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Estamos en Colombia, único país donde el Estado, acorralado por sus tenaces enemigos reforzados por ocho años de gobierno santista, premia el vicio y pasa a otra cosa diciendo que ha hecho una hábil y ventajosa “negociación”.
Así, tras esa perversa aventura, el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) recibirá de manos del Estado 700.000 millones de pesos. La organización que impulsó y controló cada uno de los pasos del alzamiento armado en el Cauca de estos días, se quedará con la casi totalidad del botín: los otros grupos indígenas solo obtendrán migajas: 63.199 recibirá el CRIDEC, 36.161 el Consejo Regional Indígena del Huila y los restantes 23.789 pesos serán para “los campesinos”, denominación que no se sabe qué contiene.
Muy bien hizo el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez al protestar por ese acuerdo. Uribe estima que “hubiese sido preferible mantener la carretera cerrada por dos años, mejorar y cuidar las vías alternas a ésta que firmar acuerdos con la minga indígena apoyada en el terrorismo”.
Tal apreciación es inatacable. El CRIC estuvo no solo apoyado por el terrorismo, quien envió hombres armados con fusiles y explosivos a las operaciones de bloqueo (1), sino por demagogos corrompidos, como Gustavo Petro, que aceptan convertirse en lacayos de un gobierno enemigo de Colombia.
Da grima ver que ese alzamiento haya terminado con un triunfo espectacular del CRIC. La llamada “minga” indígena (perdonen la redundancia) fue disparada el pasado 10 de marzo por motivos estrictamente subversivos. La dictadura venezolana ordenó tal asonada para que Bogotá redujera su presión contra Maduro y su ayuda al líder opositor Juan Guaidó.
Resultado: el CRIC alebrestó a su gente, fracciones del estudiantado fueron lanzadas por las FARC a la calle. Un joven murió cuando se le estalló el paquete explosivo que llevaba e hirió a cuatro más. Otros viajaron a Holanda para hacer un plantón ante la puerta de la Corte Penal Internacional para difamar al gobierno del presidente Duque por los crímenes que cometen las FARC, el Eln y las otras Bacrim.
Un documento oficial de origen venezolano, hallado por los servicios de inteligencia de Colombia y difundido por la prensa, explicó lo que estaba pasando. “El actual escenario de protestas indígenas de Colombia favorece al gobierno venezolano en la medida que el presidente Iván Duque orientaría toda su atención a la crisis interna colombiana…”, dice ese plan de ataque.
¿Podría alguien sorprenderse de que la minga revolucionaria haya provocado la ira popular? Activistas de la campaña No Más Bloqueos manifestaron en Popayán y llegaron hasta la sede del CRIC. “Si ellos bloquean a Popayán, nosotros bloqueamos a esos indígenas, así de sencillo”, gritaban los inconformes, según un diario de esa capital.
Pero jóvenes fanatizados atacaron a los manifestantes y uno de éstos fue apaleado. La piedra llovió entonces sobre la sede del CRIC hasta que el Esmad y varios militares lograron apaciguar los ánimos. 48 horas más tarde, el CRIC se vio obligado a ponerle fin al bloqueo. Habían comprendido el mensaje: el país no se dejará maltratar sin reaccionar, si el Estado no asume su papel de protector del orden público.
El acuerdo de Mandomo del sábado pasado parece no ser sino una pausa, ya que las FARC quieren que los disturbios continúen. Nancy Patricia Gutiérrez, la ministra colombiana del Interior, parece no ver la realidad. Elevó al rango de “protesta social” los desórdenes y dijo que había que respetar “a los terceros”.
Pero los terceros afectados por la minga fueron los primeros que ella olvidó. En su declaración, no hubo una palabra de compasión para la familia del militar Boris Alexander Benítez Leclerc, muerto de un tiro en el cuello, ni por las otras personas que murieron, ni por el militar que fue secuestrado unas horas, ni por los heridos, ni para la población afectada por el bloqueo.
De la declaración de Gutiérrez se desprende esto: nadie será sancionado por los crímenes y delitos cometidos. En cambio, los promotores de la violencia recibirán enormes sumas de dinero.
Ese arreglo no puso fin a la minga. La advertencia lanzada por Oliverio Lame, el cabecilla del CRIC, es clara: los indígenas van a seguir ocupando la vía en el sitio de El Pital hasta que termine, dice, el “diálogo político” que quieren tener, el martes 9 de abril, fecha simbólica, con el Presidente Duque. “Nos quedamos porque queda el compromiso del gran debate”, remató Lame. “Si el presidente Duque no cumple sus promesas, volveremos”, agregó un activista Nasa.
Lo que quiere Lame es afectar la gobernabilidad de Duque e imponerle, en la fase segunda del levantamiento, una agenda irregular y abusiva. ¿Qué tienen que negociar con Duque, a estas alturas, asociaciones de particulares como el CRIC sobre el “modelo económico” del país o sobre “el plan nacional de desarrollo”, o sobre “los paquetes de leyes” (léase sobre la JEP y otras herencias tóxicas de Santos), o sobre el “respeto de los derechos humanos”?
Nada. Un presidente de la República no puede hacer sino lo que le autoriza el artículo 189 de la Constitución Nacional. El no negocia con particulares. Tal transacción no es de incumbencia del CRIC, ni de las agrupaciones de indígenas. Son temas que el gobierno, en un contexto de promulgación de leyes, discute con el Congreso, donde el sector indígena tiene, además, representantes. Son ellos los que pueden y deben deliberar y tomar iniciativas. Pero no una asociación privada.
Lo que pretende hacer el CRIC con ese tipo de “diálogos” y de movilizaciones violentas, y de reuniones post festum “con el presidente”, es velar por su impunidad, construir poderes paralelos y obligar a Duque a entregar 48 mil nuevas hectáreas de tierra al CRIC, que el Estado nunca prometió y que no puede costear.
El CRIC dirá que extorsionar a los gobiernos de turno es su deporte favorito. Debe llegar un momento en que le alguien les diga: el CRIC no es el vocero de los indígenas, sino un factor de división de los indígenas y las comunidades indígenas no son islas, ni repúblicas dentro de la República.
¿Puede el CRIC tener personería jurídica cuando organiza alzamientos violentos y cuando proclama en sus textos que “el gobierno nacional a través de su agenda legislativa” tiene un “proyecto de muerte y exterminio” de los indígenas de Colombia? Respeten la Constitución señores si quieren que la Nación los respete. ¿Les dirá eso Iván Duque?
(1).-El 21 de marzo, ocho indígenas murieron cuando se les explotó la bomba que habían confeccionado.
@eduardomackenz1