Liquidación del Incoder, otra prueba de improvisación

La decisión de liquidar la entidad y de crear las Agencias Nacional de Tierras y de Desarrollo Rural se quedaron en solo buenas intenciones. En la auditoría al Incoder se establecieron 101 hallazgos administrativos, 7 de ellos con posible connotación fiscal por $867 millones.   La Contraloría General de la República dio a conocer a través de un comunicado de prensa que el proceso de empalme que se lleva a cabo entre el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, y las Agencias Nacional de Tierras y de Desarrollo Rural ha sido deficiente, lo que “genera riesgos para el desarrollo agropecuario del país”.   “El país y el sector agro salen ganando con estos cambios que eran absolutamente necesarios”, dijo en diciembre de 2015 el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural  Aurelio Iragorri Valencia durante la presentación de la transformación institucional dentro de la que estaba incluida dicha liquidación y la creación de las nuevas agencias, algo que por los resultados se ve no estuvo bien estructurada y está siendo víctima de la improvisación y premura con la que se planeó. (Lea: ¿En qué va la transformación de la institucionalidad para el agro?)   Según estableció el organismo de control nacional, se han evidenciado dilaciones en la entrega de información, falta de personal disponible para responder de manera oportuna los requerimientos del organismo de control y ausencia de inventarios actualizados que permitan hacer un empalme organizado.   En su momento, Iragorri Valencia había asegurado que “esperamos que aunque sea con contrato por prestación de servicios nombrar a partir de finales de septiembre y durante el tiempo que falta, una parte de esas personas a nivel territorial y contar con el presupuesto necesario para que el próximo año estén en plena operación (las oficinas regionales) desde el mes de enero”.   Lo anterior tampoco ha sucedido y ya se anuncian nuevos plazos, lo que sigue generando un impacto negativo y un evidente atraso en el sector rural, víctima de decisiones que se toman con el afán mediático y sin tener certeza de lo que se requiere para llevar a cabo las reforman que se adelantan.   A través del comunicado, la Contraloría hizo un llamado a la Procuraduría General de la Nación y al Gobierno Nacional para poner de manifiesto los riesgos que tiene para el desarrollo agropecuario del país un deficiente empalme y transición entre las entidades. (Lea: Ganaderos habían advertido sobre politización e inoperancia de CAR)   “Esto se ha traducido en la gestión del sector, lo que, en concreto, ha aparejado demoras e ineficiencias en las labores que deberían llevarse a cabo en la materia y que, dado el estado de interinidad actual, no han sido asumidas en la forma que tales asuntos merecen. La indefinición está haciendo daño al sector”, concluyó la entidad.   En la auditoría al Incoder se establecieron 101 hallazgos administrativos, 7 de ellos con posible connotación fiscal por $867 millones, 2 con presunto alcance penal y 1 que da lugar a la apertura de una indagación preliminar.   Hasta el momento, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural no ha hecho ningún pronunciamiento sobre el tema, esto a pesar de que los Decretos que rigen esta liquidación fueron firmados en su momento por él, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas; y la directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, Liliana Caballero Durán.