Colombia entre los países más peligrosos para los ambientalistas

Brasil fue el país más mortífero del mundo para los ambientalistas, con 50 muertes registradas en 2015, según el informe de una ONG británica que denuncia además la violencia en Colombia, Perú y América Central.   En total, 185 personas perdieron la vida el año pasado defendiendo sus tierras y su medio ambiente en 16 países, es decir, un aumento de cerca del 60 % con relación al anterior, lo cual lo convirtió en el peor de la historia.   Las cifras fueron publicadas este lunes por Global Witness, que identificó a Brasil como el país más peligroso para los defensores de la ecología. Le siguen Filipinas, con 33 muertos en 2015, Colombia (26), Perú (12) y Nicaragua (12). (Lea: Desarrollan componente para mejorar el rendimiento de suelos agrícolas)   "La violencia se ha legitimado como una parte normal de la política. Informalmente, se ha vuelto 'aceptable'. Tras diez años trabajando en la Amazonía, nunca he visto una situación tan mala", dijo el conservacionista brasileño Felipe Milanez, citado en el documento.   El informe denuncia además la muerte de 10 activistas en Guatemala, 8 en Honduras y 4 en México, entre otros.   Según Global Witness, 67 de los defensores de la tierra y el medio ambiente asesinados el año pasado pertenecían a comunidades indígenas, lo que también supone la cifra más alta de la historia.   "Cada vez hay más empresas que invaden la tierra de los indígenas y silencian a quienes se oponen a sus planes de extraer recursos naturales", advierte.   Minería en el banquillo de acusados   Las industrias extractivas y minera estaban relacionadas con la mayoría de los asesinatos de 2015, con 42 casos (un aumento de casi el 70 % desde 2014). (Lea: Árboles rompe-viento para frenar la erosión de suelo)   "Uno de los factores subyacentes a todos los asesinatos fue la presión sobre la propiedad, el control o el uso de la tierra y muchas comunidades rurales se vieron sometidas a una violenta represión por parte de terratenientes y empresas con más poder que ellos", agrega el informe.Los índices más altos se dieron en Perú (11), Filipinas (11) y Colombia (7).   Muchas de las quejas contra la minería se referían a la negativa de empresas a consultar a comunidades locales sobre proyectos que afectarían a sus tierras y entorno.   Las plantaciones agroindustriales a gran escala estaban relacionadas con 20 casos, principalmente en Filipinas (7) y Brasil (7), seguidos de Indonesia y Tailandia.   Otro factor de 15 asesinatos fue la tala, generalmente asociada a madereros ilegales que habían entrado en áreas protegidas o territorios indígenas.   Medidas urgentes   "Es probable que nuestros datos sobre estos asesinatos subestimen el problema, ya que muchas muertes no se denuncian, especialmente las de zonas remotas y aisladas", advierte la ONG, precisando que en algunos casos le fue imposible recopilar suficientes datos para verificar los hechos.   Según Global Witness, los gobiernos y las empresas están usando medidas legales para atacar a los activistas y obstaculizar su defensa legítima de los derechos sobre la tierra y el medio ambiente. Los asesinatos reflejan el riesgo más extremo al que se enfrentan los defensores de la tierra y el medio ambiente, pero también se observó una tendencia cada vezmás preocupante de criminalización de su trabajo, particularmente en África.   El informe exige medidas "urgentes y significativas" para acabar con la creciente oleada de violencia.    "Proteger a los defensores de la tierra y el medio ambiente es vital, no solo por una cuestión de justicia y derechos humanos fundamentales, sino por nuestra supervivencia colectiva", señala.   Global Witness dedicó este informe a "Berta Cáceres y muchos otros valientes activistas" que "hacen frente al poder a pesar del riesgo que ello supone para sus vidas".   La ambientalista hondureña Cáceres fue asesinada a tiros por desconocidos el 3 de marzo en su casa en la comunidad de La Esperanza. (Columna: Narcocultivos: Tragedia escondida)   5 personas están presas por el caso, incluido un alto empleado de la empresa Desarrollos Eléctricos S.S. que había amenazado a Cáceres por oponerse con movilizaciones de los indígenas contra la construcción de una represa en el río Gualcarque.