Hay que moverse rápido: la izquierda radical colombiana quiere, a sangre y fuego, bloquear en el Congreso las objeciones que en buena hora hizo el presidente de la República a ese bodrio demoniaco llamado JEP.

El presidente Iván Duque está cambiando la manera de gobernar. Su apuesta continúa en la línea de combatir con argumentos y acuerdos consensuados la malhadada costumbre que exponencialmente llevó al descaro el nefasto gobierno del tartufo Santos, que consistía en comprar conciencias a punta de puestos, contratos y pauta publicitaria.

Faltaba más: un sujeto gris, sinuoso, que, además, es incapaz de mirar a los ojos de su interlocutor, taimado y profundamente llevado por el odio y la rabia como efectivamente es el señor Sergio Jaramillo, quien ha sido uno de los peores enemigos de nuestras gloriosas Fuerzas Militares, es quien ha tomado la vocería del así llamado “santismo” –movimiento que no existe– para cuestionar, con argumentos baladíes y mentiras, al presidente Iván Duque luego de que el primer mandatario anunciara la objeción por inconveniencia de apenas 6 artículos de la ley estatutaria que fija el reglamento interno de la JEP.

La muerte del famoso YouTuber Legarda es tan solo una muestra visible de la compleja situación de violencia e inseguridad que vive Colombia: homicidios, extorsión, secuestros, fleteos y hurtos están a la orden del día. No hay semana en la que dejen de ser asesinados anónimos compatriotas por las balas perdidas del crimen organizado (esto es solo una parte del problema); lamentablemente, sobre esos hechos la información es mínima y no trasciende porque se volvió paisaje y no se trata de personajes reconocidos.

El gobierno del presidente Iván Duque no tiene obligación legal alguna de acatar el protocolo establecido para casos de ruptura de los “diálogos” con los terroristas del ELN: el “acuerdo” fue suscrito entre el fatídico gobierno del tartufo Santos y los bandidos de marras, y no entre el Estado colombiano y esos asesinos, como la “mamertera” pretende hacerlo ver. La política de paz es un asunto de cada gobierno, tal cual lo ha señalado la jurisprudencia; en consecuencia, mal podría obligarse una nueva administración, cuando ni siquiera conocía los detalles que otra, muy distinta, había pactado.

Dos coyunturas históricas recientes destruyeron, a mi juicio, el alma de la colombianidad. La primera de ellas, de la mano del hombre más nefasto que ha parido esta tierra: Pablo Escobar. Gracias a la “explosión” del negocio del narcotráfico bajo la dirección del jefe del cartel de Medellín y los billonarios recursos que esa maldita actividad genera, miles de jóvenes de la época hasta nuestros días alimentaron para sí mismos y para quienes los rodean la falsa idea de que el dinero fácil que produce la droga es la manera adecuada de salir adelante en la vida. ¿De qué sirven el colegio y la universidad, si se puede “traquetear”?

Una carta sin valor probatorio (no está sellada y apostillada como corresponde) ha sido allegada de manera inusitadamente veloz a la Fiscalía General. En ella, supuestamente, alias “el Loco” Barrera dice no haber aportado dinero alguno a las arcas de Gustavo Petro.

La “astucia” del exdelincuente y sus tropas defensoras no evitó que cayeran redondos en lo que la mentira y la desesperación causan en los culpables: hacer flotar más pruebas, en el afán de tapar sus pistas.

Hace ya cerca de 6 meses le pregunté en este mismo espacio al entonces candidato y hoy senador Gustavo Petro, si podía asegurarle a la opinión pública que no había recibido dineros en efectivo que, por su posible ilicitud, hubiese omitido reportar como ingresos y cuya entrega estuviera documentada en video, junto con otros que darían cuenta de algunas de sus retorcidas aficiones personales.

El hecho de que tenga como “contraparte” a la Fiscalía en muchos de los procesos que atiendo en desarrollo de mi labor como defensor no es obstáculo para referirme a la situación que enfrenta el jefe del ente acusador, máxime cuando advierto de entrada una encerrona injusta contra él.