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Por - 07 de Julio 2022
La reforma agraria que plantea el gobierno entrante de Gustavo Petro plantea la distribución de la tierra de los que más tienen y a quienes les cobrarán más impuestos.
La reforma agraria que plantea el gobierno entrante de Gustavo Petro plantea la distribución de la tierra de los que más tienen y a quienes les cobrarán más impuestos.
De acuerdo con lo señalado por la designada ministra de Agricultura, Cecilia López, “esa es la tierra cuyos propietarios van a tener que enfrentarse a esta realidad: o se vuelven productivos para que puedan pagar el catastro multipropósito que por primera vez va a cobrar los impuestos que no se han cobrado nunca a esas grandes propiedades o las compra el Estado para distribuirlas a los sectores donde está el potencial de la población que quiere tener la posibilidad de producir y donde se puede responder a esa meta de hacer de Colombia una potencia en producción agropecuaria”.
“No se van a tomar baldíos, se va a comprar tierra subutilizada a esos grandes poseedores que no estén dispuestos a volverla productiva. Los recursos deben venir del catastro multipropósito, es decir, pagarlo de los impuestos que se recojan; el mecanismo hay que analizarlo”, afirmó.
Esa reforma agraria se va a hacer dentro de los principios del capitalismo y se va a acabar con el feudalismo que en el campo ha llevado a extensiones de tierra productiva para muy pocos, según López.
“Adelantaremos la reforma agraria haciendo realidad y potenciando el Fondo de Tierras, los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y otros instrumentos creados por el Acuerdo Final de Paz, con lo que se titularán millones de hectáreas”, indicó la ministra designada en clara alusión al cumplimiento estricto del acuerdo con las Farc. (Lea: Reunión de ganaderos con comité del Pacto Histórico para analizar reforma al campo colombiano)
Todo esto, de acuerdo con la futura ministra, debe ir acompañado de la paz. “Aquí no hay posibilidad de tener paz, si no tenemos la distribución de la tierra y una producción sostenible. Tampoco, si no vamos a generar las oportunidades de trabajo y el potencial de una política social que haga que esta población campesina realmente tenga la posibilidad de una vida digna”, indicó.
En declaraciones a La W Radio, aseguró que “para llevar a cabo la iniciativa, no se necesita una ley de la República. Ya tenemos los instrumentos, ya estamos revisando qué nos falta, aquí hay instrumentos necesarios para hacer esto. En general no habrá una ley de reforma agraria”.
Sostuvo que “aquí no se trata de hacer confrontaciones. El sector gremial es un sector fundamental con el que hay que trabajar y ellos también lo han demostrado, les interesa el país".
Agregó que "eso va a significar muchas negociaciones y análisis. Estos fondos que me tocaron, desde que yo estuve la primera vez, si quisiéramos que dieran el impacto para el cual fueron creados, eso se mirara en su momento. Pero yo aprovecho para hacer un llamado al sector agropecuario que en su momento serán llamados a conversar para encontrar caminos para trabajar juntos, no va a ser la confrontación lo que va a caracterizar esta administración".
“Los necesitamos. Necesitamos que entiendan que la meta es otra y hay que ser generosos. Nada de confrontaciones, discutamos. Vamos a estar en desacuerdo con los sectores que tuvieron mucho poder por mucho tiempo, con los sectores que tenían otras prioridades, pero hagámoslo en paz”, indicó la ministra entrante. (Lea: “Fedegan está en disposición de concertar la política rural y ganadera”: Lafaurie)
En otra de sus declaraciones López manifestó que la reforma agraria es el primer punto del Acuerdo de Paz, que tiene muchos componentes: acceso a tierras con el Fondo de Tierras que se debe recuperar y entregar a gente que no tenga, la titulación de propiedad, la restitución de tierras a las víctimas, la zonificación ambiental y resolución de conflictos de uso, y toda la agenda de desarrollo rural integral.
Sin embargo, según un trino del periodista Gustavo Rugeles “el 30.1 % de las tierras en Colombia son de indígenas y comunidades afrodescendientes. Suman 34,3 millones de hectáreas en su mayoría improductivas. Dice La República: Ninguna de esas comunidades paga impuestos sobre la tierra ni su producción, situación que origina muy pocos recursos”.
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