Cecilia López explica cómo va la reforma rural integral

La ministra de Agricultura despejó muchas de las dudas que han ‘ensombrecido’ el proceso: aseguró que la meta de titulación puede alcanzarse acorde a la eficacia del trabajo, traerán expertos coreanos para asesorar en asuntos catastrales, aparecieron más ofertas de venta y personas con intención de donar tierra.

A pesar del escepticismo de algunos sectores tanto de izquierda como de derecha, ahondado por la negativa de comprar tierras a través de la expedición de bonos de deuda anunciada por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, la Reforma Rural Integral va tomando forma en todos sus aspectos. Algunos asuntos de orden técnico y económico que se vislumbraban como cuellos de botella, parecen ser hoy cosa del pasado y otros se ajustarán vía proyectos de ley.

La ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, en un debate en la Comisión Quinta del Senado de la República se refirió a varios asuntos, entre ellos, los avances que se han logrado para la puesta en marcha de la Reforma Rural Integral, uno de los programas bandera del gobierno Petro.

Al inicio de su intervención, la alta funcionaria destacó el interés que algunos Congresistas han puesto en la búsqueda de soluciones al tema de las ocupaciones ilegales. “Lo señalado por usted senador [Marcos Daniel] Pineda coincide con el diagnostico que hemos tenido: las invasiones siguen teniendo a los territorios en la pobreza, sigue la inseguridad y también creo que obedece a una falta del ordenamiento territorial, ese es un tema que el país ha postergado desde siempre y esto da origen a muchos de los problemas que el país tiene ahora”, le respondió la ministra al congresista Conservador, quien en el debate en comento esbozó situaciones bastante complejas que giran alrededor del asunto.

Las invasiones han disminuido 30 %

En ese mismo sentido, advirtió que si bien las invasiones empezaron a posicionarse en las agendas pública y política días previos a la posesión del presidente Petro por los eventos violentos y sostenidos primero en el norte del Cauca y después en todo el país, no son responsabilidad del nuevo gobierno. “Cuando empezamos el debate quedó claro, como lo han señalado ustedes, que este no es un fenómeno exclusivo de este gobierno, es un problema que el país ha venido acumulando entre otras cosas porque el tema de tierras se ha venido postergando y la prueba es que no ha habido una Reforma Agraria, ha habido intentos que han fracasado a lo largo de la historia”, dijo Cecilia López Montaño.

Frente a esta situación en concreto y dadas las críticas que se la han hecho a la poca participación de su cartera en el asunto, aseguró que luego de un estudio, junto con su equipo de trabajo, pudieron determinar que al Ministerio de Agricultura no se le asignó constitucional ni legalmente este tipo de funciones, es decir, no puede intervenir de manera directa.

“Lo primero que hicimos fue tratar desde el Ministerio de Agricultura averiguar qué nos compete y que no y la primera reacción era ¿cuáles son las tres líneas de acción que uno ve? Entonces lo que uno ve es que las acciones del Ministerio directas en este campo no están, nosotros tenemos que responder con políticas públicas a una realidad que es la de las invasiones”, dijo Cecilia López.

A renglón seguido explicó: “Las primeras son acciones policivas, acciones civiles y acciones penales. Ahí en acciones policivas la alternativa es una preventiva por perturbación del orden, preventiva por perturbación a la posesión y obviamente esto termina en acciones de policía. En las acciones civiles están las alternativas restitución o despejo, conservación, perturbación o amparo, reivindicación con sus distintas normas y esto se lo dejo a nuestro querido Ministro, ahí actúan los jueces civiles y municipales. Finamente las acciones penales cuyas alternativas son usurpación de inmuebles, invasión de tierras, avasallamiento de bien inmueble y ahí entran la Fiscalía y los jueces penales”.

Esta información, coincide, por ejemplo, con los folletos que Fedegán —otro de los protagonistas y parte activa de la Reforma Rural Integral— compartió en los Grupos Solidarios de Reacción Inmediata para que los ganaderos víctimas de invasión supieran a ciencia cierta cómo actuar de acuerdo a la Ley. Aseguró sobre este asunto, que desde el anuncio que hizo acompañada de José Félix Lafaurie y la Junta Directiva de Fedegán sobre la compra de tres millones de hectáreas de tierras fértiles, las ocupaciones ilegales a predios privados se han reducido en un 30 %.

