Conozca las observaciones del expresidente Uribe al proyecto de reforma a la salud

El expresidente y ponente de la Ley 100 como congresista, Álvaro Uribe Vélez, es otro de los personajes que se suma a quienes formulan críticas al proyecto de reforma a la salud del gobierno.

De acuerdo con el ex mandatario, la reforma “marchita al sector privado, limita el derecho de libre escogencia y podría provocar clientelismo político”. Además, las EPS “se acaban”.

En total fueron 52 alertas que formuló Uribe sobre este proyecto de ley que está para discusión en las sesiones extras del Congreso y que ha tenido críticas y observaciones desde todos los sectores, incluyendo el mismo gobierno.

Según indicó, en la primera lectura al proyecto de ley se observa un guion ideológico que marchita al sector privado, incluidas las fundaciones de salud, e impone un peligroso monopolio estatal, ayudado por un sinnúmero de colectivos de muy probable homogeneidad política.

El Sistema actual es mixto: El Estado regula, esto es legisla, también vigila, pero no es el único operador. Pueden prestar el servicio entidades estatales, mixtas, privadas, cooperativas, fundaciones, cajas de compensación familiar, etc. El lucro que asignan a las buenas EPS es mucho menor que los costos de la ineficiencia pública. La buena EPS que más gasta en administración no supera el 4,5 % y los rendimientos patrimoniales han sido mínimos o negativos. (Lea: Conozca las propuestas de los empresarios frente a la reforma a la salud)

El Sistema actual está sometido por la Constitución a los principios de solidaridad, universalidad y eficiencia. No cabe una división entre pobres y ricos pues la solidaridad del sistema lleva a que no obstante la diferencia en cotizaciones todos tengan los mismos beneficios, las mismas atenciones y el acceso a los mismos hospitales, públicos, privados o de fundaciones.

La división verdadera que existe es entre regiones bien dotadas y las deficientes, especialmente en la ruralidad. También hay deficiencias que el proyecto señala en los determinantes sociales como alimentación, vivienda, educación, servicios públicos, etc.

Es clara la división en resultados entre las entidades bien administradas y aquellas con corrupción y/o politiquería. Además, el servicio es malo en centros de salud y hospitales, especialmente públicos, en estado de deterioro.

De acuerdo con el proyecto, la afiliación a la salud sería a través del registro en un Centro de Atención Primaria (CAP), que independiente de su naturaleza pública o mixta, estaría inmerso en un Sistema de Monopolio Estatal. Habría un centro por cada 25 mil personas. Se necesitarían no menos de dos mil nuevos centros con un costo aproximado a 10 billones de pesos, suma que parecería para la obra física y dejaría por fuera los equipos.

El CAP definirá la necesidad del afiliado de ser referido, remitido, a un servicio de más complejidad, esta decisión parece muy compleja y sometida a cuatro conceptos. Una de las mayores quejas en Colombia, que se expresa en buena parte de las 90 mil tutelas anuales, es la demora para remitir pacientes. Con el entramado burocrático propuesto, este problema podría aumentar.

Se limita el derecho de libre escogencia que tampoco puede entenderse como absoluto pues hay regiones que no ofrecen suficiente infraestructura para escoger y para prestar un buen servicio tampoco conviene la pluralidad de aseguradores. (Lea: Con los CAP, gobierno espera mejorar atención en salud rural)

Las tarifas serán únicas y las fijará el Gobierno Nacional. El mismo Artículo 47 expresa que con las tarifas se modulará el Sistema no solamente en resultados sino también en oferta de servicios. No aparece norma que obligue al criterio diferencial por características de regiones, con sus perversos efectos en la calidad y en el aumento del gasto de bolsillo de los ciudadanos.

El presupuesto de 2023 tiene una partida de $1.5 billones para el mejoramiento de los centros básicos en zonas rurales. La suma crecería al 1.1 % real anual, durante 10 años. No se varían los montos de cotizaciones pero se prohíben los copagos y cuotas moderadoras, aunque se mantienen para lo que no sea “Urgencia vital”. El Sistema actual los restringe al Régimen Contributivo y de acuerdo con una focalización por ingresos, lo cual es más equitativo.

El Sistema actual, con la tutela, la Superintendencia de Salud, la variedad de entidades, ofrece más caminos para que el ciudadano reclame. La posibilidad de reclamo en un monopolio estatal se convierte en un privilegio político.

Sobre la entrega de medicamentos, dice que se hará a través de entidades habilitadas para dispensarlos. Aquí surge otra preocupación, que cualquier farmacia o dispensario de medicamentos tenga que depender de un monopolio estatal, con riesgos de desabastecimiento y de logística de distribución.

En los Fondos Regionales habrá un director, que será funcionario de ADRES -administradora oficial de los recursos-, quien autorizará los contratos y los pagos. El Estado pasa de vigilar, que también ha operado pero sin monopolio, a ser el único que contrata y paga. Si bien hoy existen demoras en pagos y saldos que los hospitales no han podido recuperar, el monopolio estatal puede agravar el problema en la medida que al gasto acelerado de los recursos, al agotamiento posterior, se sume la intriga política que reemplace el reclamo democrático, viable por el sistema mixto.

El proyecto propone una cantidad de instituciones burocráticas, la mayoría integradas por colectivos, con riesgos de peligrosa selección con criterio político, que en lugar de ayudar afectan la administración y crean excesivos costos y duplicidades. Además de los 11.700 equipos territoriales y de los 5.000 promotores de salud, hay otras creaciones: en la página 133 del Proyecto, exposición de motivos, se lee el listado de 9 entidades que se crearían, 8 de las cuales serían colectivos; 6 de las 9 estarían en el nivel territorial, en clara duplicidad con la institucionalidad de salud distrital, departamental y municipal. (Lea: Costo de la reforma a la salud supera los $20 billones)

De aprobarse el proyecto se pasaría del sistema de aseguramiento mixto a uno de intermediación estatal y política. En efecto, el proyecto desconoce el carácter de aseguradoras de las EPS y obedece a la descalificación que las ha considerado meras intermediarias.

Las buenas EPS representan al paciente, que quedaría a merced de un sistema exclusivamente estatal con riesgos, difícilmente evitables, de intriga política y de corrupción.

Hospitales de regiones remotas o de población dispersa, reciben presupuestos oficiales sin que deban corresponder a facturas por servicios prestados, se haría un gran daño si esta práctica excepcional fuera generalizada porque estimularía el derroche.

Concluye señalando que las mejoras que necesita la salud colombiana podrían verse frustradas por el monopolio estatal que consagra el articulado del proyecto. “Aprobar un monopolio estatal es dar un paso difícil de revertir. La ley 100 ha permitido ajustes, los monopolios estatales tienen una rigidez que los excluyen”.