Centros de reindustrialización: apuesta por la economía popular en Colombia
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Por CONtexto ganadero - 27 de Agosto 2024
Las propuestas de los gremios afiliados a la SAC no han sido tenidas en cuenta para incluirlas en el proyecto que se debate. Consideran que va a resultar más perjudicial para los trabajadores del campo.
El mercado laboral colombiano tiene 22 millones de ocupados De esos, 3,27 millones son del sector agropecuario y de esos el 86 % está en la informalidad, pero con la reforma laboral no se ataca ese problema.
Según el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, la reforma era una ventana de oportunidad para que se tuvieran herramientas para resolver ese problema de la informalidad laboral tanto de la ciudad como del campo.
“Le propusimos al gobierno, desde que empezó, un articulado del cual recogieron algunas cosas, pero después prácticamente de 2 años y con lo que pasó en la comisión séptima de la cámara de representantes, hoy como está el texto de la reforma va a ser peor el remedio de la enfermedad”, afirmó el dirigente gremial en Caracol radio.
En primer lugar, se desconoce la realidad de cómo son algunas operaciones de la ruralidad, es decir se busca que pueda pagarse por el tiempo efectivamente elaborado, y eso no lo permite. Un trabajador rural puede tener tres empleadores en el mismo día y aquí el gobierno y del Congreso le están cercenando la posibilidad a esas personas que están en la informalidad de poder hacerlo. (Lea en CONtexto ganadero: Reforma laboral: peor el remedio que la enfermedad: SAC)
Segundo, metieron unas definiciones del sector agroindustrial para prohibir lo que ellos llaman el contrato agropecuario y eso va a generar más confusiones a la hora de un inspector laboral llegar a una empresa. Lo otro es que dicen que se deberían generar garantías de vivienda para los trabajadores rurales por parte del empleador, dependiendo de las posibilidades reales. “Usted se imagina un inspector laboral llegar a una finca cualquiera a decirle al empleador y cuáles son sus posibilidades reales”.
Fuera de eso, dijo, agregaron un artículo que lo llaman trabajo familiar comunitario que, palabras más palabras menos, llega a decir que, si el trabajo es esencialmente subordinado, y hay que empezar por definir qué es esencialmente subordinado, y también le pone otra condición, si se realiza por más de 15 horas a la semana, entonces ya se pagará el salario mínimo.
Esto es muy contradictorio porque cuando se dice que ojalá se pueda pagar por el tiempo efectivamente laborado la ministra de trabajo en una audiencia pública dijo que eso era precarizar, pero por otro lado si buscan que si hay un trabajo de más de 15 horas se pague el mínimo, entonces ahí sí cambia la condición.
Igualmente, manifestó que resulta curioso que cuando se mira el capítulo que están haciendo, en la misma reforma, para las plataformas digitales y los domiciliarios, pareciera que ahí sí se abren la puerta al tema del trabajo por horas. (Lea en CONtexto ganadero: Reforma laboral 2.0 no trae grandes cambios ni consulta a comerciantes y empresarios)
En resumen, indico, aquí el llamado es al gobierno nacional a que reflexione que “yo creo que no lo va a hacer, pero a los representantes a la cámara, que la gran mayoría vienen de zonas rurales que ya llegó el momento de las definiciones o quieren pasar a la historia acompañando el gobierno en algo que le va a hacer más daño a la informalidad laboral de la ruralidad”.
Sostuvo que hay un doble discurso, esto es más de política y no de política pública y eso no va a resolver la situación. Hay mucho diálogo, pero nada de concertación y “ya la responsabilidad la tiene el gobierno y el Congreso de la República. Si ustedes le quieren hacer daño al sector agropecuario, al mercado laboral y no van a ayudar a resolver el tema de informalidad por unas rigideces de dogmatismo en materia de lo que ellos creen del mercado laboral alejado de las realidades, pues bueno para eso son gobierno y para eso son congreso pero nosotros sí tenemos la responsabilidad de decirle a la opinión pública, al Congreso y al gobierno ojo porque lo que van a dejar aprobado puede ser peor”.
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