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Por CONtexto ganadero - 30 de Agosto 2023
Ese es el dilema extorsivo que quedó planteado inicialmente en el Artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo y ahora confirmado en el proyecto de decreto que lo reglamentaría, con el agravante que a la final propone modificar las normas relacionadas con la extinción de dominio. Por su parte, el Ministerio de Agricultura anunció que el proyecto de decreto continuará publicado para recibir comentarios de los interesados hasta el próximo 10 de septiembre.
Frente a la incertidumbre que creó el gobierno con la promulgación para observaciones de este proyecto de decreto que reglamentaría el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y que no sólo le otorgaría más competencias a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), sino que excedería las facultades reglamentarias consolidando nuevas causales de extinción de dominio de predios rurales, el gremio ganadero cuestionó fuertemente esta reglamentación hasta el punto que la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica Flórez, ofreció una mesa de trabajo para revisar el proyecto de decreto.
José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de Fedegán, planteó sus reparos contra el proyecto de decreto reglamentario en su reciente columna de opinión, publicada en CONtexto ganadero (Lea: ¿Quién está detrás de la extinción de dominio?).
El dirigente gremial se plantea un razonamiento básico: ¿si hay tierras disponibles, para qué minar la confianza y enrarecer el ambiente?, al tiempo que recordó que Petro, desde el comienzo de su gobierno, reiteró que no habría expropiación, sino compra, muy en línea con el Acuerdo firmado con el gremio cúpula de la ganadería.
Para el dirigente gremial no hay duda de que alguien está detrás de estos tejemanejes en la normatividad, pues recordó que en la Ley del Plan de Desarrollo, promulgada el pasado mes de mayo, terminó con un “añadido” de última hora: los numerales 5 y 6 del artículo 61, sobre “Mecanismos para facilitar y dinamizar los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria”.
Y sobre este artículo manifestó que el título es engañoso, “pues al eliminar garantías procesales y endurecer los términos de la extinción de dominio, la convirtió en un instrumento sumario y administrativo, es decir, sin la intervención de un juez, reemplazado por la Agencia Nacional de Tierras, ANT, para ‘obligar’ al propietario a la ‘oferta voluntaria’”.
El alto ejecutivo agregó que esto es gravísimo porque lo que plantea el artículo es un verdadero “dilema extorsivo”: o me vende la tierra que quiero comprar…, o se la quito; no en vano fue bautizado como “expropiación exprés”, un término que le queda corto, pues la expropiación conlleva indemnización, en tanto que la extinción de dominio es un castigo equiparable al impuesto a un criminal.
“Semejante mecanismo representó un mensaje contrario a lo que el presidente, pocos meses atrás, calificaba de histórico: el Acuerdo entre Fedegán y el Gobierno para la compra directa y voluntaria de tierras para Reforma Agraria, bautizado como ‘Acuerdo para la materialización de la paz territorial’”, indicó.
El dirigente gremial agregó que en ese entonces, manifestó que “Los ganaderos seguiremos cumpliendo el acuerdo (…) a pesar de la inclusión del artículo 61, que abre caminos sumarios a la expropiación y alcanzó a destruir la confianza…”, añadiendo, en modo de reclamo, que “construir confianza está detrás de los resultados, y los resultados están detrás de la paz”.
Otro recorderis que hizo Lafaurie en su columna es afirmación que hiciera el presidente Petro desde el comienzo de su gobierno, cuando señaló que no habría expropiación, sino compra, muy en línea con el Acuerdo firmado con Fedegán. En mayo, a raíz de las reacciones al artículo 61, desde España dejó claro algo que es cierto: “Nosotros no estamos proponiendo expropiación, eso existe en la ley. No necesitamos ley para eso”; pero al mismo tiempo quedó el interrogante, que hoy resurge con el proyecto de decreto reglamentario.
Y se cuestionó que si ya existe ley para eso…, entonces, ¿por qué el artículo 61, que le resta garantías al propietario y convierte en sumaria y administrativa la extinción de dominio?; ¿por qué, ahora, un decreto que rebasa la potestad reglamentaria del Gobierno y concentra en la ANT competencias ambientales y hasta tributarias? ¿Quién está detrás de esto?
En su escrito, Lafaurie Rivera sostuvo que en un país con una institucionalidad ambiental “autónoma” y “clientelizada” a nivel regional, y una normatividad inaplicable en vastas regiones, ya sea por falta de gestión o por la presencia de grupos ilegales; es más, en un país en que 300.000 hectáreas de coca no logran ser objeto de extinción judicial de dominio, ¿esta misma figura se aplicaría sin reparos, como una mera decisión administrativa contra propietarios legales que no quieran vender?
“Si el Gobierno ha decidido comprar la tierra; si tiene 5 billones para ello en esta vigencia, y si hay tierras disponibles, como manifestó el director de la ANT en reciente entrevista, entonces, ¿para qué minar la confianza y enrarecer el ambiente, cuando hay un proceso de oferta voluntaria que ha funcionado, a pesar de la lentitud en la compra, de apenas 33.000 hectáreas? Repito, ¿quién está detrás de esto?”, reiteró.
Y concluyó reconociendo en la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica Flórez, una actitud asertiva. Según reveló Lafaurie, la alta funcionaria ofreció una mesa de trabajo para revisar el proyecto de decreto. “Allá estará Fedegán y, en el entretanto, los ganaderos… seguiremos expectantes”.
Luego de recibir durante la última semana las preocupaciones y planteamientos de diversas voces en el país, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tomó la decisión de ampliar el plazo para discutir el proyecto de decreto que busca agilizar los procesos agrarios en Colombia. Pero, además, la ministra Jhenifer Mojica anunció que se pone en marcha un amplio proceso participativo que tendrá el acompañamiento del Observatorio de Tierras de la Universidad del Rosario, la Universidad Nacional y la Universidad Javeriana.
“Queremos construir esta norma escuchando todas las voces, todos los actores, con un proceso participativo lo más amplio posible; por eso, con el apoyo del Observatorio de Tierras iniciaremos una programación de foros, discusiones académicas y técnicas que deberán llevar a la concertación de esta norma”, dijo la ministra.
Al proceso de diálogo serán convocados diversos centros de investigación, universidades, organizaciones sociales, instituciones y sectores de la sociedad civil que discutirán alrededor de los distintos componentes que reglamenta el decreto.
Así, el proyecto de decreto continuará publicado en la página y las redes sociales del Ministerio para recibir comentarios hasta el próximo 10 de septiembre.
🔔Ampliamos el plazo hasta el 🗓️10 de septiembre para recibir comentarios del decreto 📜 que agilizará los procesos agrarios. Con el acompañamiento del @TierrasObserva se crearán espacios de participación y discusión alrededor de la norma que reglamentará el artículo 61 del #PND pic.twitter.com/x1swjmeVGB
— Min. de Agricultura (@MinAgricultura) August 26, 2023
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