Inició juicio en EE.UU. contra Chiquita Brands por financiar paramilitares en Colombia

El lunes 29 de abril inició oficialmente el juicio contra la multinacional Chiquita Brands, en Estados Unidos, por su financiación al paramilitarismo en Colombia y por los derechos de centenares de víctimas del paramilitarismo en el Urabá antioqueño y el Magdalena Medio de Colombia.

Antes de hacerle pagos a paramilitares, Chiquita Brands hizo lo propio con las diferentes guerrillas que tenían presencia en Urabá y Magdalena. La situación cambió con la expansión paramilitar y en 1997, cuando directivos de la multinacional se reunieron con Carlos Castaño, jefe y vocero de las Auc.

Según el diario El Espectador, en 2007, después de que se expusieran registros mercantiles, correos y testimonios, la multinacional fue condenada por entregar USD$1,7 millones a grupos paramilitares entre 1997 y 2004. A partir de esa condena, campesinos, ganaderos y pobladores colombianos demandaron a la empresa. Un Tribunal de Florida escogió los casos más representativos y definirá si esa financiación estuvo conectada directamente con crímenes atroces cometidos por los paras.

El centro de la controversia está en que, mientras Chiquita Brands entregaba el dinero, en 2001, el gobierno de Estados Unidos designó a los paramilitares como una organización terrorista extranjera. (Lea en CONtexto ganadero: Paramilitares de izquierda en la era Petro)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos concluyó que “lo que hace esta conducta moralmente tan repugnante es que la empresa continúo mes tras mes, año tras año pagando a los mismos terroristas. Lo hizo sabiendo perfectamente que, aunque sus fincas estuvieran protegidas y sus trabajadores estuvieran protegidos mientras estaban literalmente en ellas, Chiquita estaba pagando dinero para comprar las balas que asesinaron a colombianos inocentes fuera de sus fincas”.

Ese proceso concluyó con que la multinacional debía pagar US$25 millones de multa y cooperar con investigaciones en curso. Desde entonces, centenares de víctimas del Urabá y del Magdalena medio, a través de organizaciones de derechos humanos, demandaron a la multinacional. Los casos más representativos fueron agrupados por un tribunal de Florida, el cual escogió sus jurados este lunes 29 de abril y se dispondrá a dictar veredicto en las próximas semanas.

Los casos representativos señalan al unísono que, dado que Chiquita Brands financió a los paramilitares, ese dinero terminó patrocinando las atrocidades que cometieron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como los homicidios selectivos, las masacres, los desplazamientos forzados y el despojo de tierras, entre otros.

Aporte obligado

El argumento principal que ha usado Chiquita Brands en su defensa es que, aunque entregó los dineros a los paramilitares, todo fue a la fuerza y producto de extorsiones. Incluso, el gobierno estadounidense siempre se ha mantenido en que en la reunión entre Carlos Castaño y los ejecutivos de la bananera, el paramilitar dio a entender que el incumplimiento de los pagos “podría resultar en daños físicos al personal y la propiedad de Banadex”.

De acuerdo con el diario capitalino ese proceso puede tardar dos semanas. Luego, Chiquita Brands presentará su defensa, en la que se avecina el intento por comprobar que los pagos no fueron de manera voluntaria. Se estima que la defensa dure dos semanas. Una vez ambas partes presenten sus argumentos, el jurado dictará su sentencia. (Lea en CONtexto ganadero: Poder político sataniza el derecho a la defensa de los ganaderos en el Magdalena)

Entre tanto, la Fiscalía de Colombia tiene en juicio a 10 altos ejecutivos de las filiales de Chiquita Brands en la década de 1990 y 2000. En septiembre de 2019, la Fiscalía dejó en firme su acusación por el delito de concierto para delinquir y el Tribunal Superior de Antioquia, en 2021, negó aquellos alegatos que alertaban una supuesta violación al debido proceso.

Uno de los acusados es Álvaro Acevedo González, quien fue gerente general y representante legal de Banadex entre 2001 y 2004. Según el escrito de acusación, en ese periodo se realizaron 18 pagos a las convivir por más de $1.400 millones y, en específico, $338 millones al paramilitar Carlos Tijeras en Santa Marta.

En la acusación de la Fiscalía contra estas personas, se resalta que “desde Cincinnati (donde se ubica la oficina corporativa de Chiquita Brands en Ohio (Estados Unidos) aprobaron los pagos a las AUC de Santa Marta, los cuales se hacían a través de los ‘Manager funds’ que salían a su nombre y correspondían al volumen exportado por las fincas del Retiro de dicha región”.

La acusación también tiene en juicio a Víctor Manuel Henríquez, quien fuera presidente ejecutivo de la bananera Banacol, empresa que la Fiscalía considera filial de Chiquita, aunque lo niegue desde 2001 y diga que solo le compraron la operación en el Urabá.