Sigue polémica por las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos

El gobierno continúa con su intención de tener un control de la tierra en Colombia y una de las formas más reciente de hacerlo es a través de la figura de Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA).

Esto lo hace incluso por encima de las autoridades municipales y departamentales, en algunos casos, en los cuales sus opiniones o participación no es tenida en cuenta.

De acuerdo con la resolución 377 del Ministerio de Agricultura, se busca delimitar 250.000 hectáreas del suroeste antioqueño para actividades agrícolas prioritarias, dejando fuera otras actividades económicas como la minería y la ganadería, consideradas de alto impacto ambiental.

Frente a ello, el pasado lunes 3 de febrero, la Gobernación de Antioquia presentó una demanda ante el Consejo de Estado solicitando la nulidad de la resolución 377, argumentando, entre otras cosas, que es “violatoria de los principios y normas constitucionales, legales y convencionales”. Además, señaló que fue expedida con “falsa motivación”, falta de competencia y sin respetar el derecho de audiencia y defensa de los actores involucrados.

El objetivo inicial de la APPA es identificar los polígonos para, posteriormente, avanzar en la declaratoria formal de las Appa, lo que podría implicar determinantes de ordenamiento territorial. Sin embargo, la Administración Departamental y diversos sectores económicos manifestaron su preocupación por las posibles restricciones que esta normativa podría imponer a actividades como la minería, la ganadería, el turismo y la construcción. (Lea en CONtexto ganadero: Otra resolución del Minagricultura que causa polémica)

Solicitud de la Procuraduría

El tema escaló a la Procuraduría General de la Nación que formuló un requerimiento al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para solicitar información exhaustiva sobre el proceso de identificación y delimitación de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria en Colombia.

El requerimiento se basa en la necesidad de obtener claridad sobre los procedimientos técnicos, los criterios aplicados y los resultados obtenidos durante la delimitación de las APPA, con el fin de asegurar su efectividad en la protección de los recursos agropecuarios del país.

Entre los puntos específicos solicitados se incluyen los procedimientos de identificación y delimitación que ya han sido concluidos, así como aquellos que aún están en trámite, con el respaldo técnico y administrativo correspondiente.

Igualmente, la información sobre los procedimientos técnicos utilizados para asegurar que las áreas identificadas como potenciales APPA se encuentren dentro de la frontera agrícola nacional y los estudios realizados para evaluar su aptitud agropecuaria. (Lea en CONtexto ganadero: Resolución de MinAgricultura redirecciona dinero de parafiscales agropecuarios)

También pidió detalles sobre la utilización de herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG), así como los estudios técnicos adicionales realizados en los municipios seleccionados como posibles APPA.

El gobierno se defiende

Según la ministra de agricultura, Martha Carvajalino, ya hay un fallo del Consejo de Estado con relación al tema en sabana centro de Cundinamarca, donde respalda el proceso que viene realizando el gobierno.

“El fallo que declara probada la excepción de ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales y dio por terminado el proceso, se fundamenta en cuatro puntos clave: la Resolución 507 de 2023 identifica una Zona de Protección para la Producción de Alimentos en Sabana Centro, Cundinamarca; esta identificación es un paso inicial para declarar oficialmente las APPA; los polígonos en la resolución no son determinantes del ordenamiento territorial hasta que las APPA sean declaradas; y, no todos los actos administrativos son susceptibles de control judicial; solo los definitivos o aquellos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas”, indicó la funcionaria en su cuenta de X.

Agregó que las APPA no tienen relación con procesos de expropiación y son una figura diseñada para proteger los suelos rurales y fortalecer la seguridad alimentaria. (Lea en CONtexto ganadero: Defender la propiedad privada es proteger la producción de alimentos, SAC)

Por su parte, la directora de la Upra, Dora Inés Rey, manifestó que las áreas de protección buscan ordenar el territorio para priorizar la producción de alimentos en los suelos más aptos. “Esto no solo asegura nuestra alimentación, sino que también fortalece la capacidad exportadora del país”.

Según la funcionaria la producción de alimentos es prioritaria, pero eso incluye actividades como ganadería, piscicultura y apicultura. “Por ejemplo, la carne y la leche son alimentos fundamentales para la seguridad alimentaria. Decir que estas actividades están prohibidas es falso. Al contrario, buscamos fortalecerlas”.

Este 5 de febrero se tendrá una reunión en el municipio de Támesis en donde estarán representantes del gobierno, de la administración departamental y productores, para explicar los alcances de esta polémica figura.