La inseguridad es un hecho real que deja pérdidas multimillonarias a los empresarios del campo

Las expresiones de la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, el día de ayer en su cuenta en la red social X, no cayeron muy bien en un amplio sector de la agroindustria, la cual en lo que va corrido del gobierno Petro, han visto aumentar los casos de abigeato, carneo, extorsión, pero, sobre todo, las ocupaciones ilegales.

Citando un informe televisivo donde se daba cuenta de la “recuperación” (que no se dio) de un predio en Sincelejo, luego de varios días y extensas jornadas de enfrentamientos entre invasores y Fuerza Pública, la jefa de la cartera de Agricultura, desestimó las denuncias sobre el aumento en la inseguridad en la ruralidad que vienen haciendo algunos dirigentes gremiales y líderes políticos.

“[…] Soy testigo que la @PoliciaColombia ha dado respuesta inmediata y permanente, siempre oportuna, principalmente al gremio ganadero de @Fedegan. No es justo que descalifiquen su labor, no es cierto un estado de inseguridad generalizado, ni es cierto una ola de invasiones, no es cierto que no haya respuesta del Estado”, dice uno de los apartes del trino de la molestia.

Más adelante, Mojica hizo una suerte de llamado, en una clara referencia a las Brigadas Ganaderas Solidarias, estrategia de seguridad implementada por la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) para acompañar pacíficamente las acciones de desalojo cuando se presentan invasiones: “permitamos que las autoridades militares y de policía cumplan su labor de proteger la vida, bienes y propiedad de todos los colombianos”.

Sí hay zozobra en la ruralidad colombiana

Muy a pesar de que el extenso trino de la ministra de Agricultura contiene afirmaciones ciertas; como la reacción oportuna de las instituciones administrativas y de policía en la mayoría de los casos; la realidad que se vive hoy día en algunas áreas rurales contradice la intención manifiesta de la publicación.

Uno de los hechos más relevantes en este asunto y que dio luces respecto de la gravedad del asunto, fue el plantón protagonizado por más de 400 ganaderos y agricultores en la vía de Los Contenedores, exactamente en el corredor que conecta a los municipios de Plato y Ariguaní.

En ese momento, septiembre de 2022, las ocupaciones ilegales en las haciendas cañeras habían derivado en un enfrentamiento entre trabajadores e invasores, dificultando la restitución del orden en el territorio y dejando cuantiosas pérdidas a los ingenios y familias de pequeños productores.

La manifestación en Plato, que derivó luego en una discusión de otro tipo por cuenta de informes malintencionados en la prensa, develó un problema que si bien se presentaba en el pasado, no sucedía con tanta frecuencia y en tantos lugares a la vez, pues, también había reportes de acciones similares en ganaderías del Cesar, La Guajira, Córdoba, Santander, Risaralda Valle, Huila, Córdoba y Atlántico.

El año pasado, a pesar de que se empezó el proceso de compra acordado con Fedegán y la distribución de haciendas producto de la extinción de dominio, las invasiones se siguieron presentando.

A mediados del año 2023, por ejemplo, la situación era prácticamente insostenible en los departamentos de Cauca y Vale del Cauca, desde donde se informaba que luego de la posesión del presidente Petro habían sido ocupadas ilegalmente más de 1000 hectáreas de tierra productiva, asesinado a tres trabajadores, herido a otros ocho y secuestrado brevemente a tres.

Cifras similares reportan las oficinas regionales de Fedegán a ese respecto, además, notificaban un tema aún más grave: en el año 2022 un número cercano a los 13 ganaderos fue víctima del secuestro extorsivo, en 2023, una cifra similar sufrió este flagelo, y en lo que va de 2024, se tiene información de al menos cinco productores bovinos retenidos ilegalmente, actualmente, tres de ellos se encuentran en cautiverio.

Las invasiones están a la orden del día

José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegán, ha sido uno de los dirigentes gremiales más activos en la defensa de los intereses del gremio al que representa, incluso, ha respaldado el llamado que otras agremiaciones del agro colombiano vienen haciendo al Gobierno Nacional en este mismo sentido.

Su cuenta en la red social X, la cual atiene más 100.000 seguidores, está constantemente informando sobre este tipo de eventos que afectan duramente el patrimonio de los afectados, sobre todo aquellos en los que es imposible llevar a cabo el desalojo dentro de las 48 horas que prescribe la ley.

