Fin del incentivo al almacenamiento del arroz, una amenaza para los productores

El incentivo al almacenamiento del arroz, que por años ha permitido guardar los excedentes de la cosecha para evitar que los precios, parece estar llegando a su fin con el actual gobierno.

Según el gerente de Fedearroz, Rafael Hernández Lozano, el incentivo cuesta entre $30.000 millones y $50.000 millones, dependiendo del volumen de la cosecha. Sin embargo, la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Jhenifer Mojica Flórez, ha dicho que para este año se tienen recursos destinados por cerca de $20.000 millones, los cuales serán ejecutados de acuerdo a lo convenido en su momento.

Para la funcionaria, toda la discusión alrededor del arroz no debe centrarse en el incentivo al almacenamiento. “Limitarlo a ese tema es quitarle alas al arroz para convertirlo en un potencial enorme que asegure la alimentación del país, para hacerlo crecer”, anotó.

Por eso, este martes, los arroceros realizaron una marcha y una protesta frente al Ministerio de Agricultura, reclamando el mantenimiento del incentivo que consideran fundamental para regular el excedente de arroz y evitar la caída del precio a los cultivadores.

De acuerdo con lo expuesto por Hernández, el subsidio al almacenamiento implica el pago mensual a las industrias o agricultores que almacenan el arroz excedente, evitando así la sobreoferta y la disminución de los precios. (Lea: Fedearroz sigue comprometido con el programa de ordenamiento arrocero)

Añadió que “ahora más que nunca se necesita guardar arroz cuando estamos a puertas de un fenómeno de El Niño que puede presentar una sequía el siguiente semestre”.

Según el dirigente gremial, la eliminación del incentivo al almacenamiento podría afectar significativamente a los productores. Actualmente, el precio del arroz se encuentra por debajo de los costos de producción, lo que pone en riesgo la sostenibilidad económica de los agricultores.

“Esta cosecha se sembró con precios de los insumos del 2022 porque los agricultores compran entre enero y febrero los insumos necesarios para la cosecha que siembran en ese momento. Ahora han bajado los insumos, pero la cosecha se sembró con insumos de precios del 2022”, explicó.

Desmonte del subsidio y más planificación

El Gobierno ha anunciado su intención de desmontar este subsidio, argumentando que no ha dado los resultados esperados. Sin embargo, para el gremio los resultados que se esperan son precisamente sacar del mercado el excedente y guardarlo para el primer semestre del año siguiente, que generalmente es deficitario en arroz.

No obstante, para la ministra, el tema de los excedentes de producción en el arroz ya está sobrediagnosticado y eso fue lo que llevó a que se construyera el plan de ordenamiento. “Lo único efectivo para lograr bajar esas pérdidas para los productores arroceros cada vez que hay sobrecosecha es planificar la agricultura, generar un límite máximo de siembra del arroz, en donde todo el sector arrocero se puso de acuerdo, en dónde se debe sembrar, en dónde no”.

En cambio, dijo, “lo que se extendió en el tiempo fue esa medida del incentivo que además no responde a un criterio nacional sino a una “pugna” por incrementar el valor. Aquí siempre frente a las soluciones profundas, se buscan paños de agua tibia. Aquí se estableció un paño de agua tibia hace años que es el incentivo del almacenamiento”. (Lea: Fedearroz alerta por posible incremento del área sembrada del cereal)

Insistió en que se deben buscar mecanismos para que el sector crezca “con inversiones productivas y con fomento” que permita que los arroceros tengan su propio molino, secadora e infraestructura para que sean ellos mismos los que lo almacenen.

“Hay un compromiso nacional de hacer las inversiones que tenemos que hacer para lograr que el arroz crezca. Nos interesa y nos solidarizamos con los arroceros, pero también con los consumidores. No podemos permitir que el arroz se vuelva un problema nacional ni para los productores ni para consumidores”, manifestó Mojica.

Según Fedearroz, esta problemática amenaza la estabilidad del empleo rural en 216 municipios, la generación de ingreso para 500 mil familias y la soberanía alimentaria del país.