El caso del espía Pino y sus ramificaciones

En mayo de 1999, las autoridades colombianas capturaron por primera vez a Carlos Manuel Pino García, y a tres de sus cómplices --Pedro Guzmán Tambor, Miguel Salazar Hernández y Carlos Félix Zambrano--. Los cuatro fueron acusados por el Ejército y la Fiscalía de ser “colaboradores” de las Farc. El embajador de Venezuela en Colombia en ese momento, Fernando Gerbasi, trató de protegerlos y acusó a las autoridades colombianas, sin presentar pruebas, de haber “torturado” a esos angelitos. Caracas pidió, además, que fueran deportados a Venezuela para impedir el juicio por rebelión que se veía venir. Tal estrategia tuvo éxito: diez meses más tarde, los capturados quedaron en libertad y desaparecieron en condiciones obscuras tras pagar una caución.   Por razones extrañas, la Fiscalía se había comportado con gran ingenuidad: pidió información sobre esos individuos a quien menos debía pedirla: al gobierno venezolano. Eso solo se ve en Colombia. Y, claro, como Caracas no respondió, la orden de detención terminó siendo levantada por una mano invisible. El diario El Tiempo explicó: “(…) ante la demora del Gobierno de Venezuela para entregar información, el caso se cayó”. Conocedor de la fragilidad del Estado colombiano, Pino se había dado el lujo de burlarse de éste al declarar que su presencia en un cambuche selvático del Negro Acacio de las Farc, en el Vichada, obedecía a que estaba interesado en abrir allí una empresa “de turismo”.    Si los servicios no se despiertan otro tanto podría ocurrir dentro de poco con el cubano Raúl Gutiérrez Sánchez, o identificado como tal --vaya uno a saber si esa es su verdadera identidad--. El individuo fue detenido en Bogotá por la Fiscalía, el marzo de 2018, gracias a información de un servicio de policía español que le seguía la pista. Una vez capturado, Gutiérrez trató de ocultar su pedigrí, de esconder su relación con los servicios secretos cubanos. Asumió (mal) el papel de un fanático islamista que preparaba un atentado contra funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Bogotá.   Lo interesante es que ese mismo sujeto, Raúl Gutiérrez, había sido expulsado dos veces de Colombia, en 2015 y 2017, por entrar de forma ilegal al país.   ¿En qué va el caso Gutiérrez? Misterio. En septiembre pasado, Medicina Legal y el Instituto de Ciencias Forenses de Bogotá descartaron que el tipo estuviera chiflado y certificaron que sí podría ser juzgado. Pero desde entonces no se sabe en qué va ese proceso. ¿El hombre logró huir discretamente del país? En todo caso, su abogado, Carlos Toro, guarda prudente silencio.   Otro caso de negligencia oficial que beneficia a una cierta fauna que se mueve por Colombia sin que las autoridades sean capaces de saber qué redes y motivaciones hay detrás, es el de los indocumentados cubanos. Un grupo de éstos, capturados en la isla de San Andrés en septiembre pasado, trataron de escapar y agredieron físicamente, en Bogotá, a funcionarios de Migración. Tal ataque, cometido en instalaciones del aeropuerto de Eldorado, fue premiado por Colombia.   Poco después, los energúmenos recibieron un “permiso especial” para que siguieran en el país. Migración Colombia le explicó a la prensa que había optado por eso pues no tenía dinero para comprar los billetes de avión para expulsados. Así van las cosas en nuestro querido país.   Con tales antecedentes de imbecilidad burocrática, ¿qué se puede deducir de lo que ocurrirá con el caso de Carlos Manuel Pino García? ¿Dejarán que regrese de Venezuela para que continúe, una vez más, su guerra sucia contra Colombia? ¿Por qué lo dejaron salir si era un espía? A los espías se los juzga y se les hace pagar una pena de prisión.   