Unas 150 mil familias se acogieron a plan contra cultivos ilícitos

Unas 150 mil familias de Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, se han incorporado desde 2003 a un plan para erradicar cultivos de coca, dijo el martes en Quito, Raúl García, del Programa Contra Cultivos Ilícitos del país.

"Del 2003 a la actualidad podemos hablar de más de 150 mil familias vinculadas a procesos de desarrollo alternativo", declaró a la AFP el funcionario, añadiendo que esa cifra incluye a 45 mil grupos familiares que se han vinculado al programa desde 2012.

García, quien participa en un foro regional en Ecuador sobre desarrollo alternativo auspiciado por la Cooperación entre América Latina y la Unión Europea en Políticas sobre Drogas (Copolad), explicó que las familias participan "voluntariamente" en los programas gubernamentales de Colombia para erradicar cultivos ilícitos. (Lea: Más de 300 productores piden frenar fumigación con glifosato en San José del Guaviare)

"Hemos trabajado con más de 600 organizaciones de productores", manifestó, anotando que el proyecto se extiende a 139 municipios colombianos, en los que los involucrados cultivan cacao, café, caucho, palma de aceite y plantas forestales.

Las áreas sembradas de hoja de coca en Colombia se redujeron de 64 mil a 48 mil hectáreas entre 2011 y 2012, una reducción de 25%, y la producción de cocaína también cayó de 345 a 309 toneladas, según la oficina de la ONU contra las drogas.

El viernes, en el marco de las negociaciones de paz en La Habana entre la guerrilla de las Farc y el Gobierno colombiano, las partes llegaron a un acuerdo sobre drogas. (Lea: La coca: combustible para la subversión en Guaviare)

El pacto prevé una campaña de eliminación de los cultivos ilícitos, con la posibilidad de erradicaciones forzosas en caso de que algunos campesinos se nieguen a dejar de cultivar, explicó el diplomático cubano Rodolfo Benítez, cuyo país es garante del proceso.

Estas erradicaciones forzosas se harán de manera "manual" y no con productos químicos, tal como exigían las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), acusadas de financiarse con recursos provenientes de los estupefacientes.