Garantizar la seguridad alimentaria, gran reto de Colombia

La lección más importante que ha dejado la COVID-19 en el sector agropecuario es la obligación de los Estados de generar condiciones para lograr ser autosuficientes para la alimentación de su población, es decir, garantizar la seguridad alimentaria.

Para Miguel Ángel Lacouture, reconocido columnista del sector agropecuario, este es un aspecto obligatorio de cara al futuro. En su columna, considera que no es posible que un país como Colombia, dependa en gran medida de las importaciones de materias primas y transformados para garantizar la alimentación de la Nación. (Lea: Colombia mejoró en el Índice Global de Seguridad Alimentaria)

Por esa razón considera que se deben desplegar, generar o crear políticas de sustitución de cultivos que conduzcan a lograr la seguridad alimentaria con la producción interna, el consumo básico debe ser abastecido con producción de puertas adentro.

Para lograr tal propósito, el analista sostiene que Colombia debe poner al servicio del sector rural, toda las herramientas que posee.

De acuerdo con Lacouture, el país tiene más de 40 millones de hectáreas de frontera agropecuaria, pero en producción solo hay 7.6 millones, lo que explica la alta participación de importados en la canasta alimentaria, adicional a altos subsidios e incentivos al agro que entregan países desarrollados. (Lea: Ganadería y proteína animal, básicas para la seguridad alimentaria)

“En 2020 se importaron más de 12 millones de toneladas de alimentos. 30 % del consumo en su mayoría cereales, maíz y trigo, materia prima para la producción de alimentos transformado. En columnas anteriores se ha planteado la necesidad de ajustar la producción a plantaciones acorde a nuestra posición estratégica en el globo terráqueo que logren complementar o sustituir los cereales como base para la transformación de alimentos, volver a lo nuestro. Las lecciones de sostenibilidad de nuestros antepasados hoy toman relevancia inusitada”, explicó.

Por esa razón, el experto pide que se incentive la producción nacional, no solo para garantizar la seguridad alimentaria, sino por generar empleos rurales. Los beneficios de la formalización laboral traería un poderoso crecimiento de los diferentes actores de las relaciones laborales.

Agrega que es urgente la participación activa del Estado en la financiación o cofinanciación de la infraestructura, tecnología y biotecnología que lleve al país a estar acorde con los niveles productivos de varios países. (Lea: Trazabilidad: camino para garantizar la seguridad alimentaria)

“Ante la inminente crisis que viene soportando el sector, deben impulsarse políticas de consumo de la producción nacional de manera permanente y preferente; generar estrategias de consumo de lo nuestro, como “Marca Colombia”, lideradas por la institucionalidad agropecuaria y comercial que conduzcan a mejorar la calidad, cantidad y precio de lo hecho en el país para que sea atractivo el consumo de los bienes nacionales ante la producción importada, así lograr mejorar los ingresos de los empresarios del campo y eslabones de la transformación”, detalló.

Considera que la experiencia adquirida por cuenta de políticas de consumo bajo la estrategia “Marca País” se acude frecuentemente en aras de proteger e impulsar la producción nacional con el apoyo de la ciudadanía. Por esa razón es necesario que se enfoquen todos los esfuerzos en el logro de este propósito que generará necesariamente mayor demanda de producción nacional, permitiendo abastecer la futura y próxima demanda de bienes para la trasformación que hacen posible su consumo.