Como Pino lleva y trae instrucciones a cuando grupo extremista existe en Colombia y como él hace parte del entorno más íntimo de Gustavo Petro (la esposa de Pino, Gloria Flores, fue secretaria de gobierno de Bogotá cuando Gustavo Petro era alcalde mayor), parlamentarios y activistas de esas corrientes --Colombia Humana, Polo Democrático y Partido Comunista Colombiano--, están intrigando para anular la orden de expulsión.   El parlamentario Alirio Uribe, así como el senador Iván Cepeda y otros voceros, gesticulan que esa expulsión es “ilegal”. Eso es falso, pero no encuentran otro argumento. Saben que el asunto no es jurídico sino político y en esa esfera esperan poner toda la presión. Veremos qué tan sólida es la medida del gobierno Duque. Dentro de unos días la opinión verá qué estrategia se ha dado Caracas y La Habana frente a ese expediente.   Por lo pronto, una cosa es cierta: la expulsión de Pinto fue bien recibida por la opinión pública colombiana quien estaba exasperada de ver que espías, financiadores, provocadores y agitadores, cubanos y venezolanos, se mueven por Colombia como se les da la gana, -sobre todo desde 2010, cuando el gobierno de JM Santos dio los primeros pasos para abrir las pretendidas negociaciones “de paz” en La Habana entre él y las FARC-, sin que las autoridades cumplan con su deber de capturarlos.   “El Centro [de espionaje cubano] en Colombia se ha convertido en los últimos años, después de la salida de [Álvaro] Uribe de la presidencia, en uno de los más importantes que tiene Cuba en América Latina”, reveló Enrique García, un ex oficial del servicio de inteligencia cubano, a Antonio María Delgado, un periodista del Nuevo Herald, de Miami (1).   “El plan es lograr a través de los Acuerdos de Paz, la impunidad que permita que todos los terroristas de las FARC puedan reinsertarse sin pagar nada por los crímenes que hicieron a la vida política del país, para que después puedan convertirse en senadores, congresistas y alcaldes y aspirar a la presidencia del país”, insistió García. Antes de precisar que las operaciones de inteligencia cubanas en Colombia son dirigidas “por el coronel de Inteligencia Juan Roberto Loforte Osorio, alías ‘Ramón’, quien está acreditado ante las autoridades colombianas como Ministro Consejero.”   El investigador cubano Luis Domínguez, editor del portal Cuba al Descubierto, dijo por su parte a Delgado que Loforte “está en Colombia con objetivos muy importantes, como son el espionaje a la Presidencia Colombiana, Congreso, a las Fuerzas Armadas y a los Servicios de Inteligencia colombianos”. Tras la salida de Santos, el gobierno de Colombia debería destapar definitivamente la olla podrida del espionaje cubano en Colombia, pues la penetración de esos servicios plantea un dilema: o esos servicios se imponen en Colombia o Colombia les pone un tatequieto.   Es posible que haya hasta soldados cubanos en Colombia. Recordemos que, en julio de 2016, Jean Arnault, un jefe de Misión de la ONU en Colombia, anunció que la verificación de los “acuerdos de paz” en las 23 veredas y 8 campamentos especiales estaría “a cargo de 500 soldados extranjeros”, entre los que habría 50 soldados cubanos. Agregó que ya se encontraban en Colombia “80 enviados [léase soldados extranjeros] de diferentes países”. Santos no abrió la boca al respecto, pero el ex presidente Álvaro Uribe y algunos senadores del Centro Democrático rechazaron la “decisión” de Santos y Arnault. Nunca se supo si los “80 enviados” habían salido de Colombia. Y rápidamente el país olvidó ese suceso. ¿Qué papel jugó en eso el grupo de Carlos Manuel Pino García? ¿Esos “enviados” siguen en Colombia?   Como se ve, la expulsión del espía venezolano abre muchos interrogantes.   (1).-https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/article4485006.html   Por Eduardo Mackenzie @eduardomackenz1 22 de diciembre de 2018