No cesan los cuestionamientos a la reforma laboral 2.0 del gobierno Petro

Aunque el nuevo proyecto de reforma laboral del gobierno no ha comenzado su trámite en el Congreso, los cuestionamientos aumentan porque no ataca los verdaderos problemas del país en generación de empleo y reducción de la informalidad.

El ex ministro de hacienda, Rudolf Hommes, a través de su cuenta en X (antes twitter), manifestó que la ola de reformas que han salido desde el Gobierno, sin que se tengan en cuenta las preocupaciones de los ciudadanos o empresarios, lleva a un descontento generalizado del sector productivo y privado.

Sostuvo que las recientes decisiones y propuestas del gobierno del presidente Gustavo Petro van en contra del bienestar de los colombianos y, contrario a lo propuesto en campaña, no ha sido un gobierno que propenda por la unidad.

Para el exministro de Hacienda es urgente que el gobierno se centre en sacar adelante las reformas, pero con un enfoque que vaya en pro de las necesidades y urgencias de los ciudadanos, y no bajo una política lesiva y sin apertura al diálogo.

Continuación de las fallas

Por su parte, la Federación Colombiana de Gestión Humana (ACRIP), advirtió que la nueva propuesta de reforma laboral presentada por el gobierno nacional es una continuación inaceptable de las mismas fallas que ocasionaron que la anterior fuera tumbada en el Congreso de la República.

Lamentó que los criterios técnicos de expertos laborales de distintos gremios no hayan sido tenidos en cuenta, y que se le diera la espalda al tripartismo, presentando un texto de reforma que afecta la empleabilidad, frena el desarrollo económico del país y le da la espalda a los sectores más vulnerables del mercado laboral. (Lea en CONtexto Ganadero: Reforma laboral 2.0 no trae grandes cambios ni consulta a comerciantes y empresarios)

Además, desconoce las recomendaciones que hizo el Banco de la República sobre la pérdida de los 450.000 empleos, que se generarán debido al aumento desmedido de los costos laborales, como se mantiene en el actual proyecto.

También y tal como lo han planteado otros analistas, no está enfocada en resolver los principales problemas del mercado de trabajo colombiano: el desempleo y la informalidad, sigue estando pensada para una minoría del país, esto es, los aproximadamente 10 millones de colombianos que tienen un contrato de trabajo.

Igualmente, considera Acrip que el proyecto va en contra de las MiPymes, al establecerse la solidaridad en todos los casos, no solo para las actividades afines a la contratante y, adicionalmente, una acción de reintegro (más una indemnización) del personal del contratista desvinculado.

Insiste el gobierno en la inamovilidad laboral en varios de sus artículos, al establecer diferentes acciones de reintegro, por ejemplo, por incumplir el procedimiento disciplinario, no entendiendo el tejido empresarial que en más de un 98 % son micros y pequeñas empresas sin una organización robusta, que les permita cumplir el dispendioso proceso disciplinario que trae el proyecto. Este, incluso, excede lo que han dicho sobre el particular las altas Cortes del país.

“De aprobarse esta reforma cada despido se convertirá en la amenaza del cierre del micro y pequeño empresario, toda vez que, como mínimo, los salarios y prestaciones sociales y costos de un proceso judicial en el que se pretende el reintegro, se puede estimar en aproximadamente $50.000.000, que se vuelven irresistibles para un micro y pequeño empresario”, señala el inforrme de Acrip.

En materia colectiva, se quieren regular derechos fundamentales por medio de esta ley ordinaria, lo cual solo se puede hacer a través de una ley estatutaria, por lo que esta parte de la reforma, aparte de inconveniente, es contraria a la Constitución. El proyecto viola el artículo 39 de la Constitución que señala que el derecho de asociación debe sujetarse al orden legal y principios democráticos, al disponer que un sindicato que no agrupa la mayoría de la empresa, sino un simple 33.33 %, es titular de la huelga en contra de la generalidad de los trabajadores. (Lea en CONtexto Ganadero: Reforma laboral del gobierno sigue inquietando a empresarios y comerciantes)

El gobierno insiste en consagrar la huelga en los servicios públicos esenciales en contra del interés general de los colombianos. El país todavía no está preparado para la huelga en estos casos, aquí no se respetan los mínimos de prestación de servicios y una declaratoria de ilegalidad de huelga dura dos años, verbigracia, que las ciudades se queden sus servicios de agua, energía, aseo dos años mientras la justicia declara la ilegalidad o que no se prestan servicios mínimos en una huelga en servicios públicos esenciales sería catastrófico.

Desempleo e informalidad

Según la firma Tank Consultoría, la reforma laboral, en los términos presentados por el Gobierno implica un golpe que puede generar desempleo e informalidad laboral, pues con elementos como la excepcionalidad de los contratos a término fijo y la implementación de aumentos a indemnizaciones por despidos sin justa causa y pagos por trabajo suplementario, es claro que se crea una situación gravosa para el sector productivo del país, lo que no solo llevará a suprimir cargos, sino que también implica una abstención en la apertura de procesos de contratación laboral.

El país requiere una reforma laboral con puntos importantes que se contemplan en esta como lo son el teletrabajo y las problemáticas de acoso laboral, sin embargo, no puede ser una reforma contemplada desde un punto de vista excesivamente proteccionista con el trabajador, a través de la cual se imponen imposibles a los empleadores, al punto incluso de casi prohibirles la libertad de elección de los tipos contractuales de sus colaboradores, pese a que son ellos quienes conocen las necesidades propias de su empresa.

Una correcta reforma laboral no puede partir del supuesto de la mala fe del empleador, por el contrario, debe propender porque ambos extremos tengan mecanismos que les permitan ejecutar correctamente sus obligaciones, y si bien el trabajador debe ser observado como un sujeto a proteger, no puede esto implicar la coacción total del empleador, pues lo cierto es que el resultado será un aumento en el desempleo y una consecuente desaceleración en la económica productiva del país, es decir, todo lo opuesto a lo pretendido por el Gobierno nacional.