Cundinamarca evidencia sus dificultades en plantas de beneficio

En el departamento recientemente fueron cerrados 12 mataderos municipales, hecho que despertó las alarmas de la población ante el incremento del faenado clandestino. Lo de esa zona se une a lo ya denunciado por CONtexto ganadero en regiones como Santander.   La escasa preparación de los departamentos para implementar el Decreto 1500 de 2007 se hace cada vez más notoria. Muchos se dejaron ‘coger la noche’ como dice el adagio popular, mientras que aquellos mataderos que no hacían parte del plan de racionalización siguen siendo clausurados sin que haya un plan de contigencia. (Lea: Quindío trabaja para combatir el sacrificio clandestino)   CONtexto ganadero ha evidenciado las dificultades que se viven en varios departamentos del país por cuenta de la clausura de las plantas de sacrificio, sin embargo, El Espectador y Caracol Radio dieron a conocer lo que viene ocurriendo en Cundinamarca.    En diálogo con El Espectador, según Érika Sabogal, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del departamento, indicó que los mataderos clandestinos en esta zona del país han aumentado debido al cierre de mataderos autorizados, por falta del cumplimiento total de las normas expedidas por el Estado, en términos sanitarios, ambientales y estructurales como lo indica la última norma expedida en 2016.    Agregó que el cierre de los mataderos no es una solución sino un problema porque impulsa la creación de mataderos clandestinos en las veredas de los municipios, situación que es muy difícil de controlar por parte de las autoridades, así lo advirtió. (Lea: Antioquia sigue su lucha contra el sacrificio clandestino)   “Inicialmente, en el departamento de Cundinamarca se contaba con 49 plantas para el sacrificio de animales, pero hoy solo hay 31 funcionando. Ahora tenemos una gran preocupación por estas que están operando, porque el 70 % de ellas están en riesgo de ser cerradas, por no contar con el presupuesto para actualizarse según la norma”, agregó en su entrevista con dicho medio.   En tanto, Libardo Muñoz, alcalde de San Bernardo y en su conversación con Caracol Radio, advirtió que antes del cierre del matadero que operaba en el municipio, allí se faenaban 350 cabezas de ganado al mes, por lo que al tener clausurado dicho recinto, ya hay efectos en la economía de al menos 4 poblaciones aledañas.   "Quienes pagan los platos rotos son los consumidores porque la libra de carne tuvo un incremento entre $800 y $1.000. Y desafortunadamente tenemos este problema mientras el INVIMA estudie los documentos exigidos", dijo el mandatario local. (Lea: Preocupa incremento del sacrificio clandestino en el Valle)   Por su parte, Milton Barbosa, alcalde de Fosca, indicó durante su diálogo con dicha emisora, que las modificaciones a este matadero cuestan $600 millones y el municipio solo cuenta con un presupuesto de $130 millones al año.   "Se está corriendo el riesgo que la gente vuelva a matar en los potreros, que se incremente el abigeato, de que el tema ambiental se ve a afectado. Nadie puede controlar la clandestinidad del sacrificio animal y la Fiscalía empezará a requerir a que los que maten ganado en el área rural", manifestó Barbosa.   Esa misma situación se está viviendo en otros departamentos como Santander, en donde le piden al Gobierno Nacional ayudas para sacar adelante la normatividad exigida por las autoridades sanitarias y ambientales. (Lea: Risaralda le pone el ojo al sacrificio clandestino)