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Jaramillo, quien fue, junto a Humberto De la Calle, el arquitecto del acuerdo con las Farc y el instigador de la peor arbitrariedad que se ha cometido en contra de nuestra democracia (el robo descarado del resultado del plebiscito del 2 de octubre de 2016), acusa al presidente de la República de, según él, pasar por encima de la Corte Constitucional. Curioso que lo diga alguien que, como funcionario de Santos, duró años pisoteando la Constitución, menospreciando el veredicto popular, incentivando arbitrariedades como la reducción del umbral para pasar a las malas el plebiscito que de todas maneras perdieron, e implementando mecanismos espurios como el tal “procedimiento abreviado” o Fast Track, que no fue nada distinto que la derogación de facto de la propia Carta Magna, pues la reforma de la misma -que por su trascendencia debe ser compleja- se hizo a pupitrazo limpio, para asegurar la impunidad de los terroristas de las Farc.
No creo en las teorías de la conspiración, las cuales resultan atractivas a las mentes paranoides, pero mucho me temo que el compromiso subrepticio, secreto, entre Santos y las Farc es tan grande que, una vez se conocieron las objeciones a la JEP, sus principales cómplices –como efectivamente lo es el señor Jaramillo–, saltaron, como ratas, a intentar amedrentar al presidente de la República.
Otro que se ha sumado a esta cadena de ataques al gobernante de los colombianos es el procurador Carrillo, el eterno adulador de Santos que en todos los ambientes expresa su anhelo de ser presidente de la República. Me preocupa mucho que la Procuraduría General de la Nación esté en manos de una persona que se atreve a decir que el presidente ha objetado algo que ya es cosa juzgada en materia constitucional, cuando a todas luces la objeción formulada está haciendo referencia a un proyecto de ley.
La Constitución es clara al indicar que un proyecto es ley de la República, únicamente cuando el presidente ha hecho sanción de la misma, y la objeción planteada es muestra suficiente de que el Gobierno nacional, por razones de inconveniencia política, se abstiene de firmar el proyecto hasta que se examinen, por parte del Congreso de la República, las objeciones planteadas a 6 artículos contenidas en la cuestionada ley estatutaria.
Pero los protagonistas de este espectáculo bochornoso no están planteando un debate jurídico. Lo de ellos es un compromiso político con la impunidad de las Farc y, para cumplirlo, no tienen previsto respetar límite alguno.
El presidente de la Cámara de Representantes, el solapado Alejandro Carlos Chacón, que parece un perrito faldero del expresidente César Gaviria, es otro de los que se ha empleado a fondo en la tarea de impedir que el presidente Duque haga uso de sus facultades constitucionales. Con total desconocimiento jurídico, Chacón, que desde ya está cuadrando todo para entorpecer el debate de las objeciones en la Cámara, resolvió solicitar un concepto a la Corte Constitucional.
Asusta la ignorancia oceánica de la que ha hecho exhibición el presidente de la cámara baja de nuestro Congreso: la Corte Constitucional no es un órgano consultivo y, por tanto, no tiene competencia alguna para darle trámite a una solicitud como la hecha por el señor Chacón. Bueno sería que alguien le contara a ese congresista para qué sirve el Consejo de Estado y quién o quiénes pueden elevar consultas ante el mismo.
Y, como siempre, en todos estos “cocinados”, como si fuera la infaltable rama de cilantro, aparece el nombre de Roy Barreras, a quien cualquier adjetivo le queda corto, si de descalificarlo se trata. En esa misma línea de atravesarse como mula muerta, está la “honorable” Corte Constitucional, cuyos miembros hacen gala, sin reatos ni vergüenza alguna, de sus inclinaciones politiqueras y zurdas.
El pulso está planteado: los amigos de las Farc jugados a fondo con la impunidad, y los colombianos que acompañamos al presidente Duque, respaldando su decisión que, bueno es recordarlo, es absolutamente coherente con lo que ofreció como candidato presidencial.
La ñapa I: Lo único bueno del falso proceso de paz de La Habana, es que hizo salir del closet a todos los mamertos. Afortunadamente ya sabemos quiénes son los enemigos de la patria.
La ñapa II: Grande Paloma Valencia. Así se les para el macho a los bandidos: diciéndoles lo que son. Que no quepa duda: los miembros de las Farc son NARCOTERRORISTAS.
La ñapa III: Bien ido Barceló.
La ñapa IV: Paz en la tumba de la mujer que más hizo por el arte en Colombia: la inolvidable y maravillosa Gloria Zea.
Abelardo De La Espriella: Es Abogado, Doctor Honoris Causa en Derecho, Máster en Derecho, Especialista en Derecho Penal y Especialista en Derecho Administrativo. En 2002 fundó la firma, DE LA ESPRIELLA Lawyers Enterprise Consultorías y Servicios Legales Especializados, de la que es su Director General. Es árbitro de la lista A de la Cámara de Comercio de Bogotá. Ha sido apoderado de los procesos jurídicos más importante de la última década. [email protected]