Ley Zidres no da claridad sobre baldíos y desprotege a campesinos

Para los miembros de la Asociación para la Defensa y la Dignidad Llanera, Dignillanos, la legislación deja en evidencia el desconocimiento que tiene el Gobierno sobre la materia, ya que creen que toda la tierra está bajo esa condición por el hecho de que los usuarios no tienen títulos de propiedad.   El pasado 29 de enero en Orocué, Casanare, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, sancionó la ley que crea las denominadas Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, conocidas como Zidres. (Lea: Con Zidres no habrá expropiación de tierras, según Supernotariado)   Según explicó el mandatario, la legislación permitirá que se desarrollen más de 7 millones de hectáreas, con lo que se emprenderá una revolución en el campo, beneficiando a millones de personas y garantizando, de paso, la seguridad alimentaria de los colombianos.   Los 7 millones de hectáreas que se van a habilitar por cuenta de la Ley Zidres están repartidas en la Altillanura, Guajira, Urabá Chocoano y La Mojana. Son regiones con alta vocación agrícola pero que por distintas condiciones no se han podido desarrollar. El propósito es que las tierras se usen de forma eficiente, en armonía con el medio ambiente, para generar empleo digno en el sector rural.   “Estamos haciendo una revolución en el campo con proyectos productivos, infraestructura y créditos a los campesinos. La paz también nos permitirá ponerla en marcha, para que millones de campesinos colombianos puedan realmente vivir dignamente y, al mismo tiempo, aportarle a la economía del país”, expresó Santos. (Lea: Casanareños defenderán sus tierras ante eventual expropiación)   Sin embargo, para Elmer Silva Rodríguez, abogado y miembro de la Asociación para la Defensa y la Dignidad Llanera, Dignillanos, dejó ver su descontento con la norma sancionada recientemente por el Presidente, ya que a su juicio hay vacíos en aspectos trascendentales como es el tema de baldíos, debido al desconocimiento sobre la normatividad que existe sobre la tierra.   El jurista aseguró que dentro de la Ley Zidres hay 2 equívocos grandes. En primer lugar no se determinó qué es un baldío. Y segundo, a la persona que esté actualmente en un predio se le va a cobrar un derecho de superficie por el simple hecho de no tener título de adjudicación expedido por el Incora o Incoder, atentando contra la posesión, ocupación, tenencia o explotación económica que han venido haciendo los agricultores y ganaderos no solo en la Orinoquía sino en toda Colombia.   “Todo nace a raíz de la mala interpretación del Gobierno al creer que todo lo que no tenga títulos de adjudicación es baldío. Eso no es cierto. El verdadero baldío es aquella porción de tierra que nunca ha sido cultivada o explotada, esos son los terrenos que le pertenecen a la Nación. En consecuencia, todo terreno que así no tenga títulos y haya sido ocupado con la explotación de algún producto, deja de ser baldío”, argumentó Silva Rodríguez. (Columna: Acuerdo Agrario I – El destape)   Para el integrante de Dignillanos, los campesinos y productores que actualmente están en una tierra sin titulación alguna, tienen la expectativa de que esos territorios le sean adjudicados, debido a que es un casi un derecho adquirido del que habla el código civil sobre la ocupación y posesión.   “Un agricultor o ganadero, que no tiene escrituras de adjudicación, según el Gobierno, no es un ocupante de buena fe y en consecuencia deben iniciarle un proceso por indebida ocupación de baldíos, cuando no lo son; además la tierra ha estado en posesión y ocupación durante muchos años. El Estado pretende cobrar un arriendo a través de un contrato de posesión porque esos terrenos no tienen títulos. Eso es un imposible”, amplió el legista.   Para Elmer Silva Rodríguez, hasta que no haya una verdadera definición de lo que es la propiedad, el uso y el manejo de la tierra en Colombia, no va haber una política agropecuaria. “Después de solucionar el problema de la tierra a través de lo que creen que es la Ley Zidres o la restitución, y sí llegan a un acuerdo con los señores de La Habana, se va a crear otra guerra social con los poseedores y ocupantes de tierra de buena fe”, advirtió. (Columna: Acuerdo Agrario II – La tierra)   Desprotección del campesinado   Por su parte, Douglas López Chaquea, también abogado e integrante de Dignillanos, aseguró que si bien es necesaria una ley que promueva el desarrollo del campo, preocupa que quienes se vayan a robar el protagonismo sean las grandes empresas y los campesinos vayan a ser los grandes damnificados.   El legista rechazó los mecanismos tímidos de protección que tienen los campesinos con la ley. Ya que en ante el tipo de dinámicas que propone la Ley Zidres, los productores quedarían como trabajadores de las multinacionales.   “Bien lo ha dicho el senador Jorge Robledo, ‘ese es el juego del zorro con la gallina y al final el zorro se la come’. Los campesinos deben meterse en un crédito para poner a producir la tierra y seguramente el contrato que firmen con las compañías, no le apunta a favorecerlos (a los agricultores), por el contrario, ellos casi nunca se asesoran ni invierten en un abogado. En unos 5 o 7 años van a tener que vender o entregar el terreno ante la imposibilidad de pagar la deuda bancaria”, argumentó. (Lea: Falta de claridad del Gobierno en tema de tierras preocupa a Lafaurie)   La controversia alrededor de la ley continúa.