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Por CONtexto ganadero - 25 de Mayo 2023
La comisión séptima de la Cámara aprobó el proyecto de reforma a la salud que presentó el gobierno, con muy pocas modificaciones, por lo que a las EPS, por ejemplo, solo les quedarían dos años de vida.
A pesar de las voces en contra que se levantaron desde diferentes sectores, la comisión séptima de la Cámara de Representantes aprobó por 14 votos a favor y 6 en contra la reforma a la salud.
Lo que sigue ahora es el debate en la plenaria de la Cámara y la discusión y aprobación en comisión y plenaria del Senado.
No obstante, se presentó una recusación contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, porque su esposa, Eugenia Gómez, es superintendente delegada de Salud. Según la recusación, por lo menos para los artículos relacionados con la entidad, el ministro debió apartarse de la discusión o pedir permiso al gabinete para tramitarlos, cosa que no hizo, según informó Noticias RCN.
También se radicó en la comisión séptima una corrección de la votación de la reforma a la salud. Aunque la mayoría de los artículos se aprueban por mayoría simple la ponencia positiva requería una mayoría absoluta, es decir, necesitaba mínimo once votos y fue aprobada con diez, señaló el informativo.
Entre los artículos polémicos del proyecto se encontraba el 138, que le daba seis facultades extraordinarias al presidente de la República, de las cuales solo se aprobó una que fue por el término de seis meses, para capitalizar la Nueva EPS.
Las otras cinco facultades que fueron eliminadas se referían a modificar el régimen laboral de los médicos; hacer modificaciones a las funciones de la Superintendencia de Salud; modificar normas en materia de salud pública; y, dictar disposiciones para garantizar el derecho fundamental a la salud. (Lea: La reforma a la salud le costaría al país 6 reformas tributarias)
También se le dio luz verde al artículo 4 que propone “un modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo, que se fundamente en la atención primaria en salud universal, centrado en las personas, las familias y las comunidades”.
Igualmente, entre los artículos que eran polémicos y se aprobó está el relativo a las funciones de la Entidad Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (Adres), que será quien administre los recursos del sistema, siendo el pagador único. Podrá hacer giros directos a los prestadores de servicios de salud y proveedores de tecnologías en salud.
De igual manera, la entidad podrá adelantar las transferencias que correspondan a los diferentes agentes. Hará los giros a los Centros de Atención Primaria y será la encargada de la gestión de las cuentas.
Así mismo, se aprobó la transformación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), que pasarán a ser Gestoras de Salud y Vida. Tendrán plazo de dos años para hacer la transición. No implica su liquidación, sino un proceso de disolución.
Aquellas EPS que cumplan con los requisitos y deseen hacer la transformación a Gestoras de Salud y Vida, se sujetarán al giro directo por parte de la Adres a las instituciones de provisión de servicios de salud públicas, privadas y mixtas, proveedores de tecnologías en salud o farmacéuticos y demás servicios requeridos para garantizar la prestación de servicios de salud a la población asignada. (Lea: Con los CAP, gobierno espera mejorar atención en salud rural)
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), hizo un llamado al Gobierno nacional para que se atiendan algunos puntos que para ellos son preocupantes y que ponen en riesgo 100.000 empleos formales que generan las EPS.
Para el gremio, con la aprobación del artículo 4, que se refiere a la definición del modelo de salud, se destruye el concepto de seguridad social y se reemplaza por una recolección de recursos. Se eliminan conceptos básicos del aseguramiento como el plan de beneficios. También la figura de asegurador (EPS) y nociones financieras básicas como reservas técnicas, inversiones y patrimonio técnico.
Además, la reforma impone un pagador público y único (ADRES) y la creación de prestadores (CAPS) que coordinarán la atención en salud de la población. Para eso, el texto aprobado se plantea metas que resultan de difícil cumplimiento: en dos años, al menos 2 mil CAPS tendrán que estar construidos, habilitados y en operación.
Para entonces, esos centros deberán administrar la información y el registro de todas las personas que viven en el territorio nacional, no solo colombianos sino también migrantes. Todo eso pese a que hoy no existen recursos, capacidades o sistemas de información que hagan viable el modelo.
Las Gestoras que nacen con el nuevo modelo están desprovistas de los recursos y de las funciones de las EPS. Estas últimas quedan diluidas entre pagador público, fondos territoriales, unidades de planeación y evaluación departamentales y CAPS. Con eso, es muy probable que se alarguen los tiempos de espera para medicina especializada y cirugías y atención integral de pacientes de alto costo. También es previsible que se desperdicien recursos. (Lea: El 70 % de los colombianos en el sector rural considera que los servicios del actual sistema de salud son buenos: encuesta)
Con la eliminación de los fondos cuenta regionales de salud, los fondos departamentales y distritales de salud y los cambios de destinación de los recursos de los municipios en salud, es probable que quede desfinanciada la atención primaria en salud, los equipos territoriales y los hospitales públicos. De otro lado, la ADRES asume más responsabilidades de gestión administrativa y financiera, sin recursos.
En un nuevo artículo, aprobado en último momento, la Comisión Séptima creó una nueva prima de riesgo que resulta incompatible con un modelo de financiamiento a la oferta como el planteado. Se está confundiendo un modelo presupuestal, en el que existe una autorización del gasto, con un modelo de aseguramiento, en el que no se traslada a un tercero recursos sino el riesgo en salud. Además, esa prima resulta indeterminable, dado que no existe un plan de cobertura establecido, señaló Acemi.
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