Caficultores, otras víctimas de la reforma tributaria de Petro

Reforma tributaria que cursa en el Congreso terminaría por afectar la competitividad del sector alertan los caficultores

El Comité Directivo y el Gerente General de la Federación Nacional de Cafeteros expusieron las inquietudes que perjudicarían el ingreso de las más de 540.000 familias cafeteras del país, 95% de ellas pequeños productores.

En este sentido hicieron un llamado al Congreso de la República y al Gobierno Nacional para que se considere la realidad del campo colombiano, antes de aprobar obligaciones, que hoy no es posible cumplir, mientras no se garantice infraestructura y servicios suficientes, en todos los municipios, tales como vías de acceso, conectividad, servicios financieros, protección social y herramientas para cumplir de manera eficiente y racional las obligaciones fiscales.

“Hoy el café es la oportunidad que tiene el país para construir escenarios de paz, sustituyendo la ilegalidad a lo largo y ancho del país, por medio de una actividad que ha generado siempre orgullo y reconocimiento mundial a Colombia”, señalaron.

Entre los aspectos que piden revisar está la eliminación del costo presunto de la mano de obra. Derogar, como se propone en la reforma tributaria, la norma que permite deducir este costo presunto impactaría los ingresos de los caficultores al elevar su tributación. (Lea: La reforma tributaria de Petro se centra en los impuestos a personas naturales)

Actualmente el costo presunto, para efectos del impuesto de renta y complementarios, es de 40 %. Estimativos de la FNC revelan que el componente de mano de obra en la caficultura alcanza en realidad 60,7 %, los insumos, 32,7 %, y la administración y gastos generales, 7,1 %. Eliminar esta posibilidad volvería gravables ingresos que en la práctica hoy no lo son.

También está el impuesto a bebidas ultra procesadas ya que incluir el café soluble liofilizado y el extracto de café en las posiciones arancelarias que serán gravadas al ser consideradas bebidas ultra procesadas estancaría el consumo interno de la bebida, pese a que el marco jurídico actual prioriza estimular el consumo interno del grano como bebida nacional.

Por otro lado, el Comité Directivo planteó que, en contraste con las ventajas competitivas de las zonas urbanas, es necesario por parte del Gobierno Nacional una mirada tributaria diferenciada al campo colombiano que lo exima de algunas obligaciones como la facturación electrónica, tomando en cuenta no solo la baja cobertura digital en amplias zonas rurales, sino las bajas tasas de formación en el manejo de tecnologías de la información y las comunicaciones entre los productores.

Igualmente, le pidieron al Gobierno Nacional que, para proteger e impulsar el sector rural, considere expedir una disposición tributaria que permita que los incentivos y apoyos económicos que reciben los productores se consideren como ingresos no constitutivos de renta.

Recuerda el gremio que si bien hoy los programas tienen como propósito favorecer al sector rural mediante el desembolso de recursos, en la medida en que hoy no existe una disposición en el Estatuto Tributario que otorgue a tales beneficios el carácter de no gravado, los beneficiarios de dichos programas han debido tributar sobre tales sumas, lo que en consecuencia reduce el margen neto recibido. (Lea: Más impuestos para financiar programas sociales de Petro)

Esta situación resulta aún más compleja si se toma en cuenta que, cuando dichos recursos son desembolsados a través del sistema financiero, también están sometidos al gravamen a los movimientos financieros (4x1000), lo que en consecuencia reduce aún más el beneficio neto para el agricultor.

En la medida en que los beneficiarios de los apoyos económicos han debido pagar impuestos sobre una porción importante de los recursos recibidos, el beneficio neto del programa se reduce y por ende la competitividad del sector y el cumplimiento de los objetivos propuestos al entregar dichos recursos.

Por eso se considera indispensable para el sector la expedición de una regulación que aclare que las sumas entregadas como apoyos o incentivos para proteger el ingreso de los agricultores, incluyendo los que busquen proteger el precio de venta de la materia prima, no estén gravadas con el impuesto de renta y complementarios.