Arroceros llevan 4 años reclamando compromisos al Gobierno Santos

Productores del gremio se quejan por la falta de apoyo y las afrentas del Ejecutivo, que van desde la promulgación de la resolución 970 de 2010 que tanto indignó a los trabajadores del grano hasta la falta de investigación para resolver el vaneamiento.   Felipe Rocha, productor de arroz ubicado en Ibagué, Tolima, manifestó su descontento con las políticas que ha implementado el actual Gobierno frente al sector arrocero. (Lea: ‘Colombia Siembra’ pero se llena de productos importados)   Su molestia se debe sobre todo a la implementación de la resolución 970 de 2010 del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, que reglamentó el uso de las semillas y obligó a los campesinos a usar solo aquellas que estén certificadas.   El problema es que en la persecución de las semillas ilegales, se incluyó a las de tipo criollo, usadas tradicionalmente por los pueblos ancestrales. Por el contrario, se privilegiaron las certificadas, que son mejoradas genéticamente por multinacionales como Monsanto, Dupont y Syngenta.   “Las ventas se redujeron un 70 %. Nos acabaron, nos reventó esa resolución del presidente Santos y el Ministerio de Agricultura”, declaró. (Lea: Arroceros dicen que ninguno de los 5 MinAgricultura les ha cumplido)   El productor aseguró que ha tenido que vender terrenos y equipos para poder pagar las deudas que contrajo ante los bancos, mientras que otros tantos de sus compañeros se vieron obligados a renunciar por completo al negocio del arroz.   Eudoro Álvarez Cohecha, presidente de la Asociación de Ganaderos y Arroceros del Meta, Agameta, explicó que debido a los traumatismos generados por esta resolución, el gremio propuso una modificación de la cual aún no se tiene noticia.   “La certificación de la semilla nos está valiendo en este momento $3.400 por kilo. Mientras que las variedades del arroz paddy están en menos de $1.000. Entonces uno se pregunta, ¿qué tanto le hacen a la primera para que eleven el precio de esa manera”, indicó. (Reportaje: 100 años innovando en la protección de semillas)             La controversia generada por esta norma, que llevó incluso a paros agrarios, obligó al presidente Santos a congelar la resolución por 2 años. Entonces, el ICA promulgó una nueva, la 3168 de 2015 que estableció otras reglas de juego, pero que algunas organizaciones consideran que no resuelve el problema del tratamiento a las semillas criollas o nativas.     Sin embargo, para el arrocero del Tolima, el daño ya está hecho. No solo perdieron los pequeños productores, sino también grandes empresas. Rocha habló de “180 a 200 personas” que tuvieron que ser despedidas.   “Están sembrando arroces y bajando la calidad, lo que va a repercutir directamente en las variedades que podían estar saliendo al mercado si hubiera seguido la investigación interna sobre semillas e híbridos”, expresó.   El problema del vaneamiento   Otra de las numerosas discusiones que el Gobierno tiene pendientes con los arroceros es el estudio del vaneamiento, que impide que las espigas se llenen de granos y que afecta la calidad de los mismos.   Para Álvarez Cohecha, se hace urgente invertir en una investigación concreta. Aunque se han planteado las posibles causas de este problema, todavía no se sabe a ciencia cierta cómo se produce y por qué varía tanto de una época a otra.   Según él, se había acordado que financiarían los estudios para conocer de fondo este problema, pero hasta ahora no se han visto. Precisó que el próximo 14 de marzo se cumplen 4 años de firma del primer acuerdo, sobre el cual no ha habido avances. (Lea: Arroceros del país, preocupados por importaciones del grano)   “Ha habido una parálisis con el estudio del vaneamiento, que es una enfermedad que venimos soportando desde hace varios años. Durante el paro de 2013, anunciaron que se iban a inyectar recursos importantes por parte del Gobierno. Dijeron que para eso estaba el Fondo Nacional del Arroz, pero si no hay una inyección adicional, no es suficiente el dinero”, concluyó.