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Por - 13 de Agosto 2015
Las tarifas de la energía en el sector rural colombiano son equivalentes a las que se cobran en el urbano. Adicionalmente, las empresas facturan lo correspondiente al alumbrado público en lugares en los que ni existe.
Las tarifas de la energía en el sector rural colombiano son equivalentes a las que se cobran en el urbano. Adicionalmente, las empresas facturan lo correspondiente al alumbrado público en lugares en los que ni existe. A pesar de que la Ley no deja lugar a dudas, el cumplimiento sobre el tema del cobro del servicio de energía en el sector rural sigue sin recibir la atención que demandan quienes residen en los campos del país. El artículo 65 de la Constitución, en reconocimiento de la importancia estratégica de la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria, consagró que “La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias,…”. (Columna: Energía rural) De hecho, la Ley 101 de 1993, en desarrollo de ese mandato, ordenó taxativamente que “La Comisión de Regulación Energética establecerá subsidios preferenciales de energía eléctrica para los productores del sector agropecuario y pesquero”. Los elevados cobros afectan a todos los que habitan en el campo, pero el perjuicio es mayor para quienes deben usar herramientas en el desarrollo de su actividad. Por esta razón, uno de los que más sufre es el lechero, que sufre cada vez que utiliza el tanque de frio, un equipo de ordeño mecanizado o algún tipo de maquinaria. “Por fuera de los límites urbanos de los municipios, el único criterio diferenciador debe ser si el predio está o no dedicado a la producción agropecuaria. Si lo está, debe recibir, sin restricciones, el trato de especial protección que ordena la Constitución y los subsidios preferenciales que establece la Ley General”, aseguró en días pasados José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán. De acuerdo con el dirigente gremial, “el Gobierno, utilizando las atribuciones de la Ley del Plan, debe restituir ese derecho constitucional de protección y prioridad estratégica. No hacerlo es mantener congelada la competitividad rural”. (Lea: Alto costo de la energía otro dolor de cabeza en el Cesar) De acuerdo con varios productores rurales que se han manifestado sobre esta problemática, el elevado cobro lo que hace es desincentivar al productor, retrasar su desarrollo y lo margina de la posibilidad de aumentar sus niveles productivos y económicos. Consideran que desde el Gobierno se le debe apostar a los sistemas alternativos de energía como la eólica y la solar. La primera funciona exitosamente ya en varios países europeos y permitiría aprovechar la fuerza de los vientos que predominan en algunas regiones del Caribe. (Lea: Presentan guía gratuita sobre el uso de energías renovables) La energía solar debería ser una de las más importantes fuentes en el territorio nacional, esto teniendo en cuenta toda la disponibilidad de luz que hay en varios departamentos, especialmente en la costa, cuyo uso no solo disminuiría la tarifa que se paga por concepto de la energía eléctrica, sino que representarían un avance y la posibilidad de empezar a implementar soluciones que en lugares como China han demostrado su eficiencia. Aunque hace poco se diseñó una línea Finagro para financiar una iniciativa en este sentido, con 15 años de plazo para el pago, los productores coinciden en que hace falta darle mayor difusión pues la información tarda en llegar al sector rural. Adicionalmente, piden que facilidades para acceder a esos recursos y tasas de interés más favorables.
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