"Si el Gobierno no les quita la tierra, será la movilización campesina quien se las quite"

En un entorno caldeado por los pasos agigantados de la violencia cocalera, antecedida de una tenebrosa secuela de inseguridad por cuenta de las bandas del microtráfico —que mostraron su poder durante el ataque terrorista disfrazado de estallido social y “movilización ciudadana—, el presidente ejecutivo de Fedegán y miembro de la mesa de negociaciones de paz con el ELN, José Félix Lafaurie Rivera, lanza una delicada advertencia en su columna de opinión publicada en CONtexto ganadero “El palo no está para cucharas”, sobre las consecuencias negativas de un marco legal que está construyendo el gobierno para la defensa de la reforma agraria y el acceso a la tierra.

Señala que no son gratuitos los reparos que hace a esa combinación explosiva del proyecto de decreto que reglamenta la extinción administrativa del dominio, y también al proyecto de decreto en donde el gobierno hace un “Llamado a la movilización y organización campesina”.

El dirigente gremial ya había advertido los peligros que acechan la propiedad privada tanto en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Petro como al decreto que reglamentaría el artículo 61 de ese plan, señalando que en esta norma no sólo le otorgaría más competencias a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), sino que excedería las facultades reglamentarias, consolidando de esta manera nuevas causales de extinción de dominio de predios rurales (Lea en CONtexto ganadero: “O me vende la tierra que quiero comprar…, o se la quito”)

¿Quién está detrás de la extinción de dominio? Una pegunta que bien vale la pena reiterar como en su momento lo hiciera Álvaro Gómez Hurtado con su incisivo “¿Quién mató a Mamatoco?”, pues sobre esa pregunta que formula Lafaurie no se tiene hasta el momento claridad del autor aunque si de las intenciones, pues dice que la Ley del Plan de Desarrollo terminó con un “añadido” de última hora: los numerales 5 y 6 del artículo 61, sobre “Mecanismos para facilitar y dinamizar los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria”, y que ese artículo (61) tiene un título engañoso, “pues al eliminar garantías procesales y endurecer los términos de la extinción de dominio, la convirtió en un instrumento sumario y administrativo, es decir, sin la intervención de un juez, reemplazado por la Agencia Nacional de Tierras, ANT, para ‘obligar’ al propietario a la ‘oferta voluntaria’”.

El segundo componente de la que denominó como “combinación explosiva”, va en la misma dirección pero no da mucho campo a la imaginación para interpretarla de otra manera: si el gobierno no les quita la tierra, será la movilización y la organización campesina quien se las quite.

Más preguntas para el Gobierno

Con sólidos planteamientos el presidente de Fedegán desvirtúa los argumentos dados por el gobierno sobre “la defensa de la reforma agraria y el acceso a la tierra”, y le espetó unas pregunta que llevan a la reflexión pero que indudablemente merecen explicación.

¿Tiene sentido que el Gobierno promueva la movilización para defender la reforma agraria, si, primero, nadie la está atacando, y segundo, la reforma agraria INTEGRAL, es decir, no limitada a un título de propiedad, es responsabilidad del gobierno mismo?

¿Tiene sentido que el Gobierno promueva la movilización para defender el acceso a la tierra, cuando ha ofrecido comprar la necesaria para entregarla a los campesinos y, para ello, firmó un Acuerdo con Fedegán, que hemos cumplido y seguiremos cumpliendo, el cual disparó las ofertas voluntarias de venta, que hoy sobrepasan el millón y medio de hectáreas, de las cuales más de 700 mil están listas para compra, además de las cerca de 500 mil que la justicia les ha quitado a los delincuentes y están en poder de la SAE?

Y cierra con un corolario que señala que advertir no es controvertir y que confrontar con argumentos y respeto a la diferencia facilita la convivencia, que es fundamento de la democracia. A la final de cuentas fue el mecanismo utilizado el actual gobierno para llegar a la presidencia de la República.

Finalmente, Lafaurie recuerda que la violencia se repite en la Colombia cocalera, destruyendo, corrompiendo y afectando también a la Colombia urbana, con su secuela de inseguridad por cuenta de las bandas del microtráfico, que mostraron su poder durante el ataque terrorista disfrazado de estallido social y “movilización ciudadana.