Gustavo Petro y las hordas de energúmenos que dirige no buscan el bienestar de la Nación ni tampoco una educación de mejor calidad; ¡qué va!; pretenden exactamente todo lo contrario: incentivar el caos y la anarquía para a la postre obligar a renunciar al presidente, echándole a este encima gran parte de la opinión pública y atiborrándolo de problemas y marchas que bloqueen la acción estatal, con el fin de hacerlo ver como el gobernante incompetente que claramente Duque no es.

El Estado, representado por el Gobierno de turno y todas sus entidades, debe ejercer la labor de un paterfamilias, aplicando, sin distingos, con decisión y determinación la Constitución y la Ley. Y digo que el Estado debe ser un padre responsable para con sus administrados, porque de la autoridad correctamente impartida devienen la salvaguarda y la preservación de la institucionalidad y la democracia.

Como nunca antes, Colombia asiste a la agudización de la inseguridad en todas sus manifestaciones y facetas. No se trata de un asunto de mera percepción; es la realidad palpable en todos los rincones de la Patria, desde las regiones y los pueblos más apartados hasta las grandes urbes, que contemplan absortas cómo el crimen organizado hace de las suyas y acaba con la tranquilidad de todos los habitantes.

A raíz de mi artículo de la semana pasada sobre la invitación que le hizo la Universidad de Harvard al expresidente Juan Manuel Santos, supuestamente para ser profesor en la Escuela de Gobierno Kennedy de ese prestigioso claustro académico, no he dejado de recibir propuestas sobre las materias que, a juicio de mis lectores y seguidores en las redes, debería dictar el señor Santos.

Se “lagarteó” esa cátedra y se les metió por los ojos a las directivas de ese prestigioso claustro (Escuela Keendy de la U de Harvard); aunque, cuando los alumnos se quejen de la mediocridad inocultable de Santos, de seguro no lo volverán a invitar; pero el daño ya estará hecho.

El presidente Iván Duque está ejecutando una jugada maestra, que, de darle resultado, tendrá la vocación de cambiar para siempre las malas costumbres políticas que tanto daño y perjuicios han causado a nuestra magullada democracia.

Como norma general, me he cuidado de no valerme de mis espacios de opinión para referirme a procesos judiciales en los que intervengo, pues me parece inapropiado mezclar la opinión con el litigio, práctica muy utilizada por ciertos columnistas que precisamente tramitan negocios a través de sus columnas. Este caso es diferente porque está en juego la vida de muchas personas inocentes.

Colombia tiene muchos problemas que la aquejan sin tregua y de forma tan profunda que cada tanto vemos temblar los cimientos de una sociedad acostumbrada a subvertir los valores que deben reglar el orden correcto de las cosas (los seres humanos somos autodestructivos por naturaleza). No solo la corrupción ha carcomido el alma de nuestro pueblo; también lo han hecho –y quizá con mayor impacto– el narcotráfico y el consumo de drogas, que indefectiblemente se deriva de aquel.

En Colombia solemos confundir lo urgente con lo trascendental. Por ello, la lista de prioridades y asignaturas pendientes se trastocan cada tanto, alejando la posibilidad real de lograr las transformaciones profundas que requiere el país, para dejar de ser de una buena vez y para siempre una “república bananera”.

La Consulta Popular “anticorrupción”, que hoy va a las urnas, carece de efectos jurídicos vinculantes. Aun cuando será derrotada debido a que no alcanzará los sufragios requeridos por la ley para que tenga vocación de éxito, vale la pena hacer un somero análisis en derecho de la misma.