Con el Acuerdo de Escazú la última instancia es la CIDH

A través de un video, la senadora por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, alerta nuevamente sobre los riesgos que generaría para Colombia suscribir el tratado. Francisco Tudela, excanciller de Perú y profesor de Harvard, sostuvo en el video que la última instancia es la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este miércoles hay debate en la Cámara y el Senado al respecto.

El ‘Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe’, como se le denomina al Acuerdo de Escazú, sigue generando dudas y preocupaciones en un sector de la política colombiana. (Lea: El alcance del Acuerdo de Escazú)

A través de un video en su canal de Youtube, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, volvió a alertar al país sobre los riesgos que generaría para Colombia adherirse y suscribir el tratado.

De acuerdo con Cabal, el verdadero problema del Acuerdo es que al ser un tratado de derechos ambientales o ‘democracia ambiental’, inmediatamente cualquier acción que se crea y se considere que pueda dañar el medio ambiente, activa toda la jurisdicción internacional, es decir, tienen competencia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia.

Agregó que “todo es parte de la propaganda ambientalista, que quiere someter el desarrollo del país a la decisión de terceros, como es el caso de ONG, multinacionales globalistas. Es tan cierta la amenaza del control global, que muchas multinacionales operan como fachada de organizaciones de derechos humanos y operan de ONG’s, que los primeros que se manifestaron en contra del Acuerdo de Escazú fueron los 6 gobernadores de la comunidad amazónica del Perú”. (Lea: El veneno escondido en el Acuerdo de Escazú contra Colombia)

La senadora mostró el testimonio de Víctor Pavón, abogado, economista y docente universitario de Paraguay, quien indicó que en caso de aprobar el Acuerdo, la constitución paraguaya queda vulnerada y violada en cuanto se refiere a autoridad competente, principio precautorio, la trazabilidad y sobre todas las cosas, la propiedad privada y el medio ambiente.

“No es que uno esté en contra del medio ambiente, nosotros queremos que haya calidad en materia ambiental, pero este documento es el primero en el mundo que innova a nivel legislativo uniendo derecho ambiental y humanos; eso conlleva a un estatuto precautelar que les va a permitir a terceros fungir con más competencias que las mismas autoridades de los países.

En el mismo video, Francisco Tudela, excanciller de Perú y profesor de Harvard, sostuvo que el Acuerdo de Escazú, como es un tratado de derechos humanos, su destino final y verdadera última instancia es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (Lea: Consejo Gremial pide al Congreso no ratificar el Acuerdo de Escazú)

“La materia de ese tratado y el acceso a la justicia y la participación de público en asuntos medioambientales y el acceso de información, son derechos humanos, pero el tratado los une a la gestión del territorio y quien va a decidir sobre esa demanda de la gestión del territorio como derecho humano, si el tratado se aprueba, no son las autoridades nacionales, sino la Corte IDH”, concuyó.

Vea todo el video de María Fernanda Cabal a continuación.