En San Miguel de Sema denuncian injusticias por parte de la CAR

Los ganaderos de esa zona de Cundinamarca sostienen que la autoridad ambiental viene adelantando el cobro de unos impuestos sobre el uso del suelo, a pesar que durante mucho tiempo la tierra no pudo ser explotada por cuenta de las inundaciones que se presentaron en la zona.   Cundinamarca se vio afectada por cuenta de las inundaciones de los años 2010, 2011 y siguientes, hecho que afectó seriamente la producción agropecuaria de la región del Valle de Ubaté –por ejemplo– y puso contra las cuerdas a quienes dependían de la actividad pecuaria en esa zona del país. (Lea: Inundaciones aún tienen afectados a ganaderos en Sucre)   Esa situación obligó a los ganaderos de la zona a buscar créditos que les permitieran recuperar su explotación, ponerla a tope y volver a ser productivos. No obstante, cada que invertían una importante suma de dinero, aparecía nuevamente el invierno y las anegaciones, hechos que impidieron una recuperación adecuada.   Ese fue el caso de Otto Parra, un productor del municipio de San Miguel de Sema, quien sufrió los efectos de 4 inundaciones, pero en su afán de recuperar su explotación apeló a los créditos bancarios para rescatar su explotación del exceso de agua, hecho que no surtió ningún efecto sino que lo llevó a tener deudas casi que imposibles de pagar por lo que la solución fue vender la finca.   Sin embargo, haber salido de la explotación fue peor para Parra, pues desde hace unos meses atrás la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, empezó a enviarle unas cuentas de cobro en donde le exigen el pago de un impuesto sobre el uso de la tierra. (Lea: Sector ganadero también está en alerta por posibles inundaciones)   “Lo increíble es que yo ya no tengo la finca y me están pidiendo que pague sobre un terreno que estuvo totalmente anegado e imposible de explotar. Mis inversiones se fueron en la recuperación de la finca, pero al final tuve que desistir del negocio”, reveló.   Parra aseveró que el primer cobro es cercano a los $15 millones, dinero que no posee en su momento y aunque ya entabló diálogos con los abogados de la CAR, la respuesta que le dieron fue que debía pagar la suma adeudada.   Agregó que esa misma situación la vienen padeciendo más ganaderos de la zona, quienes no saben cómo hacerle entender a la autoridad ambiental que ese cobro es injusto y más cuando el predio duró mucho tiempo bajo el agua. (Lea: Casanare pasó de la sequía extrema a las inundaciones)   “Hemos pensado unirnos y enfrentar a la CAR a través de abogados, porque consideramos que no se debe pagar nada y más cuando fue evidente la anegación de nuestros predios”, remató.