Acciones delictivas en zonas palmeras han crecido 33 por ciento

La inseguridad es una preocupación generalizada en el sector palmero ya que viene en franco deterioro, afirmó el presidente de Fedepalma, Nicolás Pérez Marulanda, al instalar el 52 Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite.

De acuerdo con lo expuesto por el dirigente, “en el último año en nuestras zonas palmeras las acciones delictivas han aumentado un 33 %, llegando a cerca de 2.152 hechos registrados en todas las zonas palmeras del país. Ejercicios de revisión desde la federación nos indican que al menos las dos terceras partes de nuestros agremiados se han visto afectados por conductas delincuenciales durante el último año”.

El incremento de los hechos delictivos, sumado a la creciente presencia de actores ilegales en gran parte de las zonas palmeras, “nos ha obligado a plantear propuestas para enfrentar el deterioro de las condiciones de seguridad”, indicó.

Es así como en los primeros meses de este año se desarrolló el primer foro de seguridad palmero, espacio que contó con la asistencia de 45 empresas agremiadas, junto con el Ministerio de Defensa, el Gaula de la Policía Nacional, el de las Fuerzas Militares y la DIJIN de la Policía Nacional.

“Este espacio nos permitió entender las preocupaciones específicas de los palmicultores en territorio, así como visibilizar el seguimiento de la Federación en nuestras zonas y resaltar la importancia de que la información fluya internamente para facilitar a las autoridades realizar acciones concretas para mejorar la seguridad. Para este fin, este ejercicio se replicará regionalmente durante el segundo semestre, pues entendemos que es clave compartir espacios directos con las autoridades regionales y definir acciones de prevención y disuasión acorde a las dinámicas de cada territorio”, sostuvo Pérez Marulanda. (Lea en CONtexto ganadero: La sombra de la inseguridad acecha a los ganaderos: abigeato, carneo y asesinatos)

Se realizarán talleres y capacitaciones para que los palmicultores entiendan cómo pueden acceder a los mecanismos de denuncia establecidos. En un ejercicio parecido al de Fedegán, el directivo manifestó que “la Federación invita a construir redes seguras entre productores y autoridades, además de fomentar la comunicación formal con las autoridades nacionales, la coordinación con los Gaula y las denuncias ante autoridades judiciales”. Un ejemplo es la denuncia presentada por Fedepalma respecto a los delitos en Tibú, que permitió la intervención de una fiscal especializada y un equipo nacional para abordar el proceso de manera más eficiente.

Sin embargo, dijo, los temas de seguridad son más amplios y no se limitan a su componente físico. La seguridad jurídica también se ha deteriorado trayendo consigo incertidumbre e inestabilidad. Esta incertidumbre constituye uno de los desafíos críticos que enfrenta el sector para su desarrollo y crecimiento de mediano plazo, aspecto que está por fuera del control de los productores, y que requiere una política clara del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y de todo el Gobierno nacional.

Sostuvo que la expedición de resoluciones sin consulta y propuestas que desconocen la normativa específica que rige nuestros instrumentos parafiscales generan mucha preocupación. Además, el proyecto de ley sobre la jurisdicción agraria que actualmente estudia el Congreso de la República, con un ámbito que trasciende los temas relacionados con la tierra, amenaza los principios de igualdad en el derecho de defensa y la confianza en las transacciones económicas que se adelantan en el ámbito rural, generando inseguridad entre los productores. “No olvidemos que la confianza es una condición esencial para la inversión y el desarrollo de los negocios. La confianza es la principal contribución que el estado puede hacer a la reactivación de la economía y el desarrollo del campo”.

Comercialización ilegal

Otra de las preocupaciones de los palmicultores es la ilegalidad en la comercialización del fruto de palma de aceite, agravada por el mal uso de la figura de ordenantes de maquila de fruto, que está debilitando el modelo de núcleos palmeros, basado en una relación fuerte entre plantas extractoras y productores. (Lea en CONtexto ganadero: La inseguridad, un tema que tiene en alerta a los avicultores)

Según cálculos de Fedepalma, bajo la figura de ordenantes de maquila en 2023 se comercializó y procesó un poco más del 10 % del total de la fruta en el país. El mal uso de esta figura por parte de personas externas al sector ha promovido la proliferación de básculas informales, especialmente en las zonas Central y Norte, que vienen debilitando la relación entre núcleos y proveedores, fomentando una cultura de informalidad que socavan el modelo de comercialización transparente que siempre ha caracterizado al sector.

Ante tal situación el gremio ha presentado una denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio para verificar los pesos y precios en 12 de esas básculas que compran fruto de palma. Lo que se busca con esto es que se realicen operativos que verifiquen el cumplimiento de la norma con posibles sellamientos preventivos para quienes no lo estén haciendo. El fin es el bienestar del palmicultor y garantizar una comercialización transparente.

Además, señaló, se trabaja con la DIAN en un programa de fiscalización tributaria para verificar el cumplimiento de la normativa por parte de las básculas, garantizando los pagos correspondientes al IVA y la parafiscalidad palmera ya que los ordenantes de maquila tienen una deuda de $10.000 millones con el Fondo de Estabilización de Precios (FEP), afectando su buen funcionamiento y poniendo una carga financiera adicional sobre los palmicultores que están haciendo las cosas de acuerdo con las reglas del juego.

Adicionalmente, se han presentado 8 denuncias penales y 6 civiles contra ordenantes de maquila por peculado, acusándolos de apropiación de recursos públicos provenientes de los fondos parafiscales palmeros. Estas denuncias están en proceso de indagación por parte de la Fiscalía General de la Nación.

En ese mismo sentido de la comercialización, Pérez Marulanda manifestó que para cumplir con las nuevas exigencias de la Unión Europea sobre cero deforestación, desde 2022 se han levantado 2.800 polígonos que representan el 40 % del total y que pertenecen a más de 2.000 palmicultores. “La meta que tenemos es terminar el 100 % de las fincas palmeras al cierre de agosto de este año, con lo cual tendremos la información necesaria para cumplir con la debida diligencia exigida por la Directiva de Deforestación y fortalecer el sistema de información y el catastro palmero para la palmicultura del futuro”. (Lea en CONtexto ganadero: Fedepalma denuncia invasiones y pide al gobierno medidas efectivas)

Con esos datos específicos del sector palmero y considerando que la regularización de la propiedad es una bandera del gobierno, propuso que el Ministerio de Agricultura los apoye con un programa masivo de formalización de la propiedad para los palmicultores. “Este programa permitirá legalizar los títulos de propiedad, registrar sus tierras adecuadamente y mejorar el acceso al sistema financiero, facilitando las inversiones e impactando la calidad de vida en 21 departamentos palmeros del país”.

Por su parte, la ministra de agricultura, Jhenifer Mojica, señaló que el gremio palmero tiene una perspectiva de crecimiento que sigue al alza pese a los desafíos del clima y por eso hizo una invitación a generar más acciones de preparación frente al fenómeno de El Niño y La Niña, avanzar en los temas de irrigación, de buenas prácticas, de manejo fitosanitario, de inversiones productivas en finca, etc.