Traduje el corto texto que sigue el cual fue publicado hace unos días en una revista francesa conservadora pues lo que éste aconseja sobre la actitud que debe tener el Estado francés, cuando la fuerza pública debe hacerle frente a manifestaciones violentas, coincide con lo que los colombianos discutimos hoy sobre este mismo tema: la policía y la fuerza pública en general deben responder y contrarrestar la acción de los vándalos de manera proporcional,…

Las cartas están sobre la mesa. La nueva amenaza ha llegado a todos. Las principales ciudades de Colombia, con su población, sus aparatos educativos, productivos, religiosos, deportivos, serán objeto, desde el próximo 20 de julio, de nuevas “manifestaciones de protesta”. ¿Y de nuevas destrucciones? ¿Durarán éstas días y meses?

A quienes les molesta ver cómo Colombia ha perdido su autonomía constitucional y vive dependiendo, sumergida y hasta regañada por lo que le dictan comisiones y tribunales extranjeros, pretendidamente defensores “de derechos humanos”, invocando legislaciones “interamericanas” que ningún colombiano ha votado, esta noticia puede ser interesante.

Con fingida inocencia, tres jóvenes politólogos de Bogotá estiman, en un artículo que circula en las redes sociales desde este 21 de junio (1), que la Inspección General de la Policía y la Fiscalía General de la Nación no pueden investigar ni dar informe alguno sobre lo ocurrido en estos 50 días de huelga insurreccional en Colombia.

Ingrid Betancourt hizo, de nuevo, una breve aparición en Bogotá para hacer declaraciones políticas y doblar la rodilla, una vez más, ante los extraños rituales del violento mamertismo colombiano.

¿Cuándo va a cesar el desmonte de la fuerza pública? ¿Hasta cuándo tendrá que pagar Colombia por las aberrantes doctrinas que dominan las mentes de los gobernantes de turno?

Se habla mucho en estos días del “derecho a la protesta social”. Algunos observadores estiman que ese “derecho” lo están “vulnerando los bandidos”, es decir los vándalos y encapuchados que salen cuando los miembros del nefasto “comité del paro cívico” les dan la orden de ir a destruir las ciudades.

No hay unanimidad sobre la cifra de muertos que han dejado las “manifestaciones y protestas pacíficas” de los últimos 15 días en Colombia. Tampoco hay una cifra oficial al respecto. La prensa escrita, las agencias de prensa y las redes sociales proponen cifras diferentes y algunas veces erradas y sin soporte alguno.

Colombia vive horas dramáticas. No por un gran desastre natural, ni por un auge feroz de la pandemia del Covid, sino por una ofensiva relámpago que pocos habían previsto de fuerzas irregulares movidas y dirigidas por la narco-subversión.

Si los vándalos son tan brutales no es porque sean valientes, son violentos porque saben que no serán sancionados.