Iván Duque y la pradera incendiada

Bajo el disfraz de “protesta universitaria” que pretenden “defender la educación superior” la violencia mamerta se ha tomado de nuevo las calles. Los resultados están a la vista: ataques incendiarios en Bogotá contra policías aislados y contra la radio RCN. Asaltos contra oficinas públicas, como el Icetex de Popayán, y contra la sede administrativa de la Universidad Nacional, y hasta la toma de una iglesia en Cali. Ayer mismo, en Bogotá, los matones encapuchados intentaron tomarse la Universidad Militar y la Escuela Superior de Guerra, siendo repelidos por la policía. Cuatro buses articulados fueron vandalizados y algunos pasajeros atacados. Una patrullera fue herida por una granada incendiaria y trasladada a un hospital.   Al mismo tiempo, las FARC y el ELN, aliadas a otras bandas, siguen matando y secuestrando sin que el gobierno haya podido estructurar una respuesta eficaz y global de las fuerzas armadas. En las ciudades, la policía y el Esmad resisten heroicamente las embestidas, pero las capturas de amotinados son escasas. La identificación y sanción penal de los violentos es floja. Y, sobre todo, la lucha contra la desinformación que destilan fanáticos como Gustavo Petro y Ángela María Robledo es inexistente. Todo eso facilita la ejecución de los planes para explotar a la juventud como fuerza de choque. Es evidente que los manipuladores están jugando con la vida de los universitarios: buscan que en uno de esos choques haya muertos para justificar la emergencia de escuadrones de la muerte. Como hicieron en el pasado.   En la ceremonia del 7 de agosto pasado Iván Duque dijo que su gobierno “promoverá el entendimiento y la construcción de consensos” y tratará de “superar las divisiones de izquierda y derecha”. Lo que vemos en estos días es la respuesta del bloque subversivo a esa propuesta: no queremos entendimiento ni consensos. ¿Creyó Duque un instante que su anuncio complaciente aplacaría la ojeriza de esa gente?   La subversión odia a Duque y no le dará respiro, sobre todo si éste le deja la calle. El comunismo transfiere hacia el nuevo mandatario su antipatía enfermiza por el ex presidente Álvaro Uribe. Odian igualmente a los 10 millones 373 mil ciudadanos que le impidieron a Gustavo Petro llegar al poder mediante el sufragio universal. Odian a los millones que ganaron el plebiscito de 2016 y rechazaron los pactos de La Habana.   La subversión analizó el mensaje del 7 de agosto y vio allí una brecha, una muestra de debilidad. Ante la perspectiva de Duque de combatir al bloque subversivo “sólo por las buenas”, como bien lo resumió un agudo observador político, la reacción fue inmediata. Las “marchas universitarias” son una demostración de la capacidad manipuladora de las minorías extremistas.   Lo que vemos gracias a las redes sociales es, apenas, el pico del iceberg. Si no hay un parón a la dinámica violenta, pronto estaremos ante explosiones urbanas aún más masivas y trágicas y hasta ante la aparición de enclaves de doble poder, sectores de tierra de nadie. La perspectiva del PCC es construir un “paro cívico” insurreccional tipo 1977, el 28 de noviembre próximo, para imponerle a Iván Duque el cumplimiento integral del pacto Santos-Farc y nuevas concesiones.   Quieren aclimatar como algo “normal” los disturbios “estudiantiles”, para que la opinión vea con indiferencia las próximas asonadas sangrientas. Quieren hacer imposible la visita del presidente Trump a Colombia y frustrar el esfuerzo continental contra las dictaduras de Cuba y Venezuela.   Al comenzar su gobierno, Iván Duque se encontró ante un dilema: ¿a qué darle prioridad? ¿A la economía? ¿A la política? Ante esa disyuntiva el presidente escogió la economía. Sus asesores sacaron la teoría de la “olla raspada” (el grave déficit dejado por Santos en las cuentas públicas). Esa crisis es cierta. Sin embargo, tal escogencia fue un error. La prioridad es política. Colombia votó por Duque para que corrigiera el rumbo impuesto por Juan Manuel Santos. La herencia tóxica de ese mandatario va más allá del tema económico.   