Más de 1,3 millones de firmas contra el glifosato en la UE

Oenegés ecologistas presentaron este lunes a responsables de la Comisión Europea una petición con más de 1,3 millones de firmantes pidiendo la prohibición del glifosato, un controvertido y extendido herbicida, antes de un voto crucial sobre su renovación en el bloque.   El ejecutivo comunitario "continúa anteponiendo los intereses a corto plazo de la empresas químicas a la salud de las personas y del medio ambiente", dijo en Bruselas el director para Europa de Greenpeace, Jorgo Riss, quien instó a Bruselas a prohibirlo.   "La investigación científica y la experiencia de miles de agricultores 'bio' demuestran que los pesticidas y el glifosato no son necesarios", agregó tras reunirse con el comisario de Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis, y el vicepresidente Frans Timmermans.   Este encuentro llega dos días antes de que expertos de los 28 países del bloque se pronuncien, a instancias de la Comisión, sobre si renovar durante 10 años la licencia de este herbicida, uno de los más utilizados del mundo.   Para salir adelante, la decisión necesita al menos el visto bueno de 16 países representando como mínimo el 65% de la población total del bloque. Sin embargo, las diferentes capitales se encuentran divididas al respecto.   Francia, Austria e Italia anunciaron públicamente que rechazarán una autorización durante un decenio. El ministro de la Transición Ecológica, Nicolas Hulot, propuso este lunes una renovación limitada a "tres años" para estudiar eventuales "alternativas".   Los detractores de este herbicida, continúan apoyándose en un estudio del Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que lo considera "probable cancerígeno".   La Comisión defiende en este sentido los informes de las autoridades europeas que descartan ese efecto "cancerígeno" y su independencia, ante las críticas de plegarse a los intereses de la industria agroquímica.   La comisión de Medio Ambiente y Salud de la Eurocámara pidió al ejecutivo comunitario la retirada de esa propuesta de prolongación y su desaparición progresiva durante tres años, una petición que deberá confirmar el pleno del parlamento europeo este martes.