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PorCONtexto ganadero-18 de Noviembre 2024
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Por CONtexto ganadero - 10 de Septiembre 2024
Los invasores, quienes hacen parte de la comunidad, esperan respuesta de las autoridades para su reubicación dado que se encuentran sin hogar.
En el corregimiento de Santa Lucía, ubicado en el municipio de Magangué, Bolívar, se desencadenó un conflicto entre los residentes locales y la fuerza pública debido a la invasión de una finca. Los hechos ocurrieron cerca de la carretera hacia Puerto Kennedy. El propietario afectado, Jorge Ardila, ha visto cómo su propiedad ha sido ocupada por miembros de la comunidad local, quienes han creado improvisados refugios en la zona.
La comunidad de Santa Lucía, enfrentada a la erosión progresiva del río Magdalena, ha visto cómo aproximadamente el 70% de sus familias han perdido sus hogares. Según testigos, a pesar de las promesas del alcalde Pedro Alí de reubicar a los afectados en un lote adecuado, la administración no ha cumplido con su compromiso. Esta situación llevó a los habitantes a ocupar la finca como una medida desesperada para asegurar un lugar donde vivir, aunque de manera temporal.
Al conocer la situación, las autoridades dieron orden de desalojo para la propiedad ocupada. Sin embargo, esta operación se convirtió en un enfrentamiento. Los residentes de Santa Lucía, determinados a no abandonar la propiedad, desafiaron a los oficiales, quienes, ante la resistencia organizada de la comunidad, se vieron obligados a retirarse del lugar.
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Críticas a la gestión del alcalde
Testigos de los hechos, aseguran que las acciones del alcalde Pedro Alí han generado un fuerte rechazo en la comunidad. Los residentes lo acusan de insensible y de priorizar el desalojo sobre la búsqueda de soluciones reales al problema de vivienda que enfrentan. Aunque mostró disposición para enviar a la fuerza pública, el mismo empeño no ha sido demostrado para resolver la crisis habitacional que afecta a tantas familias en el corregimiento.
En medio de este tenso escenario, el propietario de la finca, Jorge Ardila, se vio en la necesidad de intervenir directamente. Según testigos, Ardila fue quien, a falta de una respuesta efectiva por parte de las autoridades, tuvo que negociar con la comunidad para tratar de solucionar el conflicto. No obstante, esta intervención no ha logrado despejar la vía completamente, y las casas construidas por los invasores continúan obstaculizando el libre tránsito y el comercio en la zona.
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