En 2002, cuando Álvaro Uribe llegó por primera vez a la presidencia, también recibió un país agotado. Andrés Pastrana había tenido que pedir ayuda a Estados Unidos para reparar los estragos dejados en seguridad nacional por su antecesor, Ernesto Samper. La respuesta de Uribe fue política: reconstruir la autoridad del Estado y desbaratar la ofensiva criminal masiva. Las Farc operaban con 18 mil guerrilleros, el Eln con 6.000 y las AUC con 14 mil. Vastas zonas de Colombia, y las principales ciudades, eran prisioneras de esas bandas. “El Estado colombiano tenía que recuperar el control del país”, fue la decisión de Uribe. Él y su ministro del Interior, Fernando Londoño, le explicaron eso al pueblo. Hablaron de sacrificios. El país aplaudió y apoyó: el “impuesto de seguridad” recaudó cerca de USD 800 millones. Uribe afirma esto en sus Memorias: “(…) en los días obscuros e inciertos de finales de 2002 nunca recibí una sola queja sobre [ese] impuesto, una demostración más del espíritu patriótico y solidario de mis conciudadanos”.   Duque no imitó a su mentor político. Escogió, por el contrario, la vía impopular del aumento de impuestos y la de trazar un “plan de desarrollo” de cuatro años, con miras hacia 2030, como hacían los políticos de los años 60. La nueva “hoja de ruta del gobierno”, revelada en octubre, contiene de todo: 12 “bases principales”, 17 “objetivos” y 169 “metas”. Duque dice que ahí han estampado las fórmulas para “superar y enfrentar los problemas y necesidades que tiene el país”. Nada menos. Elaborado por los sabios de Planeación Nacional, ese texto es más bien un mamotreto para satisfacer las exigencias de la OCDE (Organización para Cooperación y Desarrollo Económicos), con sede en París, que no sabe ni le importa lo que ocurre realmente en Colombia.   Esa gestión tecnocrática descansa sobre una caracterización falsa de la coyuntura nacional, y de lo que fue el gobierno de Juan Manuel Santos. Este no solo le hizo concesiones dementes a las FARC en La Habana, sino que puso en marcha una maquinaria de demolición de la democracia. Lo de Santos fue una verdadera cruzada neo bolchevique desde la cúspide del poder, algo nunca visto en Colombia. Esa empresa sediciosa contó con el apoyo de las FARC y de sus aparatos de influencia y, además, obtuvo el respaldo militante y militar de Cuba y de las dictaduras chavistas del continente.   Nunca antes un presidente de la República había deshonrado hasta ese punto su juramento de respetar la Constitución y la ley. Para lograr sus objetivos, Santos desmoralizó y desmovilizó la fuerza pública, propició el renacimiento del narcoterrorismo y el crecimiento de los narcocultivos. Quebró la institucionalidad, sojuzgó el Congreso y las altas esferas del aparato judicial y de los medios. El Estado de Derecho saltó en pedazos al imponerle al bloque de constitucionalidad textos absurdos y liberticidas.   Duque fue elegido para que revirtiera ese desastre. Para que pusiera la casa en orden. Su prioridad sigue siendo política. De nuevo la situación es crítica y el Estado colombiano, como decía Uribe, “tiene que recuperar el control del país”.   Al no encarar con energía la lucha contra la sedición ésta tiene manos libres para proyectar una conocida estrategia: matar y secuestrar en la periferia, crear caos en el centro, para acercar enseguida el terror de masas al centro. Las marchas violentas son el comienzo de ese escenario. Los universitarios deben reflexionar sobre esto e investigar hacia dónde los están llevando. Es hora de que el presidente Duque reaccione con severidad. ¿Con qué equipo? ¿Sin ministros que entiendan en qué país viven? ¿Sin una nueva cúpula militar y policial lúcida y que esté decidida a respaldar a sus combatientes y a mejorar las reglas de enfrentamiento, hoy desuetas y hasta suicidas, y logre cambiar la relación de fuerzas con la violencia organizada?    Por Eduardo Mackenzie @eduardomackenz1 16 de noviembre de 2018