Proyecto de decreto que atribuye funciones jurisdiccionales a la ANT desdibuja su objetivo misional: Humberto de la Calle

Luego de hacerse público el proyecto de Decreto que reglamentará el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo, según el cual se “pretende hacer más ágiles los procedimientos agrarios y destrabar casos estancados hace años”, como ha explicado en muchos escenarios la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, son bastantes las inquietudes que se generaron y las críticas formuladas desde distintos sectores de la opinión y la política.

A través de una carta dirigida a la jefe de la cartera de Agricultura, el senador y ex jefe negociador del gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), Humberto de la Calle Lombana, dejó ver su preocupación por las situaciones problemáticas que se podrían generar con la puesta en marcha del contenido de los decretos anunciados recientemente por el Gobierno, pues, desde su perspectiva, atentan contra lo pactado en el Acuerdo de La Habana.

Explica en su misiva de la Calle, que en el marco de las negociaciones con las Farc, la Reforma Rural Integral y en general el tema de garantizar al campesinado el acceso a tierras, generó muchos debates, motivo por el cual, se decidió que lo mejor, en aras de mantener la armonía social en el campo, la premisa fundamental era el respeto por la propiedad privada.

“El Fondo de Tierras se creó para garantizar el acceso a la tierra de aquellos campesinos que no tuvieran o tuvieran tierra insuficiente. Este instrumento se nutriría de tierras provenientes de seis fuentes diferentes. […] Sin embargo, debido a los debates que generó en la mesa de La Habana este punto, para la delegación del Gobierno siempre se partió de la premisa que debía respetarse la propiedad privada legítimamente adquirida y el Fondo solo se podría nutrir de acuerdo con las leyes vigente; […] nada de lo establecido en el Acuerdo debe afectar el derecho constitucional a la propiedad privada”, se lee en el documento en mención.

Uno de los temas que el exjefe negociador dejó muy en claro, fue que en el marco del Acuerdo de La Habana se estableció que los conflictos que pudieran presentarse en torno a la propiedad de la tierra debían dirimirse a través de la creación y puesta en marcha de la Jurisdicción Agraria, en el entendido de que atribuirle funciones de juez a la Agencia Nacional de Tierras, como se pretende, pondría en riesgo la propiedad privada.

Lo pactado establece que “deben implementarse mecanismos para la resolución de conflictos de tenencia y uso y fortalecimiento de la producción alimentaria, mediante medidas que contribuyan a la regularización y protección de los derechos de propiedad”, comenta de la Calle, a renglón seguido explica, que evidentemente el tema en Colombia es tan álgido que necesita “mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos de uso y tenencia de la tierra, entre los que se incluyó la necesidad de contar con una Jurisdicción Agraria que tuviese la capacidad de resolver en los territorios los conflictos que podrían generarse en el marco de procesos de redistribución”.

Yendo un poco más allá, la misiva es enfática en que el proyecto de decreto al entregarle facultades jurisdiccionales a la Agencia Nacional de Tierras rompe de plano con los principio del debido proceso, el concepto histórico y jurídico de propiedad privada y deja prácticamente en el aire a la recién creada Jurisdicción Agraria.

Además de estos inconvenientes, Humberto de La Calle considera que esta iniciativa del Ministerio de Agricultura crea cuatro problemas de índole constitucional que deben estudiarse con mucho cuidado.

Estos problemas son “El proyecto de decreto le asigna a la Agencia Nacional de Tierras funciones que superan sus competencias; El nuevo procedimiento viola el debido proceso; El proyecto de decreto excede facultades reglamentarias en materia de la ampliación de las causales de extinción de dominio y Falta de priorización de la titulación masiva de la propiedad rural”, enumera el Congresista en su comunicación.

Otro de los temas abordados en la carta, tiene que ver con evidente la pérdida de los objetivos fundamentales que sirvieron de sustento a la creación de la Agencia Nacional del tierras.

“El proyecto de decreto, al buscar que se lleve a cabo la extinción de dominio predio a predio, lleva a que la ANT enfoque sus capacidades en la titulación individual y no la titulación masiva de la propiedad rural, como se estableció en al Acuerdo de Paz, desdibujando el objeto con el cual fue creada la Agencia”, precisó de la Calle.

Finaliza la carta explicando que a pesar de las contradicciones expuestas, aplaude el compromiso que desde el Gobierno Nacional y el Ministerio de Agricultura se muestra por llegar a la meta de entregar al campesinado las tres millones de hectáreas que se han propuesto.

“Aplaudo el compromiso del Gobierno y el Ministerio de Agricultura de buscar cumplir la meta de las 3 millones de hectáreas, sin embargo, considero contradictorio como política pública centrar los esfuerzos en el mecanismo que supondría un gasto público de $10 billones anuales, en vez de redoblar esfuerzos para fortalecer los instrumentos previamente señalados. Espero que estos comentarios sean útiles para ajustar el texto propuesto. La Reforma Rural es necesaria para el país, pero a todas luces deben garantizarse los principios del Estado de derecho con el fin de evitar que surjan nuevas olas de violencia con ocasión a decisiones arbitrarias”, puntualiza la misiva.