De la seguridad física y jurídica depende la seguridad alimentaria: SAC

“De qué sirve crecer el 5,5 % si en los meses de marzo y abril se perdieron más de 200 mil puestos de trabajo en el sector rural. De qué sirve crecer si los consumidores de alimentos, representados en el sector de la industria manufacturera, el comercio, la construcción, el alojamiento y servicios de comida y el transporte presentan o tasas de crecimiento muy limitadas o incluso caídas en la generación de empleo”.

Así lo planteó el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, quien indicó que “la salud de los productores de alimentos en el país, depende de la salud de los consumidores y que son los 20 millones de ocupados que hay en Colombia, de los cuales la mitad están la informalidad laboral”.

Esto en referencia al crecimiento que ha tenido el sector agropecuario en los primeros meses del año y la perspectiva para 2024, considerando la afectación que se pueda dar en el campo a causa del fenómeno de La Niña.

Igualmente, el dirigente gremial se refirió a la preocupación que existe frente a la seguridad física, la jurídica y la alimentaria de cara a la realidad que afronta el país. Sostuvo que “cualquier señal que se dé en contra de la seguridad física y/o jurídica puede tener un efecto posterior en las decisiones de inversión que hagan quienes garantizan la comida de los colombianos”. (Lea en CONtexto ganadero: Primer punto del acuerdo con el ELN es para que todos estén preocupados: SAC)

Recorriendo varias zonas de producción como la arrocera, bananera, cafetera, la avicultura, se observa que hay una preocupación creciente por temas como la extorsión y en algunas zonas del país no cesan los bloqueos a las carreteras que generan una gran incertidumbre, indicó Bedoya.

A ello se suman las negociaciones con grupos al margen de la ley como el ELN y las Farc como se vienen desarrollando que también son motivo de preocupación para los productores rurales por los efectos que pueda tener lo que allí se acuerde.

Por eso, reiteró el llamado al gobierno nacional a redoblar los esfuerzos en seguridad, fortalecer las capacidades de las fuerzas armadas y que se haga una buena negociación para que la seguridad no se termine de perder en los territorios y no haya impunidad.

Igualmente se necesita seguridad jurídica y que no se refiere únicamente al demandado artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo que vulnera las garantías en los procesos agrarios. (Lea en CONtexto ganadero: Invasión de tierras y proyectos de ley, en contravía de la seguridad jurídica)

Las normas y proyectos

También está el tema de la resolución que sacó el ministerio de agricultura en los últimos días porque una cosa es el programa Confianza Colombia que tiene contenidos positivos, pero otra cosa es lo que pretenden hacer con los fondos parafiscales porque están pasando por encima de las leyes que crean dichos fondos.

A ello se suman los diferentes proyectos de ley que cursan en el Congreso de la República como es el caso de la jurisdicción agraria, la reforma laboral y otros más que el gobierno debería concertar con quienes van a ser los dolientes de estos procesos, para que le vaya bien a Colombia.

La jurisdicción agraria tiene varias preocupaciones en el contenido porque hay consenso en que haya una justicia rural, pero de entrada en el capítulo de aspectos generales, les genera un sesgo natural a los jueces. “Qué bueno que la Corte Suprema de Justicia haya enviado un documento al Congreso, nosotros enviamos más de 40 proposiciones y por eso hacemos un llamado a los senadores de la comisión primera para que discutan esto con todo juicio y con todo rigor, así tome más tiempo porque lo que está en juego es la seguridad jurídica para quienes no tienen tierra, pero también para los que la tienen y hoy están produciendo la comida de los colombianos”.

Igualmente está el tema de las reglas claras de juego para que cualquier empresario o productor, independientemente de su tamaño, pueda desarrollar su actividad teniendo certeza de lo que va a pasar. (Lea en CONtexto ganadero: Nueva alerta de expropiación por parte del gobierno vía jurisdicción agraria)

Levantar una gallina para que ponga los huevos toma de 19 a 21 semanas y el ciclo de producción termina durando de 60 a 80 semanas y por eso se necesitan condiciones claras en materia jurídica para que pueda desarrollar una actividad que no solamente garantiza la seguridad alimentaria de los colombianos, sino que también genera más de 165.000 empleos directos.

Frente al fenómeno de La Niña indicó que en la medida en que los productores realicen sus actividades de buenas prácticas para prepararse no va a haber mayores problemas, pero también se quiere que el gobierno fortalezca el mecanismo del seguro agropecuario y volver a incluir a los grandes productores porque el clima no hace ninguna distinción entre pequeño, mediano o gran productor. Además, hay que tratar de adaptarse al cambio climático que llegó para quedarse.

Así mismo, hizo un llamado al gobierno nacional, a los gobernadores y alcaldes para fortalecer la infraestructura de vías terciarias y secundarias para que estén en buen estado y que se tengan vías alternas para que no se vaya a complicar la movilidad de los alimentos de los colombianos cuando comience La Niña.