Extorsión y violencia silencian a comunidades y productores de Bolívar

La inseguridad en el departamento de Bolívar ha alcanzado niveles alarmantes, especialmente en el sur del territorio, donde municipios como Montecristo y Tiquisio están siendo fuertemente golpeados por el conflicto entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo. (Lea en CONtexto ganadero: La inseguridad en el campo colombiano: una realidad aplastante)

Los enfrentamientos entre estos dos grupos armados han generado un clima de violencia extrema que, aunque no ha recibido tanta visibilidad como la crisis en el Catatumbo, está causando desplazamiento forzado y confinamiento en varias veredas.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, ha elevado un llamado urgente a las autoridades nacionales para que intervengan ante la crítica situación. “Cero y van cuatro: volvemos a lanzar un SOS por la situación que se presenta en el sur de Bolívar. Como lo habíamos anticipado, comenzamos a tener desplazamientos y confinamientos de cientos de familias por culpa de la guerra entre estructuras criminales que operan en esta zona del departamento”, declaró el mandatario.

A pesar de estas solicitudes, la respuesta estatal sigue siendo insuficiente, y las comunidades y productores continúan sufriendo los estragos del conflicto armado.

Esta situación se ha extendido a todo el departamento, pues mientras en el sur de Bolívar los enfrentamientos entre grupos armados han provocado desplazamientos, en la subregión de Montes de María, conformada por municipios como El Carmen de Bolívar, San Jacinto, Córdoba y Zambrano, la situación de inseguridad se manifiesta de manera diferente.

Aquí, el Clan del Golfo ejerce un dominio basado en la extorsión, el abigeato, el carneo y el secuestro. Aunque no hay enfrentamientos armados en esta zona, el miedo se ha convertido en un factor paralizante para la comunidad, que por temor a represalias evita denunciar las situaciones de violencia y criminalidad que se presentan a diario.

El silencio de la población ha permitido que las acciones criminales del Clan del Golfo continúan impunes, afectando tanto a pequeños productores como a comerciantes locales.

Las extorsiones a ganaderos y agricultores se han convertido en una práctica recurrente, lo que ha generado una disminución en la producción y comercialización de productos básicos en la región.

Ante la falta de una respuesta estatal contundente, la comunidad ha encontrado en los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz un mecanismo de resistencia y apoyo mutuo.

Estos frentes han trabajado activamente en la recuperación de bovinos robados y en la denuncia de hechos delictivos, gracias a la solidaridad y comunicación con las comunidades afectadas. Sin embargo, aunque su labor ha sido efectiva en algunos casos, el problema estructural de la violencia y la inseguridad sigue latente.

En conclusión, la acción de estos frentes demuestra que la organización comunitaria puede generar impacto positivo en la mitigación de delitos como el abigeato y el carneo. No obstante, su alcance es limitado frente a la magnitud de la crisis de seguridad que vive el departamento. (Lea en CONtexto ganadero: ¿Por qué se perpetúa la inseguridad y la impunidad en el sector rural?)