En estas últimas semanas el presidente Iván Duque ha conjugado el verbo acatar en todos los tiempos, modos y formas.

Después de haber causado diez muertes, doce heridos, el secuestro de un miembro de la fuerza pública, y de haber realizado otros desmanes con explosivos contra la vía Panamericana, incluido el incendio de un bus con pasajeros adentro y, sobre todo, del bloqueo de alimentos y suministros contra la población del departamento del Cauca durante 27 días, y de amenazar con “tomarse por la fuerza” a Popayán, llegó la hora de los premios.

Emmanuel Macron no quiere admitir que la violencia policial no hará ceder a los gilets jaunes. La vasta movilización popular que emergió el 17 de noviembre no es la algarada de unos “sediciosos”, como el presidente francés no se cansa de repetir.

La senadora Paloma Valencia contó la semana pasada esta anécdota: “Me preguntó hace algunos días el senador Iván Cepeda si yo consideraba que los acuerdos de La Habana eran legítimos. Le contesté que eran legales y que por eso los respetábamos, y tratábamos de modificarlos mediante mecanismos legales. Él concluyó que los consideraba legítimos.” (1).

Esta es la historia de un corto video que circula en estos días tranquilamente en las redes sociales sin generar, que yo sepa, comentario alguno (1). Es obvio que su apariencia anodina y pro turismo optimista engaña a más de uno. Si se lo analiza un poco, es fácil ver que se trata de un resobado trabajo de adoctrinamiento subliminal de tipo Farc-petrista, técnicamente exitoso.

La expulsión del espía venezolano Carlos Manuel Pino García, realizada el pasado 19 de diciembre por las autoridades de Colombia, muestra que las cosas podrían estar cambiando para bien en el terreno de la seguridad nacional. Esperemos que esa expulsión no sea un acto aislado sino el comienzo de una política más seria. Pues las deficiencias de Colombia en materia de seguridad nacional y contraespionaje son escandalosas.

Una revista de Bogotá publicó una nota este 12 de diciembre cuyo título dice: “Regaño del parlamento europeo a María Fernanda Cabal”.

Muy curioso es el lenguaje que emplea en estos días el ministro colombiano de Relaciones Exteriores Carlos Holmes Trujillo al referirse al enfoque que tendría en este momento el gobierno del presidente Iván Duque sobre el tema de las modificaciones al acuerdo Santos-FARC.

La realidad política de Colombia le está pasando la cuenta al presidente Iván Duque. El acaba de ver, en Paris, cómo el bloque subversivo que actúa contra el país es y será intransigente, armado e internacional. Los disturbios creados contra Duque por los agitadores petristas en la Unesco y en SciencesPo, son apenas una expresión mínima de la funesta onda sediciosa que barre las ciudades colombianas y busca desbordar al nuevo gobierno.

1.- Según el estatuto de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) ésta fue creada “para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación, con el propósito de construir una paz estable y duradera.” Sin embargo, la JEP emerge como un nuevo engranaje del maltratado aparato de la justicia colombiana: puso en práctica un escandaloso sistema para evitar el juzgamiento y castigo de criminales de guerra y de lesa humanidad de las FARC y para acordarles, por el contrario, excarcelaciones, permisos de viaje, inmunidades, perdones, indultos y amnistías. Ese mecanismo de legitimidad dudosa está carcomiendo rápidamente el resto de las instituciones judiciales de Colombia.