Lo que le corre a Colombia “pierna arriba” por la aftosa

La experiencia de Uruguay y Paraguay es ilustrativa para lo que le pueda pasar a Colombia. Por fiebre aftosa perdieron US$1.330 millones.   En Uruguay los últimos brotes de fiebre aftosa que se registraron en el 2000 y 2001 generaron pérdidas por US$730 millones y en Paraguay en 2011 y 2012 por US$600 millones.   Esa es la magnitud del impacto que podría causarle a la economía ganadera del país el regreso de la fiebre aftosa. (Lea: Minagricultura minimiza gravedad de brote de aftosa en Arauca)   En efecto, los informes del Instituto Nacional de Carnes INAC de Uruguay, de la Comisión Nacional Honoraria de Salud Animal, Conhasa y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, OPYPA de Uruguay, así como del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, han establecido esas cifras.   En ambos países la ganadería bovina resultó afectada por la enfermedad y dejó entre los productores una experiencia nefasta por los impactos que produjo en el hato y también en materia económica.   Dos rebrotes en Uruguay   En el periodo 2000-2001 se registraron brotes de fiebre aftosa en Uruguay, situación que originó que las exportaciones disminuyeran en 41 por ciento en 2001 con respecto al 2000. (Lea: Conozca la estrategia de Uruguay para prevenir la aftosa)   Dicha situación trajo pérdidas al sector que superaron los US$730 millones en los diferentes eslabones de la cadena.   Según el Instituto Nacional de Carnes INAC de Uruguay, se sacrificaron 11.922 bovinos y eso ocurrió en dos ocasiones: 6.829 en la primera reintroducción en el año 2000 y 5.093 en la segunda reintroducción –abril de 2001–.   También sacrificaron 14.500 ovinos y 1.482 suinos (cerdos) en el mismo periodo.   Información de la Comisión Nacional Honoraria de Salud Animal, Conhasa, las indemnizaciones provenientes del Fondo Permanente de Indemnización fueron de US$13,6 millones. Estos recursos fueron pagados a ganaderos del Departamento de Artigas situado en el extremo noroeste de Uruguay, y del Departamento de Soriano al oeste del país.   De acuerdo con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, OPYPA, los brotes impactaron a la ganadería bovina e hizo que este sector decreciera en 31 por ciento lo que en dinero significó deja de percibir US$226 millones, entre 2000 y 2002. Este hecho resultó de notable trascendencia porque la ganadería es uno de los principales renglones de la economía de Uruguay. (Lea: Uruguay ve en Japón un mercado para exportación de carne vacuna)   Igualmente sucedió con los frigoríficos que se vieron impactados por una disminución de sus ingresos del 15 por ciento que en valor equivale a US$112 millones. Seis meses de crisis en Paraguay   Por su parte en Paraguay un rebrote de fiebre aftosa en septiembre de 2011, hizo que las exportaciones de carne de bovino se disminuyeran el 16 por ciento con respecto al año anterior -2010-. Tres meses después, en enero de 2012, apareció otro rebrote de dicha enfermedad.   Las pérdidas hasta mediados de 2012 se estimaron en US$600 millones para el sector cárnico.   Otro hecho fue que 220 contenedores que salieron de Paraguay por un valor estimado de US$75 millones, terminaron varados en diferentes puntos del planeta. (Lea: ¿Cómo está avanzando América Latina en la erradicación de fiebre aftosa?)   Además 5.000 trabajadores que empleaba la industria cárnica tuvieron cese laboral.   Simultáneamente 21 frigoríficos, cooperativas y firmas que exportaban carne registraron pérdida de dinamismo económico.   A la vez, perdieron todos los esfuerzos realizados en la conquista y apertura de diversos mercados. Sucedió con Chile, que se convirtió en su principal destino de la carne bovina e igualmente con otros países de la región sudamericana como Uruguay, Brasil, y Perú. Asimismo, perdió los mercados de Israel, Taiwán y Sudáfrica.   De igual manera, según el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa se sacrificaron 820 bovinos entre el 22 y el 25 de septiembre de 2011 y 163 más el nueve de enero de 2012.   La emergencia sanitaria se terminó el 13 de marzo de 2012, es decir, seis meses después del primero foco detectado, con las pérdidas señaladas.