Si bien se siguen presentando invasiones en varios departamentos del país y en algunas zonas como el Cauca no se ha podido recuperar la tierra ocupada ilegalmente por los indígenas del Cric, la disminución de los eventos es sin duda un gran logro, si se tiene en cuenta que hace solo dos meses el problema parecía estar fuera de control, sin solución aparente a la vista y con el agravante de las opiniones encontradas de los miembros del alto gobierno y el mismo presidente que hacían pensar que estaban legitimando esas acciones ilegales.

Esta situación puede ser en gran medida la motivación de algunos hacendados y terratenientes para donar parte de sus terrenos como informó Cecilia López en la Comisión Quinta del Senado.

MinAgricultura y sus instituciones necesitan ajustes

Varios analistas coinciden en que estas cifras positivas están ligadas a los anuncios que se han venido haciendo en ese sentido desde el Gobierno y la disposición mostrada por gremios otrora antagónicos como Fedegán, que se sumaron no solo con una propuesta de venta de tierras, sino que también se ofrecieron como facilitadores y veedores de la transparencia del proceso de compra y adjudicación. Éste último procedimiento, al que José Félix Lafaurie se ha referido en múltiples ocasiones también es visibilizado desde el Ministerio de Agricultura: un componente de acompañamiento técnico, infraestructura y créditos blandos a los campesinos.

Cecilia López contó a modo de anécdota que mientras viajaba al Putumayo se le ocurrió que era el momento oportuno para comprometer de lleno al Gobierno con la tan anhelada reorganización del campo colombiano. Por eso en medio de una reunión con cocaleros envió un mensaje directo a sus compañeros de gabinete y al mismo presidente Petro: “Demostremos que la Reforma Agraria es una realidad, que la Reforma Agraria es una política que se va a implementar, que sí se va a hacer un proceso de distribución de tierras”.

Una vez comprometidos con todo el país, varias de las instituciones que tienen un papel relevante en este proceso han acelerado todas sus actividades para cumplir con los tiempos y metas plateadas. “Lo que hicimos inmediatamente con el apoyo de la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo fue decir muy bien así haremos el proceso y ahí salió la primera reacción que fue la titulación, entonces nuestra reacción fue actuar inmediatamente sobre uno de los cuatro instrumentos de la política de Reforma Agraria y yo creo que es el momento de plantearlo para que evaluemos cómo vamos, primero es la titulación, segundo es qué hacemos con las tierras de los narcotraficantes, tercero, comprar tierra para distribuir y cuarto poner en ejecución la Sentencia de la Corte cuando la tengamos sobre baldíos”, relató la ministra de Agricultura.

Aunque las estadísticas oficiales de adjudicación e identificación de posibles fuentes para alimentar el Fondo de Tierras puede ser un indicio de que no solo hay buena voluntad para sacar adelante este ambicioso proyecto, desde el gobierno central son conscientes de la debilidad jurídica y operativa de algunas entidades a las cuales vienen ajustando para que no se queden sin herramientas a mitad de camino.

“Hay un punto que yo quiero traer aquí: ¿qué tan preparado está el Ministerio de Agricultura y sus instituciones para semejante desafío? [En ese sentido] tenemos una absoluta prioridad […] hacer unas modificaciones muy profundas en el Ministerio, en sus Agencias, en toda la estructura del sector rural; eso tiene que funcionar no solamente a nivel nacional sino regional y a nivel regional quiero decirles que estamos crudos. La operación del Ministerio de Agricultura y sus instituciones no está lista y así como le pedía a los invasores que nos dieran espacio y tiempo para podernos preparar a ustedes les pido tiempo para poder adecuar el aparato institucional”, expuso la alta funcionaria.

Advirtió además sobre este particular, que es imperativo que todas estas instituciones con competencias en el tema y dinamizadoras de los componentes de la Reforma Rural Integral se ajusten jurídicamente y tengan ahora sí real presencia en las regiones, pues solo de esta manera pueden garantizar la recepción y distribución de la tierra, extinción real de dominio a los narcotraficantes o verificación y acompañamiento a los proyectos productivos que se inicien en los predios adjudicados.

