Magdalena, otro departamento al que llegan las invasiones y no desalojan

Ante el hecho de ver que las advertencias del gobierno frente al tema de las invasiones no se cumplen, continúan las ocupaciones ilegales y ahora el turno fue para el corregimiento de Tucurinca, municipiode Zona Bananera, en el departamento de Magdalena.

En horas de la noche del sábado, un grupo de 50 personas se tomaron por la fuerza la Hacienda La Fidela, y empezaron a demarcar las parcelas que tienen la intención de repartirse.

Este caso se presenta justo cuando el alcalde de Plato,Jaime Peña Peñaranda, denuncia la presencia de desconocidos en varios predios delcorregimiento de Apure, quienes con aerosol rojo marcan cercas y árboles delimitando el terreno a repartir.

"La invasión en el Magdalena se ha constituido en un negocio de apropiación violenta de las propiedades de terceros, en muchos casos con fines de lucro realizado por verdaderas organizaciones criminales que aprovechan las fisuras legales que hacen de esta actividad un verdadero negocio de apropiación de loteo para la venta", dijo el abogadoAlejandro Arias en declaraciones para El Heraldo.

Lorena Gaviria Gómez, una de las propietarias de los terrenos ocupados ilegalmente, denuncia que a pesar de la intervención de las autoridades administrativas y de Policía desde el primer momento, ha sido imposible desalojar el terreno. La finca de 23 hectáreas y que es un legado familiar, actualmente está destinada al alquiler para levante de ganado. (Lea: Amenaza de invasión a fincas ganaderas en Plato)

Los propietarios dejaron ver su malestar por las peticiones de retrasar las acciones legales tendientes a la recuperación del predio por intermedio de las autoridades de Policía, para entablar mesas de diálogos con los ocupantes en detrimento de su Derecho de Propiedad.

“La Policía hizo presencia en el lugar con el alcalde y el secretario de Gobierno, pero no se pudo lograr el desalojo. No sabemos de dónde vienen esas personas alrededor de 50, estamos tratando de averiguar quién o quiénes son los que lideran estas acciones. Dice la gente que son de Fundación, de Aracataca, que son de aquí mismo de Tucurinca, pero no tenemos certeza”, comentó Gaviria.

Dejaron ver su molestia por lo que ha considerado acciones dilatorias del secretario de Gobierno de Tucurinca, quien les solicita obviar los plazos legales para presentar las denuncias y querellas que habilitan el desalojo forzoso tras 48 horas de ocupación ilegal o perturbación, para iniciar mezas de diálogo y concertación con los invasores.

“Tenemos un problema complejo, porque el secretario de Gobierno dice que esperemos hasta el miércoles o jueves y nosotros no estamos dispuestos a dejar pasar las 48 horas legales para que se proceda al desalojo con la Fuerza Pública. Tenemos miedo a que si le damos largo perdamos nuestra tierra”, señaló Lorena Gaviria.

Aseguran que negociar con los invasores no es una opción que estén contemplando, pues saben que la Ley es clara a este respecto. “Aunque trató de convencernos de que la mejor opción era sentarnos de nuevo a razonar y negociar con ellos, nosotros, creemos que no, porque lo que realmente quieren impedir son los bloqueos a la troncal y otros asuntos que a la Alcaldía no le conviene que pasen y sentimos que su intención era obstaculizar el procedimiento legal para que la Fuerza Pública haga los desalojos, que es lo que queremos nosotros”, explicó Gaviria Gómez con cierto halo de escepticismo sobre la real ayuda que puedan prestar la Alcaldía en este caso. (Lea: Invasión de tierras y proyectos de ley, en contravía de la seguridad jurídica)

“Nosotros, varios hermanos por nuestra profesión estábamos al margen de este asunto, pero viendo las cosas como están, estamos pensado en invertir en el sector agropecuario y tener más control”, puntualizó Lorena Gaviria.

Según el abogado Arias la operación de invasión resulta lucrativa, en la medida que si dentro del plazo de 20 días la jurisdicción de policía no actúa, la víctima debe entonces interponer una demanda en la jurisdicción ordinaria, procesos que pueden demorar para fallo entre 4 y 10 años.

"La víctima así logré un fallo favorable, al final por cuenta de una norma vigente, estaría obligada a pagarle al invasor las mejoras que haya hecho dentro del predio las cuales en su mayoría terminan siendo más costosas que el predio mismo", precisó.

Con las invasiones de los últimos días ya son once los departamentos donde se registran invasiones, entre los que más preocupan están Cauca, Antioquia, Huila y Cesar.

Según el programa La Hora de la Verdad, en Pailitas, Cesar,, en los últimos dos meses fueron invadidas por lo menos cinco grandes haciendas y lo mismo ocurre en Remedios (Antioquia) donde la situación ha escalado a tal nivel de preocupación que la Defensoría del Pueblo se pronunció y le pidió al gobierno nacional planes concretos para encontrar una solución pacífica a esta situación. (Lea: Con fallo de la Corte Constitucional se empezarían a expropiar tierras)

La semana pasada el defensor del pueblo, Carlos Camargo, reveló en la mesa nacional para la superación de la conflictividad social que estructuras del ELN y Farc estarían detrás de las invasiones de tierras recalcando que hay ocupaciones que hacen las comunidades indígenas y campesinas que solicitan acceso a la tierra y otros casos en los cuales las estructuras criminales buscan sacar provecho de la situación y hacer despojos de grandes extensiones del territorio.