¿Regresa el temor a la expropiación?

La recién designada ministra de Agricultura, Martha Carvajalino,. ha despertado temor en un amplio sector de los propietarios de tierras fértiles en todo el país, por cuenta de sus declaraciones en torno a la posible declinación de la iniciativa de comprar predios y la puesta en marcha del proceso administrativo.

La Reforma Rural Integral es uno de los programas bandera del presidente Gustavo Petro, tanto así, que, sin la concreción de esta, esa idea de convertir a Colombia en potencia Mundial de la producción agroalimentaria estaría tambaleando.

En los casi dos años de su mandato, Petro y las instituciones con competencia exclusiva en esos asuntos no han podido avanzar realmente más de lo que han hecho otros mandatarios en el pasado, como ha quedado demostrado en varios informes que rectifican las afirmaciones engañosas o exageradas del jefe de la ‘Colombia Humana’, pero si ha avanzado en el marco jurídico. Veamos:

Primero vino la Ley del Plan -Ley 2294 de 2023 mediante el cual se expidió el Plan Nacional 2026 "Colombia Potencia Mundial Vida", en donde quedaron plasmados los “Mecanismos para facilitar y dinamizar los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria” (numerales 5 y 6 del artículo 61), que, a decir de José Félix Lafaurie, es un título engañoso, pues al eliminar garantías procesales y endurecer los términos de la extinción de dominio, la convirtió en un instrumento sumario y administrativo, es decir, sin la intervención de un juez, reemplazado por la Agencia Nacional de Tierras, ANT, para “obligar” al propietario a la “oferta voluntaria” (Lea en CONtexto ganadero: “O me vende la tierra que quiero comprar…, o se la quito”.

Luego se proyectó la reglamentación de dicho artículo, en donde la Jhenifer Mojica, ministra en ese entonces, señaló que no se haría uso de esos mecanismos, y efectivamente cumplió. Luego se aprobó le Jurisdicción Agraria, con los mecanismos ya conocidos para agilizar los procesos.

A par Fedegán firmó con el gobierno un acuerdo para contribuir a que el sector ganadero vendiera tierras con fines de cumplir con la reforma agraria del presidente Petro. Convenio que se suscribió estando al frente del Ministerio de Agricultura, Cecilia López Montaño, para destrabar el proceso estancado desde épocas inmemoriales.

Esta iniciativa del sector ganadero fue impulsada por las conferencias informativas regionales llevadas a cabo por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en compañía de delegados de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). Estas charlas se vieron abruptamente interrumpidas con la salida de Cecilia López del ministerio.

La nueva ministra de Agricultura, Martha Carvajalino

Abogada de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Constitucional y magister en Derecho de la misma alma mater, llega al cargo precedida de una polémica en redes, donde aparece defendiendo la expropiación por vía administrativa, iniciativa que ha sido reprochada duramente por un amplio sector de la opinión y la cosa pública.

“La expropiación agraria está consagrada, quizá antes, en la ley 74 de 1926. Se ha hecho de la ley un fantasma”, trinó la nueva ministra, citando una publicación que solicitaba aclarar ese asunto.

Aunque la publicación se dio días antes de su designación, es claro que, revestida del Poder Ejecutivo, esa idea puede pasar de lo meramente discursivo a la praxis, como en su momento intentó su antecesora.

La expropiación administrativa de tierras fértiles y productivas: ¿la excepción o la regla?

María Fernanda Cabal, líder de la oposición y precandidata presidencial, fue una de las primeras en reaccionar a este nombramiento, señalando lo peligroso que podría ser Carvajalino para quienes desde la llegada de Petro temen que la expropiación administrativa de tierras fértiles y productivas no sea la excepción, sino la regla.

“Este es el tenor de la nueva ministra de Agricultura sobre la expropiación agraria. ¡Calculen!”, posteó Cabal en su cuenta en la red social X, compartiendo el mensaje de Carvajalino.

Finalmente, el periodista de Caracol Radio, Melquisedec Torres, quien también es abogado, y dada la lluvia de mensajes en redes cuestionando a quienes criticaban las afirmaciones de Carvajalino, hizo claridades en torno al tema. “La Ley 74 de 1926 (art. 11) autoriza la expropiación agraria pero SOLO para implementar granjas experimentales, un modelo que no existe hace décadas”, puntualizó.