En los últimos días del año pasado y los que van de este 2024, la petición de solidaridad para con el vecino en problemas ha sido bastante frecuente, lo que, contrario a lo que indica la ministra de Agricultura, es una muestra clara de la real situación que se vive en el campo colombiano y que escapa a la comprensión de los funcionarios, más aún aquellos que han dejado ver su animadversión con el sector ganadero.

Los meses de septiembre y octubre de 2023, por ejemplo, fueron denunciadas seis ocupaciones ilegales, tres de ellas, cuyo epicentro estuvo en las haciendas ganaderas, fueron controladas a tiempo por las autoridades con el acompañamiento de las Brigadas Solidarias.

Una de estas ocupaciones en particular encendió las alarmas: la ocurrida en la finca El Toro, en Codazzi, Cesar, pues, en ella, los invasores aseguraron que sus acciones estaban enmarcadas en el decreto que dinamiza la movilización campesina en defensa de la reforma Agraria.

Desde entonces, quienes intentan apoderarse de la propiedad privada aseguran que han sido direccionados hasta los predios por funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y Sociedad de Activos Especiales (SAE), las cuales facilitan a los ‘campesinos’ el listado de bienes en proceso de extinción de dominio y declarados como de interés para el inventario de tierras que servirá para implementar la reforma rural integral.

“Las invasiones son toda una estrategia, pero no es solo una estrategia única, el abigeato, el robo de ganado se está creciendo en Colombia eso no es más que una estrategia de los amigos de la Paz Total, o sea todos esos grupos guerrilleros están en la zona robando el ganado para cansar al ganadero y obligarlo a vender la tierra”, dijo en su momento el exsuperintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez.

Sí hace falta un plan integral de seguridad

Opinión similar hay en varios sectores de la opinión y la cosa pública. Previendo que el asunto se convierta en una bola de nieve que afecta más aún los intereses del sector ganaderos, Fedegán implementó desde este año una estrategia de seguridad liderada por el general (r), Fernando Murillo.

“Vamos a crear los frentes solidarios de seguridad ganadera que permitirán organizarnos para trabajar en la prevención de los delitos y evitar que estos sean cometidos por los criminales. Hay que trabajar en alertas tempranas que permitan evitar los delitos del secuestro, la extorsión o el hurto de ganado como lo ha dicho el presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie Rivera”, aseguró Murillo tras hacerse oficial su llegada a Fedegán.

Aunque la solidaridad de los ganaderos ha dado fruto en la mayoría de los casos, ya que, de manera pacífica se ha logrado la restitución de los bienes inmuebles a sus legítimos propietarios, hay casos donde, tanto la presencia policial como la de las brigadas ha sido infructuosa, tornando difícil y demorado el proceso. Pero ese no es el único problema que deben lidiar.

“Según las cifras del Ministerio de Defensa, en 2023 el secuestro aumentó 72 % y, según la Policía Nacional, a octubre se habían presentado 8.551 denuncias de extorsión, un delito que aterroriza a las víctimas y, por ello, es de altísimo subregistro”, explicó Lafaurie en una de sus acostumbradas columnas.

Los hechos están a la vista de todos los colombianos, es decir, la ministra de Agricultura no puede en un trino desconocer la difícil realidad que viven algunos empresarios, especialmente aquellos quienes por actitudes como la de Jhenifer Mojica han perdido el trabajo de varias generaciones y hasta la vida.

Finalmente, es oportuno traer a colación la palabras de José Félix Lafaurie en torno a la imperativa necesidad de poner en marcha una estrategia de seguridad que brinde garantías a los empresarios del campo, especialmente a los ganaderos, quienes durante años han sido objeto de estigmatización por un sector de la política y la opinión pública.

“La ganadería hace presencia en 1105 de los 1122 municipios, como expresión de soberanía en el territorio y listos para colaborar con la Fuerza Pública. Por ello, que no nos dejen otra vez solos frente a la delincuencia es nuestro clamor al Gobierno y al país; que aprendamos de la historia… y no la repitamos”, apremió el dirigente gremial en su columna dominical titulada: ¡No repitamos la historia…, no nos dejen otra vez solos!