Inclusión de jóvenes discapacitados no avanza en sector rural

Un estudio realizado por la Universidad Nacional evidenció que las fuentes de empleo en las zonas campesinas son insuficientes. Prevención de los empleadores y falta de metas de los empleados, principales tropiezos.

La triada: empleadores, personas en situación de discapacidad y familias genera brechas entre el imaginario, la sobreprotección y los apoyos requeridos para una participación en inclusión laboral en los sectores rurales.

Se realizó un estudio con 30 jóvenes adultos del municipio de Tenjo, en Cundinamarca, quienes se encuentran con una situación de discapacidad motora, sensorial y cognitiva, con el fin de que estas personas hicieran una proyección de sus vidas, participación y equiparación de oportunidades, asimismo lograr una visualización en las actividades productivas y cotidianas del municipio.

Luz Dary Rodríguez, licenciada en educación especial y magíster en Discapacidad e Inclusión Social de la Universidad Nacional, les preguntó a los participantes de su trabajo de tesis: ¿hacia dónde va el proyecto de vida de las personas en situación de discapacidad? (Lea: Alcira, de vendedora ambulante a pequeña ganadera)

En dicho cuestionamiento identificó qué es lo que ocurre con estas personas que no han obtenido títulos, acreditaciones o capacidades para diversas funciones: “Un municipio rural no se puede comparar con uno urbano, en cuanto al acceso de educación y productividad. Las circunstancias para una persona en situación de discapacidad, sumado a una falta de educación básica o media, serán más complejas al tratar de situarse laboralmente”, afirmó Rodríguez.

Inicialmente, explicó, se realizó una caracterización del grupo de jóvenes, de esta manera se observaron las condiciones precarias en cuanto a oportunidades de inclusión desde diferentes ámbitos en el área rural.

Las instituciones de educación, accesibilidad geográfica y fuentes de empleo son insuficientes y excluyen aún más a estas personas, al punto de que varios de los jóvenes del grupo de la investigación afirmaron no saber leer ni las operaciones matemáticas básicas (sumar, restar, etc.). (Lea: Mitos en torno al medio rural colombiano)

Discriminación laboral y sobreprotección familiar

El trabajo se desarrolló puntualmente con aquellos que tenían un nivel de secundaria o vinculación con instituciones como el Sena, por medio de una aplicación de instrumentos de corte cuantitativo, con los que preguntaron sobre proyecto de vida, oportunidades de trabajo y habilidades.

El resultado evidenció que la mayoría de los jóvenes consultados no tenían claro lo que sabían hacer ni lo que querían en un mediano y largo plazo.

De igual manera, se encontró prevención por parte de los empleadores (sector agrícola y propietarios de tiendas y supermercados) cuando se les preguntó si darían empleo a personas en situación de discapacidad. (Lea: Agrotón: 7 iniciativas tecnológicas que buscan mejorar el sector rural)

“Imaginarios como el posible daño de mercancías, no reconocer cómo  comunicarse con estas personas y a su vez, ellos con los clientes, generan una discriminación que podría ser involuntaria y terminan por segregar a esta población”, informó la experta.

Un tercer factor contextual sería buscar cuáles son los apoyos necesarios para que se presente una inclusión laboral, teniendo en cuenta que existen particularidades en los sujetos e imaginarios en los empleadores.

Por otra parte, los padres y familiares también limitan sus proyectos de vida. La idea común es la sobreprotección, pues han estado toda la vida al lado de ellos, haciendo todo por ellos.

De esta manera, la magíster asegura que la triada de empleador, personas en situación de discapacidad y familia demuestra grandes brechas existentes entre el imaginario, la sobreprotección y los apoyos requeridos para una participación en inclusión laboral. (Lea: Alibaba, un tesoro para campesinos chinos ambiciosos)

Política de discapacidad para el municipio

El proyecto se desarrolló en mesas de trabajo con padres de familia, directores intersectoriales y dependencias de la alcaldía, planteando una posible política pública de discapacidad para el municipio, además se contempló, a partir del diagnóstico, crear conciencia en las familias de la importancia de que sus hijos cuenten con un proyecto de vida.

Así, los padres también comenzaron a expresar inquietudes sobre sus propias necesidades, lo que generó participación en educación, salud y trabajo.

Se realizaron talleres con los directores intersectoriales en los que se dieron acuerdos y se construyó un documento previo para establecer derechos básicos como salud, educación, cultura y trabajo. (Lea: Con el sueño de transformar la realidad de la Colombia rural) 

A partir de este proceso se logró la radicación en 2010 de la política pública en Tenjo, ley que, según la investigadora, 4 años después no cumplen las personas con discapacidad y familiares, sin importar que ellos mismos ayudaron a crearla.