5 “perlas” detrás de los acuerdos de paz, según el procurador Ordóñez

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, ve necesario que el país tenga una pedagogía sobre los acuerdos a los que llega el Gobierno Santos con las Farc. “Les están metiendo los dedos a la boca a unos y a otros, esa impunidad difícilmente será sostenible en el tiempo”, dijo.   Durante la audiencia de los acuerdos de paz que se llevó a cabo en el salón de la Constitución del Capitolio Nacional, el funcionario aseguró que seguirá en la tarea de advertir todas las irregularidades que se presenten al interior del proceso que el Gobierno Santos adelanta con las Farc.   “Lo importante no es firmar, sino que la tarea quede bien hecha en materia de justicia. Es vital respetar los estándares internacionales y eso no es lo que se está haciendo con este proceso. Como quedó el acuerdo en La Habana, la paz no será sostenible porque las penas para aquellos que cometieron delitos serán simbólicas. Esa es la gran mentira que se les dice a las víctimas y a la comunidad internacional”. (Lea: El laberinto de la paz)   Por ello, Ordóñez Maldonado dio a conocer lo que el llamó “las perlas y las consecuencias” de los acuerdos que se establecieron en La Habana, Cuba, entre el grupo negociador de Santos y las Farc. La primera de ellas es que en dicho documento se privilegia la verdad, pero se suprime la condena en consideración de la participación y la gravedad del crimen.   El acuerdo dicta que:   “Para todos aquellos que reconozcan responsabilidades por los delitos competencia del Sistema, la sanción tendrá un componente de restricción de libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de las mismas mediante la realización de trabajos, obras y actividades y en general la satisfacción de los derechos de las víctimas. Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de 5 años y un máximo de 8 de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales”.   El procurador señaló que: “De eso se desprendería que los máximos responsables de las atrocidades de las Farc que reconozcan los crímenes no cumplirán penas de prisión, sino que tendrán sanciones como ‘trabajos, obras y actividades’ que no es otra cosa que trabajo comunitario, con un componente de ‘restricciones a la libertad’”. (Lea: TerreFarc)   La segunda “perla” que Ordóñez identificó en dichos acuerdos es que los responsables pueden proponer qué tipos de trabajos desarrollarán, es decir, el tipo de sanción simbólica. “Si esto no es grosero, entonces ¿qué es? Además, podrán presentar un proyecto de forma colectiva o individual y el lugar en el que lo realizarán”.   La tercera “perla y más grande que la anterior”, según el funcionario público, consiste en que aquellos que presenten sus proyectos serán los mismos encargados de realizar una veeduría en el cumplimiento de esta pena simbólica, “la cual podrá finalizar en menos de 5 años, si por ejemplo se habla de la construcción de un colegio, que puede tardar máximo 2 años”.   La cuarta “perla” consiste en que el acuerdo protege a la cúpula del grupo guerrillero. “El Gobierno se comió el anzuelo: para concederle impunidad a la cúpula de las Farc la concede a los agentes del Estado y creen que con generalizar la impunidad se blinda el acuerdo. Generalizando la impunidad se dejan desguarnecidos a unos y a otros”, advirtió este jueves el procurador general de los colombianos.   En otras palabras, habría “inseguridad jurídica” para cabecillas de la guerrilla y mandos del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía. “Les están metiendo los dedos a la boca a unos y a otros, esa impunidad difícilmente será sostenible en el tiempo. Con el afán de legitimar la decisión de no imponer penas de reclusión a los responsables de atrocidades de las Farc, el Gobierno hábilmente y aprovechando la percepción de falta de garantías judiciales que se ha generado al interior de la Fuerza Pública, promete extender similares beneficios a militares y policías (…) Lo que ‘Timochenko’ y el presidente Santos les ofrecen es una absoluta inseguridad jurídica. Les están dando un pasaporte directo, sin escalas, a la CPI (Corte Penal Internacional)”, precisó. (Lea: 21 gremios le piden al Congreso revisar el tema del plebiscito por la paz)   Por último, el jefe del Ministerio Público afirmó que dichos trabajos comunitarios o sanciones simbólicas que llevarán a cabo los responsables de crímenes, se convierten en elementos de proselitismo político, porque se busca transformar la imagen de las Farc y luego legitimar al grupo como un actor político.   “Quieren generar simpatías políticas en la ciudadanía a través de obras que serán financiadas con los recursos del Estado. No se financiarán las obras con los recursos de las Farc. Dicen: yo quiero construir ese puente y esa es la sanción. El Estado financia la construcción del puente, esa es la sanción. Los impuestos nuestros, parte de la reforma tributaria que se nos viene, es para financiar las obras de las Farc”, explicó.   A continuación, las declaraciones completas del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado.

(Cortesía: Procuraduría General de la Nación)