las cuales 85,8 % manifestaron haber sufrido desplazamiento, al 13,4% le mataron a un familiar, y al 2,1 % le desaparecieron a un ser querido. Los actores victimizantes de esos hechos son la guerrilla en un 39,6 %, los paramilitares en 20,1%, bandas criminales en 3,1 %, y fuerza pública en 0,8 %. (Lea: “La ganadería no está en venta”: José Félix Lafaurie)

En medio de ese proceso de reparación se han identificado daños colectivos, como el que se hizo a los grupos sindicales y a organizaciones de derechos humanos, cuando se estigmatizaron por reclamar al Estado.

“En este sentido se han adelantado campañas puntuales para resarcir el daño y recuperar su buen nombre”,señaló la directora reparación de la Unidad de Victimas.

Sobre la iniciativa 'Soy Capaz', lanzada por los empresarios, la funcionaria destacó su buena intención y los invitó a vincularse dando empleos a las víctimas, generando espacios más amplios de discusión con las organizaciones sindicales y aportando al proceso de reparación con dinero, a través de la campaña 'Unidos podemos reparar'.