“Créanme que estamos trabajando a marcha forzada, algunas cosas necesitan Ley y esperamos usar el Plan de Desarrollo para tales fines, pero eso no significa que podemos esperar hasta que el Plan funcione, debemos tener una operación de emergencia en estos meses, ese es como un mensaje general”, sostuvo López Montaño ante los senadores de la Comisión Quinta del Senado.

El gobierno Petro cumplirá con la meta de titulación

Otra de las preocupaciones no solo del Gobierno sino de los colombianos en general tiene que ver con los tiempos que la Ley otorga para cumplir con lo pactado en La Habana con las Farc. No hay que perder de vista que el punto número uno del Acuerdo de Paz estableció un plazo de 12 años para cumplir con la titulación de siete millones de hectáreas y la distribución de tres millones a campesinos desposeídos o necesitados de ella.

A este respecto, la ministra se mostró bastante optimista, muy a pesar del poco avance conseguido en el gobierno de Iván Duque. “Hasta donde entiendo el Gobierno anterior alcanzó a titular 900 mil hectáreas y son 7 millones, nosotros en este momento, el 15 de noviembre terminamos entregando 681.000 hectáreas tituladas y esperamos, si tenemos un poco el apoyo de titulación de la Sociedad de Activos Especiales, terminar con 900.000 o un millón, si seguimos a este ritmo creo que vamos a cumplir inclusive antes de tiempo”, detalló.

En este punto, advierte que ha sido importante el paso adelante que dieron los ganaderos agremiados en Fedegán para vender la tierra que el Gobierno necesita para llevar a cabo la Reforma Rural Integral y cumplir con el punto uno de los Acuerdos de La Habana.

“Les doy una chiva: me acaba de llegar otra oferta de tierras, es decir, la oferta de Fedegán abrió un espacio, y nos obligó a una metodología no solo para comprarle a Fedegán, sino para comprar tierra en general, ya tuvimos una nueva oferta que estamos estudiando de 800 hectáreas. Hoy cuando venía al Congreso me llegó una solicitud de la Costa de gente que tiene mucha tierra y que le interesa, tenemos unos predios que queremos vender, incluso, algo que no se ha concretado, hemos tenido donaciones de pequeños predios de 10 hectáreas”, informó Cecilia López.

Destaca también, como dijeron en su momento muchos analistas tras el anuncio, que la suscripción de un acuerdo para compra de tierras aleja por completo el fantasma de la expropiación, que durante toda la campaña Presidencial fue objeto de debate y cuestionamientos. “Miren lo que pasó aquí, es muy interesante porque sí hay todo el potencial para hacer toda una redistribución de tierras y no a la fuerza, una redistribución voluntaria”, clarificó la alta funcionaria.

Igualmente precisó en qué consisten los mecanismos de verificación y estudio para los terrenos que se pongan a la venta. Según la ministra, una vez que llega la oferta se verifica en los mapas que reposan en la Agencia para la Restitución si los predios en comento están dentro de las bases de datos del Conflicto, si eso se comprueba, se desecha la proposición, cuando no está ubicado en esas zonas, un equipo de abogados verifica el estatus real de los bienes. “Que el país sepa que hasta donde nos dará la capacidad como seres humanos, que esa tierra que entra es la tierra que no tiene ningún problema en su historia”, se comprometió López Montaño.

La tierra adjudicada tiene que ser productiva

José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegán ha sido uno de los más acérrimos defensores de este mecanismo, pues considera que es la única forma de blindar jurídicamente los terrenos adjudicados, evitando así los errores que en el pasado cometieron agencias del Estado como el Incora. También ha difundido en columnas de opinión y entrevistas la idea de que la adjudicación debe tener muchos más elementos que permitan al campesino hacer verdaderamente rentable y productivo el terreno.

