Con los CAP, gobierno espera mejorar atención en salud rural

Después de mucha espera, finalmente este lunes el gobierno dio a conocer el proyecto de reforma a la salud que todos estaban esperando y que se redactó con total hermetismo.

El proyecto que comenzará a ser debatido en las comisiones séptimas de Senado y Cámara, en las sesiones extras que iniciaron la semana pasada tiene altas probabilidades de ser aprobado en tiempo récord teniendo en cuenta que las mayorías son fieles al gobierno.

Uno de los ejes principales de la reforma serán los Centros de Atención Primaria (CAP) que podrán ser públicos o privados, los cuales no serían “un centro de atención de personas con algún personal médico allí, sino que tiene que ir al territorio”. El objetivo es que las enfermedades se eviten o detecten a tiempo y sean tratadas en puntos privados, públicos y mixtos a los que puedan asistir todos los colombianos.

Los CAP no solamente atenderán a los pacientes, sino organizarán el territorio en un promedio de 25.000 personas por cada uno y distribuidos según el lugar de vivienda o trabajo. “De esta forma, los equipos médicos visitarán de manera permanente, rutinaria y constante a las familias de dicho territorio, estén donde estén, para disminuir las causales de la enfermedad, eliminarla si es posible o atenderla aún en un estado primario en donde todavía sea posible salvar la vida”.

Para llevar a cabo la transición al nuevo modelo se requiere la construcción de 2.500 CAP, que según los datos revelados por la Cartera costarían cerca de $8.8 billones, únicamente para cubrir el 41 % de la reforma, equivalente a la mano de obra indirecta.

Sobre los costos el Ministerio de Salud persigue un modelo de financiación por oferta, es decir, además de esos $8.8 billones, los costos de mano de obra indirecta que se refiere al 19 %, adicionalmente los gastos de operación comercial y de prestación de servicios relacionados equivalente a un 18 % y más el 20 % que cuestan los gastos generales. (Lea: El 70 % de los colombianos en el sector rural considera que los servicios del actual sistema de salud son buenos: encuesta Invamer)

Este financiamiento por oferta, según el Ministerio, se calcula a partir del número de prestadores de servicio, la cantidad de municipios inscritos a las entidades, los usuarios que atienden y se establece el costo per cápita anual por usuario y el costo per cápita mensual.

De acuerdo con cifras de la cartera de salud, por cada usuario del sistema para la atención primaria el costo per cápita anual sería de $508.232, es decir, que para la atención de los 48.9 millones de colombianos el costo ascendería a $24.8 billones.

Según la ministra de Salud, Carolina Corcho, el proyecto busca la equidad y el cierre de brechas sociales, económicas y regionales. Consideró que “nuestro sistema de salud es muy inequitativo, porque, aunque hay una oferta de servicios importante y avanzamos mucho en eso, esa oferta de servicios se da, sobre todo, en las grandes ciudades”. Al respecto, citó el caso de Bogotá, donde la prestación “está concentrada en el norte y en el oriente de la ciudad, pero en el sur de la ciudad, no”.

Señaló que si se mira la situación de todo el territorio nacional, “casi que en más de la mitad del país, en la zona dispersa, rural, en los barrios populares, hay muy poca oferta de servicios de salud”.

En cuanto a la controversia por el futuro de las EPS, el Gobierno finalmente aseguró que no se eliminarán las entidades que se adapten al sistema planteado y cumplan las condiciones para operar, estas son aproximadamente ocho, pues las demás deberán ser liquidadas, según informó Noticias RCN. (Lea: Reformas, inflación y clientela)

La función de las EPS ya no será administrar, pues según la ministra, las deudas en el sistema demuestran que esta labor no se ha llevado a cabo correctamente por los privados, por ellolos recursos serán administrados por la Adres, que girará el dinero directamente a los hospitales y clínicas de Colombia.

Tal como parece ser la filosofía del gobierno se busca tener el control de casi todo, en este caso se quiere “recuperará el manejo de los recursos públicos de la salud para que de manera transparente sean dirigidos a la salud y la vida en Colombia y así restablecer el derecho a los territorios donde el actual sistema no envía los recursos”.

El fundamento del sistema de salud será la atención primariacon elementos de prevención, rehabilitación y una red de centros de atención en todo el país. El Gobierno se volcará a aquellos territorios en los que no hay presencia.

Igualmente, la promesa es dignificar a los trabajadores de la salud que se encuentran en situación de informalidad y precarización.

La salud no es solo la atención de la enfermedad sino los determinantes sociales de la salud, el agua potable, el medio ambiente, la soberanía alimentaria y los elementos que determinan la vida de los colombianos. El proyecto construye un instrumento para que se diseñen políticas públicas que permitan salvar vidas en cuanto al tema de minería, contaminación medioambiental, hambre, agua y demás.

Preocupaciones de los gremios

La Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud (Gestarsalud) formuló una serie de críticas al proyecto, con base en lo que se conocía antes de su presentación, como que el Estado a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), administrará los recursos públicos de la salud. (Lea: Empresarios piden al gobierno acciones para evitar impactos fuertes en 2023)

De esta forma, el proyecto de reforma a la salud elimina a todas las EPS, incluso las mejor calificadas, sus funciones son asignadas a otras entidades sin experiencia y se crearía, de fondo, un monopolio público en manos de la Adres. Se regresaría así a muchos de los problemas del Seguro Social, que en su momento no fue capaz de gestionar la salud de tres millones de personas, pero ahora sería peor porque la Adres, que no sabe ser EPS, tendría que responder por la salud de 51 millones.

La plata de la salud estaría expuesta a las dinámicas de la política local. Para reemplazar la función de las EPS aumentarían la burocracia estatal y los cargos públicos, así como el riesgo de corrupción y politización.

Los pacientes que requieran atención con especialistas serán remitidos a los centros hospitalarios de mediana y alta complejidad públicos, privados y mixtos que hagan parte de su red. Con esta figura hay riesgo de que aumenten los tiempos de espera y la congestión porque la gente tendría menos puertas de entrada para ser atendido.

Por su parte, la Andi dio a conocer más de 30 propuestas para la discusión de la reforma a la salud, divididas en ocho segmentos: modelo de atención, atención primaria en salud, modelo de aseguramiento en salud, financiamiento y sostenibilidad, sistemas de información, talento humano en salud, gobernanza y rectoría del sistema de salud, y, tecnologías en salud.