Recientemente, en una de sus acostumbrados artículos de fin de semana, al referirse a los yerros en pasadas iniciativas de este tipo y los elementos que debería contener la Reforma Agraria de Petro, escribió: “La corrupción fue uno de esos errores, pero el más importante fue la falta de integralidad, limitando la reforma a la entrega de parcelas que terminaron vendidas, despojadas o en manos de campesinos pobres sin tierra, que pasaron a ser campesinos con tierra, pero igualmente pobres. [La adjudicación tiene que estar] acompañada de las condiciones que la hacen productiva (vías, energía, agua, asistencia técnica, crédito, etc.). Lo contrario es la profundización del minifundio y la pobreza rural”.

En este mismo sentido fueron las reflexiones de Rudolf Hommes, quien también ha estado bastante activo en medios de comunicación y redes sociales analizando el asunto y ofreciendo opiniones para enriquecer el debate. De acuerdo con el exministro de Hacienda el proceso de adjudicación de tierras tiene que darle prioridad al componente técnico y de asistencia al campesinado.

“Eso [compra y adjudicación de tierras] no es así automático como soplar y hacer botellas, el Gobierno tiene que organizarse, tiene que conocer qué predios va a comprar, qué va a hacer con ellos, tiene que crear una institución para ayudar a los campesinos, en todo, en cosechar, en comercializar, a financiarse, eso se llama Extensión Agropecuaria. Muchos de los problemas con el ejercicio de reforma agraria en el pasado es que le entregan a la persona, que no tiene mucho conocimiento, un predio grande, y no tiene capital para hacerlo producir, eso es lo que tenemos que resolver”, comentó Rudolf Hommes

Lo primero que reveló como novedad sobre esto, la jefe de la cartera de Agricultura, fue que la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra) tiene bastante avanzada la ubicación de los predios a adquirir atendiendo básicamente a su calidad y aptitud para la agricultura. “La Upra tiene unos mapas que les recomiendo, muy claros que identifican en cualquier parte del país qué tierra es productiva, qué tierra no es productiva, pero además qué tipo de producción recomienda, lo que tiene la Upra es por región, lo que está tratando de hacer es por territorio para que nos quede más fácil, ahí hay dos productos de esa decisión”, anotó Cecilia López.

Después, como primicia indicó que se tienen bastante adelantados algunos procesos de compra en zonas específicas del país y que se están llevando a cabo reuniones con los propietarios de esos bienes para estudiar la factibilidad de la compra y los planes de inversión que deben implementarse para cumplir con la exigencia de integralidad.

“Como esto va ir acompañado de paquetes de proyectos productivos, es evidente que estos mapas nos van a decir cuáles son las zonas productivas, el Igac y la Upra definen esos máximos y mínimos y el segundo paso es en el que estamos trabajando en las zonas donde ya se va a comprar, estamos llamando a una mesa con los ganaderos y con quienes ofrezcan, yo creo que ese escenario será en la región Caribe y el Magdalena medio dentro de la frontera agrícola que no es tan costoso para cultivar”, pormenorizó López Montaño.

Acorde con las exigencias de esta iniciativa a gran escala y en atención a que no cuenta el Ministerio de Agricultura con el personal idóneo para adelantar esos estudios, proyectan contratar expertos internacionales. “Vamos a traer asesores de Corea para ver qué tanto podemos simplificar el catastro para aplicarlo en las zonas donde se va a comprar, no podemos ignorar la dinámica natural del catastro y ahí se define el precio y se inicia la negociación de compra”, aseguró la Alta funcionaria.

Finalmente, envió un parte de tranquilidad, pues todos los movimientos que ha ejecutado el Ministerio de Agricultura en torno a la Reforma Rural Integral están enmarcados en las peticiones y proyecciones de los más connotados opinadores y analistas del devenir político colombiano.

“Yo llegué a una conclusión, yo no quiero que la Reforma Agraria sea una trampa de pobreza, es decir que deje a la gente encerrada en la pobreza, ese es un error de la política social por ejemplo de la que ha hecho Colombia, es un requisito en la política de los Estados Unidos, la política social tiene que ser un estímulo para que la gente trabaje y produzca, esa es la misión de la Reforma Agraria, asegurarnos que quien reciba la tierra la trabaje y produzca, no para mantener un estatu quo de pobres”, puntualizó Cecilia López.